“Si seguimos haciendo lo que estamos
haciendo, seguiremos consiguiendo
lo que estamos consiguiendo.”
Stephen Covey
Si a la delincuencia se le pudiera vencer con grandes planes gubernamentales o con nutridas reuniones de funcionarios públicos, hace ya tiempo que México sería uno de los países más seguros del mundo. Pero, con sobrada razón, los mexicanos nos hemos vuelto escépticos ante esta manera de tratar de resolver los problemas del país.
Ayer vimos un nuevo capítulo de ésta muy mexicana pretensión. La 23era sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, una institución presidida por el secretario federal de seguridad pública, Genaro García Luna, se convirtió en una verdadera cumbre nacional sobre el combate al crimen. Si estas reuniones ayudaran realmente a derrotar a la delincuencia, podríamos estar muy satisfechos; pero la verdad es que se trataba de una reunión política más, con discursos que no hacen sino repetir lo que muchas veces se ha dicho.
Desde ayer por la mañana distintos medios de comunicación adelantaban los “acuerdos” que habrían de surgir en la reunión de la tarde. Todo estaba amarrado. El Ejecutivo Federal crearía nuevos penales federales para secuestradores, establecería equipos especiales de combate al secuestro y crearía un nuevo sistema de información sobre la delincuencia. El Legislativo se comprometería a aprobar una nueva ley antisecuestros y a eliminar los beneficios que la ley concede a los condenados de secuestros y extorsión. El Poder Judicial nombraría a jueces y magistrados especializados y establecería una rotación permanente entre ellos.
Algunas de estas ideas son más positivas que otras, pero en general no tocan el meollo del asunto: cómo mejorar el desempeño de las Policías. La reducción de la impunidad es la clave para disminuir los índices delictivos. Pero esto no se puede lograr, especialmente en crímenes como el secuestro o el homicidio, sino una labor de investigación más profesional.
Nuestros políticos, desafortunadamente, parecen más interesados en culpar a sus rivales en otros partidos de la delincuencia que en encontrar soluciones realistas a los problemas que aquejan al país. Así, el coordinador de los senadores del PRI, Manlio Fabio Beltrones, declaraba esta semana que el Gobierno Federal panista debe “reconocer que su estrategia de seguridad pública ha fallado”. La presidenta nacional del partido, Beatriz Paredes, y el coordinador de los diputados priistas, Emilio Gamboa, acusaban también al Gobierno de “ineficacia” e “incompetencia”. Olvidaban, quizá, que la situación de inseguridad en varias de las entidades gobernadas por el PRI -como Chihuahua, el Estado de México, Sinaloa y Tamaulipas— está entre las peores del país. El problema no es exclusivo de ningún partido.
También el presidente Calderón ha estado más interesado en el juego político que en el fortalecimiento de los sistemas de seguridad. Hace ya algunas semanas, después del hallazgo del cuerpo de Fernando Martí, culpó al Congreso del problema de la inseguridad por no haber aprobado un paquete de iniciativas de ley que él promovió, pero que difícilmente cambiarán la situación que padecemos ya que no se concentran en eliminar la impunidad. Otra iniciativa posterior del presidente, también eminentemente política, fue pedir la aplicación de cadena perpetua a los responsables de ciertos tipos de secuestro, pero tampoco es una solución en un país que ya tiene penas virtualmente vitalicias.
Sí hay medidas que los políticos pueden tomar para reducir la delincuencia, pero no son las que se anuncian en grandes actos políticos, sino las que se aplican en privado, promoviendo un mejor trabajo de investigación policial. Más que cambiar las leyes, lo importante es mejorar el trabajo de la Policía con el objetivo fundamental de reducir la impunidad.
Colombia, me señala el embajador de ese país, el exfiscal Luis Camilo Osorio, pasó de una tasa de 66 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2002 a 18 en los primeros siete meses de 2008. Esto se debió a una serie de medidas del presidente Álvaro Uribe quien hizo del combate al crimen y al terrorismo una prioridad de su Gobierno. En nuestro país, sin embargo, este tipo de compromiso se considera de “derecha” y por lo tanto políticamente incorrecto.
Nuestros políticos prefieren más bien la teatralidad. Por eso han organizado una gran reunión política en Palacio Nacional, la cual en poco o nada ayudará a tener más éxito en la lucha contra el crimen. Si quieren combatir la delincuencia no necesitan grandes reuniones políticas ni extensos cambios a la ley. El trabajo realmente importante es el de profesionalizar a las policías, para asegurar que quienes cometen delitos sean consignados, juzgados y condenados a una pena razonable.
GOLPE A CENSORES
Por unanimidad, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decidió este 20 de agosto anular las multas que el Consejo General del IFE impuso contra el PAN y los partidos del Frente Amplio Progresista. A los panistas, el IFE los sancionó por calificar de “violentos” a los legisladores del FAP que tomaron las tribunas del Congreso; a los fapistas, por identificar a Andrés Manuel López Obrador como “presidente legítimo”. El fallo de los magistrados es un golpe enorme a las aspiraciones de algunos consejeros del IFE por convertirse en los grandes censores de nuestro país.
