LA EJECUCIÓN DE ÉGDAR MILLÁN, comisionado general de la Policía Federal, nos alerta del poder paralelo que ha alcanzado el crimen organizado frente al Estado. Si alguien tenía duda de la guerra que actualmente vive el país, las muertes ocurridas la semana pasada nos ubican en la verdadera dimensión del problema.
Tan sólo en la última semana la violencia relacionada con el narcotráfico arrojó un saldo de más de cien ejecuciones. Las más impactantes, mediáticamente hablando, la de Édgar Guzmán, hijo del famoso “Chapo”, líder del Cártel de Sinaloa, así como la de Arturo Meza Cázares, hijo de Blanca Margarita Cázares Salazar, “La Emperatriz”, presunta operadora financiera de Ismael “El Mayo” Zambada.
La muerte de ambos se registró en el mismo tiroteo ocurrido en Sinaloa a las afueras de un centro comercial. Los estados donde mayor violencia se registró fueron Sinaloa, Guerrero y Chihuahua, donde se reportaron más de 74 asesinatos, entre ellos 21 policías.
La semana fue negra para la Policía Federal, ya que además de la baja de Millán, también fueron asesinados Roberto Velasco Martínez, inspector adscrito a la Tercera Sección del Estado Mayor y José Aristeo Gómez Martínez, director de asuntos administrativos del Estado Mayor de la PF. Otros seis agentes federales fueron ejecutados en enfrentamientos en Sinaloa y Morelos.
Ante la ola de violencia el presidente, Felipe Calderón, llamó a todos los mexicanos a apoyarlo para “poder enfrentar y derrotar juntos al crimen organizado en el país”. La convocatoria debe ser escuchada, desde sus diferentes trincheras la población debe contribuir para recuperar la paz del país. Sin embargo, la convocatoria carecerá de eco mientras el Gobierno de Calderón no se preocupe por eliminar las prácticas de corrupción para así recuperar la credibilidad en la clase política ya que la confianza en las autoridades traerá como consecuencia que la gente se sume al llamado del presidente.
