“Un estado donde quede impune la insolencia y la libertad de hacerlo todo, termina por hundirse en el abismo”
Sófocles
El secuestro y asesinato de Fernando Martí Haik ha logrado unir nuevamente a la sociedad civil para hacer un frente común contra el combate al secuestro, delito que se ha visto incrementado respecto al año anterior.
México encabeza la lista de países donde se registra un mayor número de secuestros, mientras el DF es la zona urbana más insegura, aun por encima de ciudades en las que impera la violencia motivada por el narcotráfico, cuenta con una incidencia delictiva de 24,878 delitos por cada 100,000 habitantes.
Michael Hammer y James Champy acuñaron el término reingeniería, que aplicado al derecho penal sugiere que éste ha dejado de hacer o producir aquello para lo que ha sido fundado, implicando, de ser necesario, volver a sus orígenes, comenzando de cero.
Este es el momento de redescubrir el derecho penal, sabiendo que nos enfrentamos a problemas para cuya solución no hay antecedentes. Las conductas delictivas aumentan constantemente, adoptando expresiones nunca antes vistas; cuando preguntamos, ¿en dónde está el problema?, la izquierda se lo atribuye a la pobreza y a la desigualdad, mientras que la derecha señala que es por que no se cumple la Ley, por la impunidad, porque son necesarios más policías y prisiones.
Debemos volver la vista a la prevención y a un proceso de reingeniería del derecho penal, que puede llevar las siguientes vertientes:
1. Despenalización de las conductas menos graves, el enorme rezago en los juzgados penales y la sobrepoblación carcelaria hacen fundamental que el Estado concentre su esfuerzo en la prevención y persecución de las conductas más dañinas para la sociedad; nuestros legisladores deben depurar el catálogo de delitos, recontextualizando las conductas calificadas como graves y analizar la lista de aquellas que se persiguen por querella.
2. Explorar las penas alternativas, nuestra sociedad se ha preocupado poco por implementar una estructura que plantee y vigile el cumplimiento de éstas, como: arreglar escuelas, bachear o barrer calles, cuidar ancianos, pintar hospitales, etc. La readaptación social en México es disfuncional, busquemos más un arraigo domiciliario que un encierro en prisión en donde no existe la mínima posibilidad de readaptación.
3. Facilitar la conciliación y reparación del daño entre particulares, el derecho penal es dogmático, parte de la noción de que el delincuente no sólo daña a la víctima, sino también a la sociedad, por lo que el delincuente debe ser castigado de manera incondicional. En un número considerable de delitos patrimoniales la víctima lo que requiere es recuperar lo perdido, no está interesado en que el responsable vaya a la cárcel.
El derecho penal moderno debe contemplar los medios alternativos: aquellos procedimientos mediante los cuales los individuos puedan resolver sus controversias, sin la intervención formal de los órganos jurisdiccionales.
4. Democratización del derecho penal, una sociedad crecientemente participativa, crítica e informada reclama ¿el cómo? y ¿por qué? de las nuevas leyes. En la medida en que una sociedad se siente copartícipe de la creación del derecho que la rige, interviene con más responsabilidad en su aplicación; es difícil pensar en un derecho penal que no tenga la fuerza de la sociedad. Nuestra democracia debe rebasar los tiempos electorales y extenderse a la ciudadanización de las instituciones penales.
Un Estado democrático no sólo espera que sus ciudadanos acudan a votar, promueve que participen activamente en la toma de decisiones, es una forma de democratizar el derecho penal. Este es el momento de participar todos, sociedad y Gobierno, en la reingeniería de nuestras instituciones penales, porque un Estado donde la justicia es selectiva, donde los secuestradores cuentan con la gracia de la impunidad, es un Estado que languidece ante el delito y deja de cumplir su misión histórica.
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