La norma constitucional que prohibió a los “servidores públicos de la Federación, los Estados y los municipios, así como del Distrito Federal y sus delegaciones” difundir en la propaganda institucional “nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público” tuvo un efecto perverso: acrecentar el poder de las televisoras.
La reforma constitucional fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 2007, como parte de las modificaciones a la normatividad electoral con la intención de generar una mayor equidad en la contienda, evitar el dispendio de recursos públicos en la promoción de los gobernantes y regular los tiempos de la promoción del voto de precandidatos y candidatos.
Antes de la reforma el poder dominante era el del dinero: las entidades con mayores recursos podían gastar más en la promoción de sus autoridades, como fue evidente en los meses previos a la sucesión presidencial de 2006, cuando algunos gobernadores saturaron los medios de comunicación con sus imágenes con el afán de posicionarse previo a los procesos internos de selección de candidatos. Estos excesos provocaron que los legisladores mexicanos reformaran la Constitución para intentar evitar su repetición, pero su pretensión fue fallida y perniciosa.
En México hay un viejo y conocido dicho popular que dice: “hecha la Ley, hecha la trampa”, lo cual significa que automáticamente al momento de legislar, ya se cuenta con las alternativas para violar dichas disposiciones, con lo cual éstas resultan inútiles; pero en este caso las nuevas normas no tan solo resultaron inútiles, sino que generaron exactamente lo contrario de lo que buscaban evitar: mayor inequidad, dispendio y, por si esto fuera poco, aumentaron la discrecionalidad de las televisoras y con ello su poder de decisión.
Ante la imposibilidad de promocionarse en los spots, las televisoras ofrecen a los gobernantes la posibilidad de hacerlo dentro de la programación general y sin identificarlo como publicidad, obviamente que dichas apariciones no son facturadas como tales, sino que se esconden en los costos de la publicidad oficial, donde sí evitan aparecer.
Bajo estas condiciones el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, aparece todos los días en el noticiero nocturno de Televisa y el lunes de la semana pasada el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, tuvo una participación de casi una hora en el programa matutino Hoy. De inmediato los periodistas de los medios escritos lo cuestionaron sobre la violación a la disposición constitucional y él respondió que no la violaba porque no había erogado un cinco por ello, que el simplemente había aceptado una invitación de la televisora para asistir a dicho programa, pero sin costo alguno. Obviamente no hay posibilidad de demostrar que pagó por ello, porque oficialmente no existe constancia de dicha compra, pero el hecho es evidente.
Particularmente los políticos con aspiraciones electorales recurren cada día más a este tipo de prácticas, en el pasado el gobernador de Nuevo León, Natividad González Parás, utilizó el final de la telenovela “La fea más bella”, que se desarrolló en la ciudad de Monterrey, con fines promocionales.
Obviamente los efectos de esto son múltiples: primero, logran un mayor impacto con su difusión, pues particularmente cuando lo hacen en los noticieros logran que una parte importante de la población lo perciba como información y, por lo mismo, gana más credibilidad; segundo, incrementa los ingresos de las televisoras, pues como en realidad se trata de una trasgresión a las leyes y requiere de la complicidad de los involucrados, pueden pedir un sobreprecio por ello; y tercero, como consecuencia de su ilegalidad, las televisoras adquieren el poder discrecional de decidir quién entra dentro de dicho trato, sin que los rechazados puedan recurrir ante ninguna autoridad.
Para mostrar lo discrecional, arbitrario y definitivo del poder de las televisoras, vale la pena recordar cómo en el noticiero matutino de Televisa borraron la imagen del presidente del Senado, Santiago Creel, de una de las mesas de debate de la reforma petrolera, pues no le perdonan que haya sido un factor decisivo para la reforma electoral, que precisamente introducía la disposición que comento. Las televisoras visibilizan e invisibilizan de la vida pública de acuerdo a sus intereses y preferencias y, desde luego, esto tiene un impacto importante particularmente en las posibilidades electorales de los políticos, precisamente por ello encarecen sus servicios.
Por otra parte, hay que recordar que otra de las prohibiciones de la nueva legislación electoral es la compra de espacio en los medios electrónicos para la promoción del voto, pues ahora todo se hace en los tiempos del Estado y en forma gratuita. Seguramente en los siguientes procesos electorales también incluirán planes similares, con lo cual la cobertura informativa de los candidatos también tendrá costo y, por esa vía, resarcirán en parte, si no es que incluso superarán los ingresos que dejarán de recibir en los espacios abiertamente comerciales.
Así la reforma, por la que tanto protestaron los concesionarios de los medios electrónicos, en realidad los benefició: hoy reciben más ingresos y tienen más poder, precisamente por ello es más urgente que nunca una nueva legislación en la materia que ponga un límite a los abusos y excesos de los concesionarios.
