La cifra de reos fallecidos durante el motín que ocurrió en la penitenciaría local de La Mesa, se incrementó a 28, según testigos que vieron llegar ese número de cuerpos al Semefo.
La cifra de reos fallecidos durante el motín que ocurrió la tarde del miércoles en la penitenciaría local de La Mesa, se incrementó a 28, según testigos que vieron llegar ese número de cuerpos al Servicio Médico Forense (Semefo).
No obstante, el procurador de Justicia, Rommel Moreno Manjarrez, informó de 17 decesos; antes, el secretario de Seguridad Pública, Daniel de la Rosa Anaya, habló de 19.
Además, oficialmente se reconoció que el número de heridos ascendió a 45, la mayoría por arma de fuego.
Estas víctimas se suman a las de la revuelta que sucedió en el mismo penal el domingo pasado, cuando cuatro internos murieron y 25 resultaron heridos. En total, 32 occisos —las autoridades no han reconocido las últimas 11— y 70 lesionados, algunos policías con golpes de piedras y objetos que los internos arrojaron.
Y aunque la situación aparentemente está controlada por las autoridades y ya se iniciaron los trabajos de limpieza y reconstrucción de los destrozos, aún persiste el riesgo de estallidos violentos, porque los familiares no conocen la condición de los presos, alertó el procurador de los Derechos Humanos de Baja California, Francisco Javier Sánchez Corona.
Detienen a tres funcionarios
El titular de la Procuraduría de Justicia, Moreno Manjarrez, confirmó la detención de tres funcionarios por los delitos de violación a la administración de la justicia y por haber incurrido en omisiones durante las revueltas del miércoles y del domingo, que costó la vida a otros cuatro internos.
Se trata de la subsecretaria del Sistema Estatal Penitenciario, Simona Gamiño Gurrola; el director de Centros Penitenciarios, Miguel Ángel Canet Sánchez, y el director del reclusorio de La Mesa, Carlos Arturo González García.
Explicó que 30 custodios de turno durante los dos motines, se encuentran bajo investigación, además de que hay un celador detenido y dos más se están prófugos por su presunta responsabilidad en el homicidio de un recluso la noche del sábado anterior, lo que presumiblemente detonó la violencia.
Moreno Manjarrez también confirmó que se investiga quiénes son los responsables de las muertes, ya que aseguró que los reos no tenían armas de fuego y que la mayoría falleció por disparos calibres .223, 7.62 y 45, similares a las que utilizan las fuerzas policiacas.
El gobierno estatal instaló mesas para informar a familiares si sus internos están heridos o fueron trasladados a otros penales, pero no dio a conocer la relación de fallecidos, por lo que la incertidumbre prevalece entre las familias que ignoran si sus parientes están muertos o en el penal.
Esta situación es la que mantiene latente el riesgo de nuevos desmanes, dijo el ombudsman bajacaliforniano, Sánchez Corona.
Indicó que los miles de familiares que acudieron a recibir información, se encontraron con que en las mesas sólo existían los nombres de reos heridos —fueron trasladados a otros penales—, por lo que si no se localizaban en esas listas, había la posibilidad de que hubieran muerto o estén dentro de La Mesa.
Este jueves, desde las 9:00 horas, los familiares hicieron filas de hasta tres horas bajo el sol para encontrarse con que en las mesas no había información completa, por lo que muchas personas se fueron inconformes.
El pasado miércoles, poco después del mediodía, internas iniciaron una revuelta para reclamar agua, comida y que les informaran a sus familiares de sobre su situación, pues desde el domingo anterior, cuando se había registrado un primer motín, había total incomunicación.
Tras una balacera que duró dos horas, con apoyo de las policías Federal y Estatal Preventiva, se sometió a los amotinados y se reportó calma en la cárcel, mientras 223 internos (63 mujeres y 160 hombres) eran trasladados a los penales de Ensenada y Tecate.
Estos han sido los incidentes más violentos registrados en las cárceles de Baja California, que sólo tiene como antecedentes un intento de motín en el penal de Mexicali en 1995, bajo el gobierno del panista Alejandro González Alcocer, y uno más en 1993, cuando internos jugaron fútbol con la cabeza de otro recluso.
Sobre las causas de las muertes de los 17 reclusos reconocidos por la Procuraduría de Justicia del Estado, cuya identidad no se ha difundido, se informó que 13 murieron por disparo de arma de fuego y cuatro por golpes.
