Qué revuelo ha causado en la escena nacional la propuesta del gobernador Humberto Moreira al presentar una iniciativa en el Congreso local de Coahuila para que ésta a su vez presente la propia al Congreso de la Unión para que se reforme la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, para que se permita instaurar en el fuero común –competencia de las entidades federativas- la pena de muerte para secuestradores que asesinen o mutilen a sus víctimas.
Con la aprobación al vapor por la mayoría de diputados priistas, Moreira ocupó tiempo en los noticieros y titulares de los medios capitalinos, que en el caso de la televisión tienen amplia cobertura, y su nombre es ahora más conocido nacionalmente. Hay que darle su mérito de que no necesitó en esta ocasión para aparecer en pantalla nacional de las carretadas de dinero que subrepticiamente llegan a los lugares adecuados para que ello suceda, como lo hace el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, colocado ya puntero en las encuestas como próximo presidente de México, cuando se releve en el cargo a Felipe Calderón el primero de diciembre de 2012.
Los argumentos surgen sobre el tema por todos lados, nunca faltan los políticos hipócritas que se rasgan las vestiduras aludiendo cuestiones éticas para la defensa de la vida humana, cuando su comportamiento en la vida pública está en el otro extremo de la ética a la que aluden. La Iglesia también manifiesta su rechazo, según su credo, pero esa postura es la más previsible.
Se presenta también con confusión, que como el sistema de procuración e impartición de justicia mexicano está contaminado severamente por la corrupción, hace de ello peligroso e inadmisible que el Estado pretenda aplicar la pena capital, bajo el supuesto que serán ajusticiados fatalmente muchos inocentes.
Ello es muy importante aclarar para el debate, que se debe de dejar de lado absolutamente la eficacia o no con la que cuenta el Gobierno para la impartición de justicia, en específico penal, porque desde esa premisa, al ser de la aceptación generalizada que ciertamente la gran mayoría del engranaje dispuesto a la prevención, persecución, consignación, impartición y aplicación de las sanciones, está torcido, luego entonces las penas económicas o de privación de la libertad –la cárcel- tampoco deberían ser aplicadas, ya que las aplica el mismo sistema viciado.
Otro argumento que se debe de dejar de lado para la discusión de la pena de muerte, lo es el que no sirve como disuasivo para que la comisión de los delitos disminuya, ya que esto está probado que para que suceda, sencillamente se debe de enfocar a reducir sensiblemente la ominosa impunidad que impera en general a lo largo y ancho de todo el país.
El que el 98% de los delitos cometidos en México no tenga consecuencia, ha hecho que muchas personas dejen de confiar en la justicia. En otras palabras, con pena de muerte o no, el grave problema de México es que sencillamente la propia impunidad es lo que ha contribuido a que muchas de las personas delincan, a sabiendas que no tendrán consecuencia alguna, más que el de obtener dinero fácil.
El debate sobre la pena de muerte se debe centrar en si es válido o no el castigar a alguien con la misma medida de la brutalidad de sus actos, o en su caso, apegarse a la teoría de que efectivamente el hombre decidió asociarse para la creación de un Estado, que le permitiera desarrollarse en sociedad con respecto a los derechos que surgen sencillamente de la razón, y con ello, prohibir el aniquilar el derecho natural reconocido como de mayor jerarquía: el derecho a la vida. Desde la primera postura, existen antecedentes milenarios, como la ley del Talión del ojo por ojo, o la evangélica “con la vara con que mides, serás medido” que deben ser considerados.
En síntesis, de aprobarse la pena de muerte, no es la solución para disminuir los índices de criminalidad, pero puede ser un medio para una impartición de penas más acordes con los hechos –punto central del debate-. Fue valiente sin duda el profe Moreira de haber presentado su iniciativa, y de hablar en público sobre los propios métodos de aplicación de la pena. Y por último, hay que exigirle al propio Moreira, que utilice la misma valentía para que tome decisiones y logre que en La Laguna se reduzcan los índices de secuestro, tal como los tiene en el resto del estado, y esa potestad, sí la tiene en sus manos, no tiene que pedirle permiso a nadie. eirazoqui@elsiglodetorreon.com.mx
