Entre los seis mexicanos con mayor posibilidad de ser ejecutados en Texas está César Roberto Fierro, originario de Ciudad Juárez, Chihuahua, quien en febrero pasado cumplió 28 años esperando su ejecución por el homicidio de un taxista. (Archivo)
Seis connacionales agotaron sus recursos legales y no cuentan con ninguna apelación que pueda posponer o frenar su ejecución en Texas.
Al menos seis mexicanos están en riesgo inminente de ser ejecutados con la inyección letal en Texas, luego de que la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos legitimó el uso de ese método.
“Podríamos comenzar a ver una ola de ejecuciones de mexicanos”, advirtió Mike Warren, un consultor del Gobierno de México en casos de pena de muerte.
Entre los que figuran en la lista de pena capital están los mexicanos César Roberto Fierro Reyna, José Ernesto Medellín Rojas, Rubén Ramírez Cárdenas, Roberto Moreno Ramos, Humberto Leal García e Ignacio Gómez, quienes agotaron sus recursos legales y no cuentan con ninguna apelación que pueda posponer o frenar su ejecución.
Los detenidos mexicanos, todos ellos en el pabellón de la muerte en Texas, han visto esfumarse las últimas salvaguardas que los habían mantenido amparados tras los recientes fallos judiciales.
La víspera el máximo tribunal judicial anunció factible el uso de la inyección letal como método adecuado para aplicar la pena capital, lo que reactiva las ejecuciones que habían sido suspendidas en todo el país en los últimos seis meses en espera de ese fallo.
Los jueces de la Suprema Corte rechazaron lo argumentos presentados por dos reos sentenciados a muerte en Kentucky, que sostenía que aplicar la inyección letal infringía un castigo cruel e inusual y por ende violaba la Constitución.
El dictamen llega en mal momento para los reos mexicanos, quienes hace tres semanas se habían quedado sin la protección que durante cuatro años les brindó un fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya (CIJ).
El pasado 25 de marzo, la Suprema Corte dictaminó que Texas podía proceder a ejecutar reos mexicanos sin tener que analizar de nuevo sus casos como lo había ordenado la CIJ, tras concluir que se les habían violado sus derechos como extranjeros.
El fallo de la CIJ amparaba desde marzo de 2004 a la gran mayoría de 57 reos mexicanos que están en la actualidad condenados al castigo capital en este país y fue decisivo para que al menos las sentencias de dos de ellos fueran conmutadas por cadena perpetua.
Durante cuatro años, Texas y otras entidades con reos mexicanos enlistados en el dictamen de la CIJ, se abstuvieron de proceder en su contra.
Ahora, sin embargo, la postergación que han experimentado sus procesos, los coloca en un alto riesgo de ser de los primeros contra quienes se solicite una fecha de ejecución.
Entre los seis con mayor posibilidad de ser ejecutados están César Fierro, originario de Ciudad Juárez, Chihuahua, quien en febrero pasado cumplió 28 años esperando su ejecución por el homicidio de un taxista.
También se encuentra José Ernesto Medellín, cuyos abogados recorrieron todo el camino hasta la Suprema Corte buscando hacer valer el fallo de la CIJ.
Medellín, de 34 años de edad y originario de Nuevo Laredo, Tamaulipas, fue sentenciado a la pena de muerte en 1994 por su participación en el secuestro, violación y homicidio de dos adolescentes en Houston, Texas.
Recursos legales interpuestos por el Gobierno de México han logrado a lo largo de los años frenar las ejecuciones de varios de sus connacionales y conmutar las sentencias de otros.
Seis mexicanos han sido ejecutados en Estados Unidos desde que este país reactivó la pena de muerte en 1976.
Ellos son: Ramón Montoya Facundo, Irineo Tristán Montoya, Benjamín Mario Murphy, Miguel Ángel Flores, Javier Suárez Medina y Ángel Maturino Reséndiz.
Sólo dos han logrado eliminar sus condenas y recuperar su libertad. Ricardo Aldape Guerra, en Texas en 1997, y Mario Flores en Illinois en 2003.
Ordenan en Florida reanudar ejecuciones
El gobernador de Florida, Estados Unidos, Charlie Crist, ordenó ayer reanudar las ejecuciones y solicitó a sus abogados una “lista corta” de los reos con más tiempo en espera de ser ejecutados y cuyos crímenes se consideren los “más horribles”.
La orden de Crist se produjo luego que la Corte Suprema del país ratificara el miércoles como legal el método de ejecución con inyección letal, lo que abrió el camino para que Florida y otros 30 estados reanudaran ejecuciones suspendidas hace casi seis meses.
Entre los condenados a muerte en Florida está el estadounidense Mark Dean Schwab, cuya ejecución estaba señalada para noviembre pasado y que se suspendió pendiente del fallo de Kentucky. Schwab fue convicto de violar y matar al niño hispano Junny Ríos Martínez, de 11 años, de Dyatona Beach en 1991.
En la actualidad unos 385 convictos permanecen en el llamado “corredor de la muerte” de la prisión de Starke, Florida, entidad que ha ejecutado a 64 personas desde que se reinstauró la pena capital en 1979.
Dará Schwarzenegger curso a sentencias
El gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, dijo ayer que dará curso al cumplimiento de las sentencias a muerte dictadas en el estado, donde 669 personas están en espera de la pena capital.
El comentario del gobernador de California, donde se concentra el número más elevado de condenados a muerte en Estados Unidos, siguió a un fallo de la Suprema Corte de Justicia que respalda el protocolo de inyección letal en ese estado.
La decisión de la Corte, dijo Schwarzenegger, “nos permite avanzar en nuestro caso”.
Un total de 669 reos condenados a la pena de muerte por inyección letal está pendiente en California, incluyendo 15 mujeres y 654 hombres. Del total, 34 son ciudadanos mexicanos.
“Continuaré defendiendo la pena de muerte y la voluntad del pueblo, y tengo confianza en que el protocolo de inyección letal de California prevalecerá”, agregó Schwarzenegger.
