Esta semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió en la práctica los juicios que habían emprendido el procurador Eduardo Medina-Mora, en su calidad de abogado de la Federación, y José Luis Soberanes, a la sazón presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por la ley que ésta promulgó para la despenalización del aborto en el propio Distrito Federal.
Al final, lo que la Corte decide es si la Asamblea tiene o no facultades para legislar sobre el tema, mientras Medina-Mora y Soberanes pretendían apelar a las garantías individuales, en este caso al respeto al derecho a la vida, para que la Corte invalidara lo legislado por los asambleístas.
Sin pretender este escrito ser un postulado de derecho, sí parece oportuno hacer algunas observaciones en lo que me parece no es más que la comprobación de los sistemas jurídicos, por más que los juristas se rasguen las vestiduras entre el eterno debate entre la conveniencia del derecho natural versus el derecho positivo.
En las aulas, a nivel doctorado, los catedráticos hacen énfasis en la necesidad de los aspirantes al máximo grado académico en el campo del Derecho, de que se procure el estudio mucho más allá del propio derecho vigente. Hay una exigencia clara en que el verdadero aspirante a convertirse en doctor en el ramo, su criterio y conocimiento se expanda con solidez en las áreas de las fuentes mismas del derecho, así como la investigación y sistematización del conocimiento, en aras de fortalecer el dilema de que si el Derecho es o no una propia ciencia.
Ser tratado como codiguero –que significa abogados que conocen lo que dicen las leyes, y su aplicación, mas no el sustento del conocimiento jurídico- resulta hasta peyorativo para quien pretende ingresar a los círculos restringidos de los conocedores profundos de la materia.
Sin embargo, ayer cuando por televisión y prensa se pudo ver y leer las posturas de los ministros, sencillamente se da cuenta de que el sistema legal mexicano todavía está lejos de ser aquello a lo que los científicos del derecho aspiran.
Esta semana, El Siglo de Torreón publicó un artículo en esta misma sección signado por Luis Salazar, en el cual se encuentra un argumento sólido en la defensa del rechazo al aborto. Salazar inclusive apelaba a la contradicción que se encuentra en la legislación vigente para los capitalinos, en la cual en materia civil se reconoce derechos a los no nacidos desde su concepción para efectos de herencias. En cambio, en el área penal, no les resultó importante pensar que un feto de doce semanas –al cual con ultrasonido de alta tecnología se le reconoce hasta el sexo- simplemente sea desechado como si fuera un objeto extraño que fortuitamente se instaló en el seno de la madre.
Toda la argumentación acerca de los derechos naturales del ser humano, simplemente en esta ocasión se fue a la basura, y quienes pretenden que la justicia sea un valor necesariamente insertado en los códigos, deben aceptar una vez más que eso no ocurre.
Pareciera que la tesis de Hans Kelsen, que sostiene que las normas provienen de las propias normas, y que basta para que sean válidas el solo hecho de que se hayan generado siguiendo los procedimientos que su ordenamiento superior les marca, desechando por completo la valoración de las mismas por su propio contenido ético o de valor, es quien se impuso de esta manera.
Pero es más, Nietzche hoy se impone, con su teoría de superhombre, que no es más que la postura de: quien tenga la fuerza tendrá la razón.
Hoy en la Asamblea del Distrito Federal domina el PRD y ellos defienden la postura del aborto, así sin entrar a fondo. Vale madre si matan personas no natas o si realmente la mujer tiene derecho a decidir sobre su vientre, lo que se impuso es quien tenía más votos, no quien tenía la razón.
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