El Tribunal Superior de Justicia rechaza que haya tráfico de influencias en sus resoluciones.
El Siglo de Durango
“En el Tribunal Superior de Justicia no se admite el tráfico de influencias ni existe, cualquier queja contra algún funcionario puede analizarse ya que está de conformidad a Derecho”, pronuncia Apolonio Betancourt Ruiz.
El Presidente del Tribunal Superior de Justicia en la entidad informa que se han resuelto nueve quejas contra jueces por parte del Consejo de la Judicatura y cinco de los casos ameritaron una amonestación. Además están por resolverse otras seis quejas.
“Hay algunas suspensiones, amonestaciones. La ley contempla la sanción que se aplica dependiendo de la responsabilidad que se haya encontrado en las quejas administrativas. Son sanciones de amonestación, las otras no procedieron”, dice.
De los casos que se resolvieron, la inconformidad se derivó a raíz de que el juez resolvió fuera de término. “Todos son de carácter administrativo no jurisdiccional”, completa con el dicho de que el Consejo de la Judicatura resuelve cuanta queja le presentan.
SOBRESALIENTE
Revela que en la reforma penal se avanza conforme a lo planeado. “Durango está en el proyecto en el momento en que fue aprobado ya en la Cámara de Diputados la propuesta de la reforma federal, entonces estamos en el momento oportuno porque por una parte tenemos la experiencia de los estados que lo implementaron y por otro estamos en el estudio, ya incorporando los conceptos fundamentales”, señala.
Este 27 y 28 de marzo Durango será sede del Encuentro Nacional de los Presidentes de los Tribunales de Justicia. “Analizaremos el tema de juicios orales, justicia alternativa, justicia de adolescentes y juzgado de ejecución que es un nuevo concepto, una nueva realidad que contempla la ley federal”, participa.
La entidad fue seleccionada como punto de acuerdo, dice Betancourt Ruiz, debido a que los Tres Poderes en el estado están unidos en un proyecto único de políticas públicas para una reforma integral de Durango.
OPINIÓN
El titular del Poder Judicial en el estado es cuestionado sobre la resistencia de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de reinstalar a policías que dieron positivo en el antidoping, resolución que determinó el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y que finalmente aceptó la dependencia.
“Nosotros consideramos que la ley es para cumplirse, hay recursos, no tengo el conocimiento exacto pero la ley contempla todas las posibilidades para que se dé cumplimiento, no sé en qué proceso está pero desacato o no desacato, la ley contempla el cumplimiento de autoridades y particulares a las soluciones judiciales”, comenta.
