Transparencia tarda 3 años
Mientras la solicitud estaba ‘atorada’ en el ICAI, la información se obtuvo por otros medios.
Cuando El Siglo de Torreón solicitó al Municipio un estudio sobre el Distribuidor Vial Revolución, en 2005, la petición fue rechazada. El Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI) tardó tres años en ordenar que se entregara la información.
La orden de entregar el estudio llegó hace unos días, a pesar de que el documento en cuestión es del dominio público desde el mismo 2005, pues luego de que el Municipio rechazó darlo a conocer, y el ICAI no resolvía la apelación, este diario pudo obtener el documento por otros medios.
Apenas a finales de la semana pasada, el ICAI notificó al Municipio la orden para que entregue un estudio que pidió la Administración del entonces alcalde Guillermo Anaya al Instituto Mexicano del Cemento y el Concreto (IMCYC), para conocer el estado del DVR a un año de su inauguración, cuando empezaban las sospechas sobre su seguridad.
El Siglo de Torreón solicitó al Municipio tal estudio en julio de 2005. El entonces director de Desarrollo Urbano, Eduardo Jiménez Saracho, respondió que la información era de carácter reservado. En respuesta, este diario apeló esa resolución al ICAI, caso que tardó tres años en resolverse.
Por otros medios se obtuvo el documento del IMCYC, que concluía que el DVR tenía fallas estructurales y diagnosticó que el viaducto 80 (Torreón-Periférico) presentaba riesgo de colapso súbito.
El estudio recomendaba cerrar el viaducto 80, limitar la circulación en los otros tres ejes y monitorear constantemente los viaductos, advirtiendo falta de peraltes y presencia de grietas.
El estudio del IMCYC fue pagado por el Municipio y fue el primero que advirtió riesgos en el DVR, pues un análisis anterior, de la Universidad Nacional Autónoma de México y pagado por la Administración Estatal del gobernador Enrique Martínez, diagnosticó que la estructura estaba bien.
Dos estudios posteriores, pagados por la actual Administración Estatal, concluyeron que el DVR tenía fallas y recomendaron su cierre y su demolición, que empezó en marzo pasado.
En su notificación, enviada a este diario el martes 20 de mayo, el ICAI explicó que el retraso se debió a una controversia constitucional que presentó el Municipio de Torreón contra el ICAI. La controversia fue resuelta por la Suprema Corte de Justicia el año pasado, pero dándole la razón al ICAI, afirmando que los municipios deben subordinarse al órgano estatal. Fue entonces cuando el ICAI ordenó entregar la información.
Hasta ahora, el Municipio no ha notificado a El Siglo de Torreón si cumplirá tal resolución, a pesar de que el estudio ya es del dominio público.
