Ante la ausencia de recursos en la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para concretar el proyecto de regresar el río Nazas a su cauce por la zona conurbada de La Laguna, corresponderá a las autoridades estatales y municipales el conseguir el dinero para un estudio de factibilidad.
Aunque la propuesta forma parte del plan de Conagua para el Distrito de Riego 017 presentado hace cuatro años, el director de Cuencas Centrales del Norte de Conagua, Óscar Gutiérrez Santana, admitió que la dependencia no cuenta con el dinero para iniciar los estudios y el plan no está contemplado en el presupuesto de Conagua.
La propuesta ha sido discutida con autoridades municipales, pues Conagua contempla cerrar los canales de riego que cruzan zonas urbanas al convertirse en un problema de saneamiento y manejo del agua de riego, pero el proyecto también es visto como una forma de recargar el acuífero y mejorar la imagen urbana en las márgenes del río.
Hasta ahora, la propuesta no ha sido presentada a los gobiernos de Coahuila y Durango, cuyos gobernadores podrían gestionar los recursos directamente en las oficinas centrales de la Conagua a nivel nacional.
Los alcaldes de Torreón, Gómez Palacio y Lerdo sólo han elogiado la propuesta, pero no se comprometieron a hacer gestiones.
“Se tendría que recurrir a la voluntad de los estados de apoyar este tipo de proyectos y que tendría que definirse la mezcla de participaciones como se hace en la mayor parte de los programas en donde hay recursos federales, donde se manifiesta el interés por parte de ambos estados”, dijo Gutiérrez Santana.
El plan establece eliminar la represa San Fernando, en Lerdo, para que el agua fluya por el río Nazas hasta una nueva represa en La Concha, que la distribuiría a los canales de riego.
Pero la dependencia no puede presentar esta propuesta a las oficinas centrales hasta contar con un proyecto definido con base en estudios de factibilidad que valoren el costo y los beneficios.
El estudio técnico costaría entre cuatro y cinco millones de pesos, pero de aquí se derivarían inversiones en infraestructura que implican obras que requieren de la participación de recursos de los propios estados.
“Estos estudios deben ser integrados por un requisito que establece el Gobierno Federal a través de Hacienda, que mediante este estudio de factibilidad técnica, económica y ambiental tenga la información suficiente para poder asegurar que es rentable en estos aspectos”, dijo Gutiérrez Santana.
