La controversia por la instalación de cámaras de video en los tribunales federales ya llegó hasta la Suprema Corte de Justicia.
Tres ministros solicitaron ejercer una facultad prevista en la Constitución, que le permite al máximo tribunal revisar los acuerdos administrativos que dicta el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
Las cámaras y aparatos de grabación en DVD fueron instaladas desde principios de año en las salas de sesiones de los 182 tribunales colegiados de circuito, los más importantes del país después de la Corte, a un costo de 68 mil pesos por cada equipo.
Pero esta inversión de 12.3 millones de pesos generó una ola de oposición entre los magistrados de circuito, quienes alegan que el CJF podría usar las cámaras para “monitorear” las sesiones y violar con ello la autonomía e independencia de los juzgadores.
Los tribunales colegiados, cada uno con tres magistrados, siempre han deliberado en privado.
Otra objeción es por la posible difusión pública de las sesiones una vez grabadas, ya sea en el Canal Judicial o a solicitud de particulares, pues la Ley de Amparo establece en su artículo 184 que las resoluciones se adoptarán “sin discusión pública”.
El CJF no ha emitido un acuerdo general para regular el tema. Sólo tiene varios proyectos, así como un borrador para manual de operación, y el único documento oficial es la circular 4/2008, que se giró a los tribunales para avisarles de la instalación, sin ningún lineamiento sobre grabación o difusión.
Ante el cúmulo de dudas, los ministros José Ramón Cossío, Juan Silva Meza y José de Jesús Gudiño solicitaron a la Corte ejercer la facultad que le otorga el artículo 100 de la Constitución, para revisar el asunto y, en su caso, indicar al CJF cómo deberá operar el sistema.
El pasado 27 de agosto, representantes del CJF presentaron por escrito sus observaciones al ministro Mariano Azuela, encargado del proceso.
“Nunca ha existido la intención ni la posibilidad técnica de monitorear las sesiones”, afirmó Luis María Aguilar, consejero de la Judicatura.
Explicó que sería técnicamente imposible mantener un monitoreo constante en tiempo real sobre 182 tribunales que sesionan una vez a la semana, durante varias horas y a veces varios días.
El pasado 25 de marzo, la Comisión Nacional de Ética Judicial consideró que grabar las sesiones no violaría los principios de autonomía e independencia, pero señaló que no había claridad sobre las finalidades del proyecto.
Jorge Pallares, representante de los magistrados de circuito en la comisión, fue el único que votó en contra, alegando que la grabación hará que “se pierdan la libertad y espontaneidad” con que se desarrollan las sesiones.
El diputado priista Carlos Chaurand presentó el 15 de abril una iniciativa de reforma para difundir las sesiones de los tribunales colegiados.
“Al juzgador se le convertiría en juzgado, porque al hacer público su trabajo, también se haría público su desempeño, su honestidad como profesionista del derecho, su excelencia como impartidor de justicia y todos aquellos atributos que los mexicanos tenemos derecho a verificar”, dice la iniciativa.
