El Ejército Popular Revolucionario denunció que sus compañeros Edmundo Reyes Amaya y Alberto Cruz Sánchez fueron detenidos (o desparecidos) el 25 de mayo de 2007, en repetidas ocasiones las autoridades estatales y federales se decían ajenas a los hechos, pero el pasado sábado 26 de abril, precisamente once meses después de los hechos, elementos de la Policía Federal Preventiva y el Ejército Mexicano aprehendieron a varios elementos de la Procuraduría de Justicia y la Policía Ministerial del Estado de Oaxaca para interrogarlos en relación con dichas desapariciones.
Conforme a la información publicada en el periódico capitalino La Jornada fueron nueve los detenidos, entre los que se encontraba el director de Servicios Periciales de la Procuraduría de Justicia Estatal y primo del gobernador Ulises Ruiz (Romeo Ruiz), el subdirector técnico administrativo y dos peritos de la misma Procuraduría, así como, el subdirector operativo de la PME, Pedro Hernández Hernández, su ex chofer y tres agentes más de la misma corporación.
De acuerdo con declaraciones del abogado defensor de Hernández Hernández, Gerardo Francisco López Thomas, todos fueron remitidos a la Ciudad de México para que rindieran su declaración y se encuentran señalados en la investigación previa PGR/SIEDO/UEITA/047-08 con alguna responsabilidad en la detención ilegal y posterior desaparición de los dos militantes eperristas. De acuerdo a información difundida en los medios masivos de comunicación, dos de los nueve detenidos originalmente, tienen una orden de arraigo por noventa días para poder integrar adecuadamente el expediente.
Un día antes el EPR había solicitado a diversos personajes de reconocida calidad moral y probidad fungir como intermediarios con el Estado Mexicano para dar con el paradero de los desaparecidos; el pasado martes, el Gobierno Federal aceptó el llamado al diálogo, pero no aceptó intermediarios y los redujo a testigos sociales y además prácticamente exigió la rendición incondicional de los eperristas.
La secuencia de hechos y los tiempos muestran plásticamente el concepto de Estado de Derecho del actual Gobierno, pues el inicio de la investigación de la desaparición de dos personas esperó casi un año sin acción alguna.
Los últimos dos dígitos del expediente indican que esta averiguación previa se inició hasta el presente año, es decir, a pesar de que las autoridades tuvieron conocimiento de la desaparición, al menos desde el 10 de julio del año pasado, durante meses no hicieron absolutamente nada por investigar su paradero.
El 10 de julio del año pasado, la Comandancia militar de zona del Ejército Popular Revolucionario (EPR), reivindicó la autoría de unas detonaciones que dañaron ductos de Pemex y demandó a los gobiernos Federal y Estatal la presentación con vida de los dos desaparecidos.
El Gobierno de Oaxaca, en voz de su secretario de Protección Ciudadana, Sergio Segreste Ríos, de inmediato negó que ninguna corporación policíaca del Gobierno del Estado, los tuviera detenidos. Unos días después la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública, mediante un comunicado conjunto, hicieron lo propio, señalando que no contaban con registro alguno de que ambas personas se encontraran recluidas en centro penitenciario del país o a disposición de una agencia del Ministerio Público.
El 10 de septiembre del mismo año, el EPR detonó otras 12 cargas explosivas en ductos de la misma paraestatal en Veracruz y Tlaxcala.
A pesar de todo esto nada se ha hecho al respecto. Por un lado, hasta hoy no se conoce de ningún detenido en relación con los atentados contra los ductos de la paraestatal; y, por el otro, tampoco se sabe nada del paradero de los desaparecidos.
El recuento de los hechos muestra la desidia de la autoridad para atender un problema que sin duda ya provocó daños mayores al país, tanto económicos como para la vigencia del Estado de Derecho.
En cuanto a los económicos y materiales, las explosiones obligaron a reparar los daños y éstos no fueron menores, pero además hay que sumar los costos en los que incurrieron las empresas por el desabasto ocasionado por las mismas; de acuerdo a cálculos de la Canacintra los daños a las plantas fabriles se elevaron, únicamente por las explosiones de septiembre, a unos nueve mil millones de pesos.
Pero obviamente el daño es todavía mayor por la impunidad que prevalece en el país, al no sancionar ni a los autores de los atentados contra las instalaciones de Pemex ni a las autoridades o grupos que secuestraron a los dos eperristas. La vigencia del Estado de Derecho, tiene entre otras condiciones indispensables, las siguientes: una, acabar con la impunidad; dos, aplicar la ley sin distinción alguna, de tal manera que se persigue con la misma rapidez a los civiles o las autoridades que violan la ley; y tres, que la justicia sea pronta y expedita.
En este caso no parece cumplirse ninguna de ellas, así que la realidad es que el Estado de Derecho no rige en México, como lo hace evidente el caso de los desaparecidos y atentados del EPR; pero más vale tarde que nunca y, en ese sentido, es deseable que pronto se aclare el paradero de los dos eperristas y se sancione a los responsables de su desaparición. Obviamente, ése sería apenas un primer paso en el sentido correcto, que debe incluir el castigo de todos los delincuentes, sin distinciones, donde desde luego se encuentran los responsables de las desapariciones y los autores de los atentados contra los ductos de Pemex.
