Las torturas constantes contra reclusos de la Penitenciaría de La Mesa de Tijuana provocó dos motines de internos en un lapso menor de 72 horas.
El gobierno del panista José Guadalupe Osuna Millán estaba advertido de la situación por la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), que en abril de este año envió la recomendación 01/2008, confirmó el titular del organismo, Francisco Javier Sánchez Corona.
Familiares de los internos también hicieron denuncias constantes por la situación que prevalecía en el penal, donde los presos no sólo eran torturados y humillados, sino que tenían que pagar por cada actividad que realizaban, desde comer hasta salir de las celdas y hablar por teléfono.
Los visitantes eran sometidos a vejaciones y malos tratos para poder ingresar a la cárcel. A mujeres y hombres les hacían desnudarse con el pretexto de revisiones corporales, y si querían saber de sus internos, debían pagar por ello.
La situación que detonó un primer motín el domingo 14 de septiembre fue el homicidio a manos de custodios de un joven de 19 años identificado como Israel Blanco Márquez, quien murió víctima de golpes y asfixia, pues sus agresores introdujeron su cabeza envuelta en bolsas plásticas en una cubeta llena de agua con cloro.
La mala alimentación o recibir comida en mal estado también mantenía descontentos a los internos, además de que sólo una vez a la semana se les permitía salir de sus celdas por dos horas.
El hacinamiento generó malestar adicional.
La Penitenciaría de La Mesa en Tijuana fue construida para albergar a 2 mil 500 internos y actualmente hay 8 mil 500, es decir que en cada celda de unos seis por ocho metros cuadrados hay hasta 24 personas.
