Hoy comenzará, y quizá concluya en no más de cuarenta y ocho horas, el periodo de sesiones extraordinarias a que convocó la Comisión Permanente del Congreso, para desahogar asuntos pendientes que no es debido aplazar hasta septiembre y otros que están acordados previamente y serán aprobados sin dificultad. De hecho, el senador Manlio Fabio Beltrones definió el temario augurando que sólo serán abordados temas donde ya se ha obtenido consensos. Eso significa que ya los hay también respecto de la elección de tres consejeros del Instituto Federal Electoral, que deberá ser resuelta por la Junta de Coordinación Política antes de su presentación al pleno.
La convocatoria misma requirió acuerdo de las bancadas. El proceso se originó con la propuesta del líder de los diputados de Acción Nacional, Héctor Larios, presentada el 14 de mayo, que incluía cuatro temas, dos de ellos sustantivos (legislación destinada a completar la reforma constitucional en materia electoral, y reforma al artículo 3º constitucional) y dos más de importancia sólo para el Congreso (situación jurídica de sus inmuebles y protesta de diputados suplentes o retorno de los que pidieron licencia)).
En la sesión del martes 17 de la Junta de Coordinación Política del Senado, los grupos del Frente Amplio Progresista buscaron sin éxito incluir dos asuntos que no recibieron apoyo del resto de los partidos. Propusieron legislar en general sobre democracia participativa y en particular sobre la consulta relativa a la reforma petrolera, que de todos modos, sin carácter vinculatorio y con alcance limitado realizarán gobiernos estatales y municipales de los partidos integrantes del FAP, así como grupos de la sociedad civil.
A la postre, los temas propuestos por Larios se agregaron, amén de otros puntos de menor relevancia, cinco reformas constitucionales, cuatro de ellas de gran trascendencia porque afectan la relación entre los poderes Legislativo y Ejecutivo y son enunciadas de la siguiente manera en la convocatoria: regular el formato del informe presidencial a partir del principio de rendición de cuentas; regular la promulgación de las leyes y decretos del Congreso; establecer la figura de iniciativa preferente para el Ejecutivo Federal; y establecer una nueva reglamentación respecto de los permisos del Congreso de la Unión para autorizar que el Ejecutivo Federal se ausente del territorio nacional. (La quinta reforma constitucional consiste en eliminar los permisos y autorizaciones del Congreso para recepción y uso de condecoraciones y prestar servicios oficiales a gobiernos extranjeros. Se refiere a un trámite tedioso, e innecesario en nuestra época, que ocupa buena parte de las sesiones ordinarias del Congreso).
Se incluyó también, como último tema, la “designación de los tres (así con artículo determinado) consejeros al Consejo General del Instituto federal electoral”. Puesto que esos integrantes del órgano electoral rendirán protesta el 16 de agosto, desahogar ahora el tema supone que no hay la intención de citar a un nuevo periodo de sesiones extraordinarias antes de esa fecha. Acción Nacional pretende que lo haya para dictaminar y aprobar las iniciativas de reforma petrolera que ahora se discuten socialmente. Pero el PRI, para subrayar aun de ese modo el papel rector de las actividades legislativas que ha asumido su fracción senatorial, hará que aquel trascendente asunto sea parte del periodo de sesiones ordinarias que comenzará el primero de septiembre. Coincidirá así con la pretensión inicial de los partidos del FAP y del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo encabezado por Andrés Manuel López Obrador
De esos asuntos dos son los más apremiantes, porque conciernen a fechas fijas, establecidas en calendarios constitucionales. Uno es el relativo al formato del informe presidencial, que debe estar acordado antes de la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, el primero de septiembre. Y el otro es el que concierne a la legislación electoral, cuya promulgación está sujeta a un término que vence el tres de julio.
Como consecuencia de la reforma constitucional en materia de elecciones es necesario emitir nuevos ordenamientos, como ya se hizo al ser aprobado el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Pero hay otras disposiciones, directa o indirectamente relacionadas con esa materia, que es preciso adecuar. Se trata de la ley general del sistema de medios de impugnación en materia electoral, la ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la ley federal de Radio y Televisión, la de instituciones de crédito y el Código Fiscal de la Federación. En algunos casos son enmiendas o adiciones minúsculas, pero necesarias. Y es preciso acometerlas a plazo fijo, por su relación con el proceso electoral del año próximo.
En efecto, ese proceso electoral cuyo acto central es el día de los comicios, el primer domingo de julio de 2009, comienza el primero de octubre. Pero las normales legales que lo rijan deben quedar establecidas a más tardar (según dispone el artículo 105 de la Constitución, fracción II, inciso g), tercer párrafo) por lo menos noventa días antes del comienzo del proceso electoral correspondiente. En este caso ese término comienza el tres de julio.
Esta disposición fue obtenida por la Oposición al régimen priista para evitar modificaciones unilaterales a las reglas del juego electoral en la víspera misma de la jornada comicial, en perjuicio de los contendientes débiles.
