El diputado local José Luis López Ibáñez afirmó ayer que el procurador de Justicia, Jesús Gutiérrez Vargas debe abandonar su cargo.
Diputado local critica actuar de Jesús Gutiérrez Vargas
El Siglo de Durango
Un Procurador de Justicia que no acata la legalidad y que además, no da resultados en el combate a la delincuencia debe ser destituido por el Gobernador, indicó ayer el diputado local José Luis López Ibáñez, en un pronunciamiento en la sesión permanente del Congreso del Estado.
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Según el Legislador la sentencia dictada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo que ordenó la reinstalación de 14 agentes de la Dirección Estatal de Investigaciones (DEI) debió ser cumplida hace seis meses y el procurador de Justicia, Jesús Gutiérrez Vargas, no lo hizo.
También lamentó la postura que ha asumido el funcionario en mención, ya que éste ha expresado a los diferentes medios de comunicación que la violencia en Durango se debe al crimen organizado y que éste es del orden federal. “Es lamentable que un Procurador de Justicia trate de engañar a la ciudadanía evadiendo su responsabilidad”, indicó.
Adicionalmente añadió que Gutiérrez Vargas, además de no dar cumplimiento a la protección de la ciudadanía, tampoco puede salvaguardar la integridad de los elementos de la corporación que él representa.
Contradicciones
Para José Luis López Ibáñez, el hecho de que la PGJ haya perdido en el Tribunal de lo Contencioso fue solamente porque hubo deficiencias en el procedimiento de despido de los agentes, muy a pesar de que fueron encontrados positivos en el antidoping.
“No se pudo soportar el procedimiento para despedir a los agentes y nosotros no defendemos delincuentes, pero sí pedimos que se cumpla con la ley y que se hagan las cosas como jurídicamente se ordenan”, expuso.
Positivo en antidoping será suficiente para despido
Adán Soria Ramírez, diputado local, expuso que derivado de la reforma penal que recientemente fue aprobada en el Congreso de la Unión, pronto se incorporarán a la legislación local normas que fortalecerán la depuración de los cuerpos policiacos de sus malos elementos.
“En el futuro, si un elemento es separado de su cargo por incurrir en el consumo de sustancias tóxicas una vez comprobado el hecho, aun y cuando la autoridad jurisdiccional resuelva que su separación fue injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones de ley a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio”, manifestó.
