Al cumplir 19 años de edad el Partido de la Revolución Democrática se encuentra hundido en un conflicto del que no emergerá sino por decisiones judiciales ajenas, pues los protagonistas de su crisis han traspasado los límites del espacio común que hace posible el diálogo y el entendimiento. Salvo la Comisión Nacional de Garantías, puede asegurarse que el PRD carece de órganos de dirección, pues difícilmente puede sostenerse la decisión del Consejo Nacional de prorrogar su propio mandato, ya que no está declarada la validez de la elección de quienes compongan ese órgano y fueron elegidos el 16 de marzo.
Aun si se admite que es válida la actuación del Consejo Nacional, su sesión del domingo fue ya impugnada por su ilegalidad, defecto que también alcanza a los acuerdos allí adoptados, entre ellos la designación de Guadalupe Acosta Naranjo como presidente sustituto. El Consejo tiene ciertamente facultades para designar en esa condición a quien encabece el partido ante “la renuncia, remoción o ausencia” del presidente elegido. Pero ninguna de esas tres causas de falta de presidente se ha actualizado: Leonel Cota no renunció, no fue removido ni se halla ausente, sino que simplemente terminó el periodo para el que fue elegido (junto con Acosta Naranjo, por cierto, cuyo cargo de secretario general no puede ser sustituido por la misma razón).
El Consejo Nacional debería reunirse sólo cada tres meses, o cuando fuera convocado por el comité nacional. Eso no obstante, se ha llamado a sí mismo a reuniones frecuentes en las últimas semanas. La más reciente estaba citada para el domingo pasado. Pero no se reunió el quorum. Al menos eso se hizo constar en la fe notarial respectiva elaborada a solicitud de Izquierda Unida, la suma de corrientes que sostuvo la candidatura de Alejandro Encinas, cuya táctica consiste en esperar de la Comisión de Garantías resolución a su pedido de que se prorrogue el mandato de Cota, y por lo tanto no compartía, ni hubiera podido impedirlo, el objetivo de Nueva Izquierda de que el Consejo Nacional obrara como lo hizo.
(Aquí, por cierto, debo confesar mi perplejidad ante las cifras relativas al Consejo Nacional. Salvo que la edición impresa de los estatutos que tengo a mano, coincidente con la que puede consultarse en la página oficial del partido corresponda a una fecha previa a alguna reforma que no registro, en este momento el Consejo Nacional debe integrarse por más de cuatrocientos miembros, no los 242 aludidos en la constancia notarial de Izquierda Unida. Conforme a la letra de la Ley que supongo vigente, a los 256 consejeros elegidos deben añadirse los 32 dirigentes estatales más, en este caso 126 diputados y 26 senadores, lo que suma 440 integrantes del consejo).
Se requerían, según el argumento de Encinas, más de 120 consejeros para integrar el quórum, y a las 12 del domingo, bien pasadas las horas de la primera y segunda convocatoria sólo estaban presentes 113. Pero poco después Camilo Valenzuela, presidente del Consejo y ex candidato a la presidencia del partido, favorecedor de que los comicios sean anulados, declaró que había 130 consejeros presentes y horas más tarde el número habría llegado a 162. Pero si fue verdad que llegó tanta gente, una buena parte de ella no perseveró en su asistencia, porque a la hora de votar por Acosta Naranjo sólo estuvieron en su favor 114. Hubo ocho abstenciones.
En este momento, la Comisión de Garantías estudia las impugnaciones al proceso electoral presentadas hasta el sábado anterior, por las dos corrientes antagónicas. Después calificará la elección y si es el caso validará el resultado y declarará triunfador al que haya obtenido mayor número de votos. No lo ha hecho hasta ahora, como Ortega y su corriente han difundido. Lo que hizo la Comisión de Garantías fue, para dar paso a la fase procesal de las impugnaciones, dar por cerrado el cómputo realizado por la Comisión Técnica Electoral, que comprende el 83.9 por ciento de los votos. En la constancia respectiva Encinas aparece con unos doscientos mil votos más que los favorables a Ortega, pero la Comisión al dar valor a esa cifra no declaró ganador al ex jefe de Gobierno capitalino.
Esa diferencia en el número de votos es similar a la arrojada por los conteos rápidos efectuados el 16 de marzo, que debieron constituir la primera aproximación oficial a los resultados, pero que por serle adversos Ortega declaró inaceptables. Es la misma actitud que el líder de Nueva Izquierda asumió en los dos casos anteriores en que pretendió encabezar al PRD. En 1999 su alegato, que parecía retratar sus propias prácticas y no las de su antagonista Amalia García, consiguió que la elección fuera anulada aunque a la postre la hoy gobernadora de Zacatecas obtuvo el triunfo en un segundo turno electoral. Tres años después, Ortega perdió de nuevo, esta vez frente a Rosario Robles, no obstante la copiosa votación que le procuró el gobernador de Oaxaca José Murat. Después de impugnar el resultado y merced a ese apoyo, Ortega quedó en situación de ocupar la secretaría general pues se daba el caso de que “si la segunda planilla más votada obtiene más de la mitad de los votos alcanzados por la mayoritaria, ocupará la secretaría general quien haya participado en la candidatura a la presidencia de dicha planilla” Ortega consideró ofensivo trabajar al lado de Robles y, contra la disposición estatutaria hizo que el cargo que le correspondería fuera desempeñado por Carlos Navarrete.
