Nueva York.- En el cuerpo nace y muere la vida. El cuerpo que se convierte en la insoportable levedad del ser, pero también en el pesado objeto del deseo. El cuerpo de quien lo vende para vivir o el de quien vive para venderlo. El cuerpo al que el Estado insiste en invadir al regular las fronteras de lo que podemos hacer con él y lo que no. El cuerpo del otro que creemos conocerlo todo y que en un momento se derrumba en la mentira. El cuerpo en el que confiamos todo y que nos remueve en la traición.
El todavía gobernador de Nueva York, Eliot Spitzer, es hoy la representación del delito carnal. Un exitoso abogado que basó su ascenso en la política estatal neoyorquina en la lucha contra el crimen de cuello blanco, en la defensa de los trabajadores inmigrantes y en la imagen de rectitud al desmantelar varias redes de prostitución en el estado, hoy se ha convertido en el villano favorito, en un “Góber precioso” a la gringa.
Si bien la caída de Spitzer obedece al hecho de que violó al menos dos leyes estatales y una federal al contratar los servicios de una sexoservidora de élite, llamada Ashley Alexandra Dupré, lo cierto es que en la discusión pública lo que parece resaltar es el hecho de que Spitzer se acostó con una prostituta. En la página Web del New York Times los más de 1,100 comentarios de los lectores reflejaban más una actitud de indignación respecto a la “moral” del gobernador que el hecho de que hubiese violado la Ley.
En Estados Unidos sólo en los estados de Nevada y Rhode Island la prostitución es legal. En los demás es un crimen menor, pero que puede llegar a tener sanciones de hasta un mes de cárcel y multas variadas, dependiendo del estado. Sin embargo, una Ley federal de 1910 penaliza el tráfico entre estados de personas con fines “inmorales”, el sexoservicio incluido en esta categoría por una decisión de la Suprema Corte de Justicia.
En el debate público, en los medios de comunicación y en los pasillos de la academia neoyorquina, sólo se habla sobre el futuro del estado y sobre los detalles morbosos del affaire Spitzer. Hasta el momento el asunto no se ha traducido en una discusión amplia sobre si la prostitución debe ser despenalizada o legalizada. Sólo el columnista Nicholas Kristof se refiere al tema en su columna del jueves del New York Times.
Kristof se remite a la experiencia de algunos países europeos que han despenalizado o legalizado la prostitución y sobre cómo no han logrado detener la explotación sexual, el uso de infantes en la industria del sexo y la violencia contra las sexoservidoras. Sin embargo, el analista no explora la idea sobre el derecho de cualquier adulto a decidir voluntariamente vender favores sexuales. Mucho menos indica si, insisto, los “adultos que voluntariamente deciden ser sexoservidores” deben o no ser protegidos por leyes laborales como cualquier otra persona que labora legalmente en Estados Unidos.
Kristof tampoco explora la reducción en la incidencia de casos de VIH-Sida en Tailandia debido a la intervención de Gobierno tailandés y de varias Organizaciones No Gubernamentales en campañas de uso del condón en los prostíbulos.
En los años setenta una organización llamada Coyote empezó a abogar por los derechos de las sexoservidoras en Estados Unidos. Su objetivo principal era atacar el estigma que enfrentan los adultos que se dedican a la prostitución por voluntad propia, así como lograr derechos laborales y terminar con la explotación que sufren por parte de clientes, clientas y de proxenetas y madames. El movimiento feminista de la época se dividió en torno a apoyar a esta organización y al final no se ha despenalizado el sexoservicio a nivel federal, pese a que Estados Unidos tiene la industria sexual más grande del mundo y a que algunas estadísticas mencionan que casi 700 mil personas trabajan en la industria del sexo.
Las y los sexoservidoras realizan su labor en la clandestinidad y bajo la ausencia de toda protección legal en todas partes donde no se ha despenalizado o legalizado el comercio sexual. Sin duda la explotación sexual de menores y la prostitución forzada de adultos tienen que ser severamente castigadas, pero para el sector de los adultos que se dedican a la prostitución por voluntad propia debería haber algún marco legal que les otorgue derechos y protecciones de las que carecen hoy.
Politólogo e Internacionalista
Comentarios:
genarolozano@gmail.com
