En Chihuahua iniciaron los trabajos del VIII Encuentro Nacional de Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia y Procuradores Generales de Justicia. Ahí se analiza la impartición de justicia en México. (Notimex)
Consideran que la sociedad y el Estado mexicano enfrentan una situación crítica por el embate de organizaciones criminales.
El procurador general de la República, Eduardo Medina-Mora, aseveró que la sociedad y el Estado mexicano enfrentan una situación crítica por el embate de organizaciones criminales, el lastre de la impunidad y la corrupción, así como la aún insuficiente colaboración entre autoridades de todos los poderes y órdenes de Gobierno.
El funcionario precisó que la lucha frontal emprendida por el Estado mexicano contra el crimen organizado se ha basado en atacar directamente los mecanismos de operación de esas bandas y prueba de ello son las aprehensiones, consignaciones y aseguramiento de droga realizados.
“Lo único que no puede ocurrir es que se pierda la batalla contra el crimen organizado, pues el poder y la fuerza del Estado es indudablemente superior a la de las bandas organizadas y por ello hoy, más que nunca, con el acuerdo la sociedad exige resultados y tendrá instrumentos para evaluar nuestro desempeño”.
Afirmó que el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad es un instrumento para llevar a México al estado de seguridad y tranquilidad que reclama la población.
Durante la inauguración del VIII Encuentro Nacional de Tribunales Superiores de Justicia y Procuradores Generales del país, señaló que se trata del mayor esfuerzo hecho hasta ahora para hacer efectiva la obligación del Estado.
La cual es “garantizar la seguridad de las personas y sus bienes, así como una persecución efectiva del delito y la aplicación de castigos justos a quienes ofenden a la sociedad realizando conductas ilícitas”.
En este sentido, indicó que dicho acuerdo tiene compromisos claros, metas específicas y tiempos determinados para su cumplimiento, de cada uno de los tres poderes federales, de los titulares del Ejecutivo de los estados y del Distrito Federal.
Así como de los poderes Legislativo y Judicial, de organizaciones ciudadanas, medias de comunicación y asociaciones religiosas.
“Es un acuerdo que nos incluye y compromete a todos, de esta manera los crímenes que conmovieron recientemente a la sociedad son un acicate para abrir una nueva época de colaboración entre autoridades y de participación ciudadana”, afirmó.
Exhortó a los tribunales superiores de justicia y a las procuradurías a llevar a buen puerto la reforma constitucional en seguridad y justicia, pues tiene los elementos necesarios para una transformación profunda en estas instituciones.
En este sentido, señaló que debe expedirse una Ley específica contra el secuestro y fortalecer las unidades especializadas de combate contra este delito del fuero común que tanto lastima a la sociedad.
Con la reforma constitucional, el acuerdo nacional por la seguridad y una clara estrategia de trabajo, se tiene la oportunidad de revertir la desconfianza ciudadana, la corrupción y la impunidad, y garantizar la seguridad que reclama la población, puntualizó.
Asegura PGR 18 mil armas en últimos 20 meses
La Policía y el Ejército Mexicano han incautado al crimen organizado unas 18 mil armas en los últimos 20 meses y medio, lo que “sería suficiente para armar a cualquiera de los ejércitos de las hermanas repúblicas centroamericanas”, afirmó ayer el procurador general de la República, Eduardo Medina-Mora.
El alto funcionario destacó que entre ellas había más de 10 mil rifles de asalto lo que, en su opinión, da idea de la magnitud de los decomisos realizados durante el mandato del presidente Felipe Calderón, en el poder desde el 1 de diciembre de 2006.
El titular de la Procuraduría General de la República (PGR) explicó que las acciones del Ejecutivo se han basado en “atacar directamente los mecanismos de operación de las bandas criminales, como el trasiego de drogas, el financiamiento, la adquisición de armamento, su capacidad de intimidación y control de autoridades”.
Celebró que ello haya permitido incautar en casi veintiún meses 61 toneladas de cocaína, casi 3 mil de marihuana, y más de 42 toneladas de precursores químicos para fabricar metanfetaminas.
También fueron confiscados 9 mil 377 vehículos terrestres, 283 aeronaves, 277 millones de dólares en efectivo y 103 millones de pesos, mientras que se extraditó a 163 delincuentes, “entre ellos 41 notables narcotraficantes”.
