Aun si no se le declarara de esa manera formalmente, el 26 de febrero podrá ser considerado Día Nacional Sin Humo. En esa fecha, la semana pasada, se emitieron sendas leyes que restringen el consumo de tabaco, al prohibir hacerlo en toda suerte de espacios cerrados. Las normas fueron aprobadas en el Senado, y tendrán vigencia nacional; y en la Asamblea legislativa del Distrito Federal, para ser aplicadas en la ciudad de México, la mayor concentración urbana del país.
Los fumadores reaccionaron contra las nuevas reglas alegando su libertad para consumir tabaco, aun a sabiendas de que dañan su salud. Como en todo régimen penal de corte democrático liberal, la ley que castiga el daño a la vida ajena no se pronuncia contra quienes atentan contra la suya. En un caso de suicidio fallido, de haberse contado con ayuda son penados quienes inducen o auxilian al suicida, pero no quien buscaba perder su propia existencia. Tampoco se castiga a quien consume drogas, pero sí a quienes las produce y comercia con ellas. La libertad personal, el derecho a la vida es tan amplio que permite atentar sin sanción contra la propia.
Pero en los países cuyo derecho se formó en la tradición liberal, las libertades no se otorgan a plenitud, sino que están acotadas por diversas limitaciones específicas y una de orden general. El lindero hasta donde se explaya la libertad de cada persona está fijado por el comienzo del espacio donde los demás ejercen la suya. El fumador tiene derecho a serlo. El no-fumador tiene derecho a no recibir el humo que expele el adicto. Se plantea así un conflicto entre valores de la misma jerarquía que el legislador debe resolver considerando otros factores. En este caso es debido tener presentes las repercusiones del tabaquismo en la salud pública.
Los fumadores reprochan a los órganos legislativos el que se ocupen de su hábito o adicción habiendo otros asuntos de mayor envergadura que abordar. Podrían también lamentar que el trato que se da a los consumidores de tabaco no se aseste a quienes lo son de alcohol. La libertad de ingerir bebidas espirituosas se trueca también en un problema social cuando los bebedores fuera de control practican la violencia –reyerta de cantina es una expresión usual que denota el influjo del alcohol en la liberación de agresividades— a menudo en el ámbito familiar. Y ya no hablemos de las pérdidas económicas y de vidas humanas que el alcoholismo genera, pues suman miles de horas de trabajo perdidas por las ausencias laborales provocadas por ese fenómeno. Y son del mismo rango las cifras de muertes causadas por tripulantes de vehículos en estado de ebriedad. Una consideración de los perniciosos efectos sociales del alcoholismo debería conducir a legislación restrictiva de las bebidas intoxicantes, semejante a la que se ha aprobado contra el tabaquismo, pero al parecer los intereses de la industria y el comercio de vinos y licores son más poderosos que los muy poderosos de la producción de cigarrillos. Éstos no han podido impedir restricciones a la publicidad y el mercadeo de sus productos, de que el comercio de alcoholes está exento. Se prohíbe anunciar tabaco en la televisión y no se hace lo mismo con la cerveza y otras bebidas alcohólicas. Se obliga a señalar en la paquetería de cigarros que se trata de un peligro para la salud y hasta se alude a la muerte, pero no se imponen obligaciones análogas para los alcoholes.
Ese camino se andará, tal vez mediante restricciones de alcance sucesivo. Pero, por lo pronto, se han adoptado medidas de fondo para disminuir el consumo de tabaco y sobre todo su efecto en la salud pública y en sus costos. Hasta ahora, la intención social de hacer que disminuya el tabaquismo se ha manifestado a través de medidas fiscales. Año con año se incrementa la tasa impositiva a la producción y venta de cigarrillos. Pero ese enfoque, que no debe dejar de practicarse y contra el cual las tabacaleras se defienden de varios modos, incluida la corrupción, ha mostrado su insuficiencia. Se trata de un caso típico de demanda inelástica, en que a mayor precio no se reduce la demanda. Disminuye, sí, pero no en la medida necesaria. Por eso llegó la hora de embatir de modo más directo contra el consumo, reduciendo los espacios donde se fume y, con ello el efecto dañino contra los receptores involuntarios del humo de tabaco.
Un estudio realizado en el Instituto Mexicano del Seguro Social, entre otros muchos insumos de información semejante tenidos en mente por los legisladores, mostró los elevados costos de atender enfermedades vinculadas con el tabaquismo, sufridas por quienes lo practican por quienes sólo lo padecen. A precios de 2004, los costos anuales de atender casos de infarto agudo al miocardio ascendieron a más de siete mil millones de pesos; a tres mil millones y medio los correspondientes a la enfermedad vascular cerebral; a mil quinientos millones de pesos los referidos a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y poco más de cien miles de pesos al cáncer pulmonar. Es decir, sólo para el IMSS el costo es superior a doce mil millones de pesos, cifra que en parte es sufragada por los derechohabientes, con lo que los no-fumadores padecen los efectos del tabaquismo y además deben cubrir una porción de los costos de enfrentarlos.
Los mecanismos de persuasión del capitalismo salvaje han generado graves problemas sociales cuyo encaramiento provoca otros que conciernen a las libertades.
