“Nadie recordaría al buen samaritano si sólo hubiera tenido buenas intenciones. También
tenía dinero”.
Margaret Thatcher
Es un lugar común que los políticos y tratadistas afirmen que la justificación y prioridad del Estado es garantizar la seguridad de los gobernados. Un Gobierno puede realizar muchas tareas, como subsidiar a empresas y a artistas o mantener a partidos políticos, pero ninguna de ellas tiene mucho sentido si no ha podido cumplir con su responsabilidad fundamental. El problema es que las cifras del gasto revelan que el Gobierno mexicano simplemente no le está dando la suficiente importancia a lo que debería ser su prioridad.
En este 2008 el Gobierno Federal está ejerciendo un presupuesto de gasto de 2 billones 569 mil millones de pesos o 250 mil millones de dólares. No es una cifra sin importancia. Estamos hablando de 23 mil pesos por cada hombre, mujer y niño de este país.
¿Cuánto piensa usted que este Gobierno Federal le está dedicando a lo que debería ser su principal responsabilidad: la seguridad pública y la procuración de justicia? ¿Un 50, un 20 o un 10 por ciento del gasto total? ¿O acaso considera usted que estas cifras son demasiado pequeñas? La verdad es que los montos son mucho menores.
La Procuraduría General de la República, la PGR, recibió para este 2008 un presupuesto de 9,028 millones de pesos. Estamos hablando de un 0.3 por ciento del gasto que ejercerá el Gobierno Federal en el año. La Secretaría de Seguridad Pública, a su vez, tiene presupuestado un monto mayor, de 18,890 millones de pesos, lo cual es 0.7 por ciento del presupuesto total. Aun sumando ambas cantidades, el Gobierno le está dedicando apenas el 1 por ciento de su gasto a lo que se supone debería ser su prioridad número uno.
Pero ahí no queda todo el problema. Un funcionario de la PGR me señalaba hace algunos meses que una parte muy importante del gasto de la institución, alrededor de un 60 por ciento, se dedica al combate de los llamados delitos contra la salud. Éstos son crímenes sin víctima. Puede ser muy negativo que una persona aspire, fume o se inyecte una sustancia que la sociedad considera inadecuada o que sea incluso dañina para su salud, pero con esto sólo se hace daño a sí misma. Su conducta no tiene víctimas.
Hay muchos especialistas que consideran, de hecho, que el Estado no tiene por qué dedicar recursos para impedir que las personas hagan cosas que sólo las dañan a ellas. Su función debe restringirse simplemente a impedir conductas que afecten los derechos de terceros. Pero si estimamos el enorme monto de dinero que el Gobierno Federal encauza a combatir los delitos contra la salud, lo importante es que queda mucho menos disponible para atacar los crímenes que realmente tienen víctimas, como el robo, el homicidio o el secuestro.
No soy de los que piensan que los problemas graves de la sociedad se puedan resolver simplemente arrojándoles dinero. En los últimos años, de hecho, los presupuestos que el Gobierno Federal ha dedicado a la seguridad pública y a la procuración de justicia han aumentado de manera muy importante. Sin embargo, me dice Arturo Arango, investigador del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, el ICESI, los índices de delitos se han mantenido estables. Aumentar los presupuestos de la PGR y de la Secretaría de Seguridad Pública no resolverá, pues, en automático el problema de la inseguridad. Pero no podemos cerrar los ojos a la pobreza de recursos con los que la Policía y los ministerios públicos están teniendo que cumplir con sus responsabilidades.
En este 2008 el Instituto Federal Electoral y los partidos políticos recibieron luz verde para gastar 7,967 millones de pesos. El IFE ha conseguido ya dos ampliaciones presupuestarias desde entonces, las cuales suman un monto superior a los 600 millones de pesos. En 2009, que será un año electoral, el IFE está pidiendo un presupuesto de más de 12 mil millones de pesos, buena parte del cual se irá al sostenimiento de los partidos políticos.
Quizá mantener a los partidos políticos sea una responsabilidad muy importante del Estado. No lo sé. Lo que sí sé es que la mayoría de los mexicanos la rechazaríamos si se nos preguntara, por eso precisamente nadie nos pregunta. Sin embargo, esa responsabilidad o cualquier otra palidece ante la fundamental de protegernos de la delincuencia y buscar justicia cuando somos víctimas de un delito. ¿Qué podemos esperar, sin embargo, de un Gobierno que sólo dedica el 1 por ciento de su gasto anual a cumplir con lo que debería ser su responsabilidad principal.
MAESTROS DE MORELOS
La exigencia de los maestros de escuelas públicas de Morelos de que sus plazas sean consideradas como su propiedad privada, incluso para vender o heredar si así lo quieren, es por supuesto inaceptable para la sociedad. Pero igualmente intolerable es que se deje sin escuela de manera indefinida a los niños de la entidad. La Secretaría de Educación Pública y el estado de Morelos deben comenzar a contratar nuevos maestros, que acepten dar clases bajo nuevas condiciones y que reconozcan que los cargos públicos no pueden ser privatizados para beneficio de ninguna persona o sindicato. No es justo, como tantas veces se ha hecho ya en Oaxaca, que sean los alumnos de escuelas públicas los que tengan que cargar con todo el peso de los chantajes que los sindicatos corruptos le hacen a la sociedad.
