Acciones Gobernación implementará cinco acciones en la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos y el INM. Todos los funcionarios del INM presentarán a exámenes de control y confianza en instalaciones de la Policía Federal. La separación definitiva del delegado regional en Quintana Roo y el subdelegado en Chetumal del INM. Todos los traslados de las personas serán custodiados por la Policía Federal. Someterán a exámenes de control de confianza a los conductores que trasladen a migrantes y las unidades de transporte tendrán equipo GPS. Construirán una estación migratoria especializada en atender los flujos migratorios provenientes del Caribe.
Construirán nueva estación migratoria para atender a indocumentados provenientes del Caribe.
El Gobierno Federal someterá a todo el personal del Instituto Nacional de Migración (INM) a exámenes de confianza, a partir del escándalo que desató que un grupo armado le arrebatara cubanos indocumentados, anunció Juan Camilo Mouriño, secretario de Gobernación.
Además, anunció la construcción de una nueva estación migratoria, para atender a los indocumentados provenientes del Caribe y el cese de delegados del INM en Quintana Roo.
Brevemente, la titular del INM, Cecilia Romero Castillo, dijo que los exámenes de confianza incluirán “todas las pruebas, antidoping, polígrafo, patrimonial, psicológica, económica todas”.
El titular de Gobernación anunció cinco medidas a casi tres semanas de ocurrido el suceso con los indocumentados en Chiapas.
El 27 de marzo de 2007, la Secretaría de Gobernación, ante otro escándalo por un operativo con migrantes indocumentados centroamericanos, también anunció una serie de ajustes y la creación de estaciones migratorias, así como adquisición de un terreno para una nueva en Villahermosa, pero no ha concretado dichos planes.
“Desgraciadamente en el fenómeno migratorio hay quienes se aprovechan de la necesidad humana para lucrar, como son las bandas dedicadas al tráfico y trata de personas”, dijo ayer Mouriño.
“Los hechos suscitados en días pasados, que derivaron en la evasión de 37 migrantes indocumentados, constituye un foco de alerta sobre la necesidad de tomar decisiones administrativas, revisar procedimientos internos y ofrecer una gestión y operación migratoria moderna y eficaz”.
Por ello, Mouriño anunció cinco acciones a tomar por la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos, así como al INM.
A partir de ayer, todos los funcionarios de base, de honorarios y de confianza del INM son sometidos a exámenes de control y confianza en instalaciones de la Policía Federal.
De tal forma que cada funcionario del organismo deberá pasar estrictos controles y permanecerá en sus puestos sólo aquéllos en los que el Gobierno y la sociedad puedan confiar plenamente.
Como segundo punto, con independencia de las posibles responsabilidades administrativas o penales, han sido separados definitivamente de sus cargos el delegado regional en Quintana Roo y el subdelegado en Chetumal del INM.
Tercero, todos los traslados de las personas serán a partir de ahora custodiados por la Policía Federal.
Además, se modificarán los mecanismos de transportes de migrantes asegurados, con el propósito de que a todos los conductores se les someta a exámenes de control de confianza y a las unidades de transporte se les dote con equipo GPS, para identificar su localización en todo momento.
Y quinto, se iniciarán los trabajos para la construcción de una nueva estación migratoria especializada en atender los flujos migratorios provenientes del Caribe.
‘Polleros’ disputan manejo de 500 mil migrantes al año
Las bandas de “polleros” nacionales e internacionales se disputan en México cada año el “manejo” de alrededor de 500 mil migrantes centroamericanos, sudamericanos y caribeños, con ganancias multimillonarias, afirmó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Indicó que los traficantes de indocumentados suelen cobrar entre cuatro mil y 15 mil dólares para trasladarlos a los Estados Unidos, lo que representa un negocio de entre dos mil y siete mil 500 millones de dólares.
“Las ganancias del tráfico de personas son sólo comparables con las del tráfico de armas, la trata de personas y el narcotráfico”, aseguró.
Para combatir con eficiencia el tráfico de personas, y “romper el círculo vicioso de la corrupción y la impunidad”, la CNDH señaló la necesidad de que el Congreso de la Unión modifique el marco jurídico aplicable.
