Una obra para... tres años
El DVR fue proyectado para que durara ‘100 años’, pero duró sólo 40 meses abierto a la circulación. La polémica de su construcción y demolición sirve ahora como la vara que mide la desconfianza de los laguneros en la obra pública.
En medio de una gran verbena popular en la que hubo enchiladas, sopes y flautas, la fría tarde del viernes 30 de enero de 2004 fue inaugurado el Distribuidor Vial Revolución, (DVR), ya considerado un
icono urbano que representaba la modernidad de la ciudad.
Con una inversión de 140 millones de parte del Gobierno del Estado y el Municipio, el DVR se erigía como la obra más importante del sexenio de Enrique Martínez, quien la presumió como “una obra para cien años”. A pocos días de cumplir cuatro años, la obra ya empezó a ser desmantelada.
Fue llamado “Eje de la infraestructura vial del estado de Coahuila para el nuevo milenio”, la conexión
de la carretera a Saltillo y el complejo industrial de Mieleras con el Periférico y las carreteras a Durango y
Chihuahua.
Pero sólo duró tres años y cuatro meses antes de ser clausurado en mayo de 2007, luego de que accidentes en los viaductos arrojaron dudas sobre la seguridad y la calidad de la obra.
La decisión de tumbarlo se tomó tras los resultados que arrojaron estudios realizados por el Instituto de
Ingeniería de la Universidad Autónoma de Nuevo León y el Grupo Ingenieros Militares Asociados (GIMA),
quienes determinaron fallas estructurales, recomendando su demolición ante el riesgo de un colapso.
El puente sólo sirvió a los ciudadanos 40 meses y con varias restricciones, tras tres accidentes en el lugar,
dos de ellos de muerte. El complejo vial estaba proyectado para circular a 60 kilómetros por hora, pero
con el paso del tiempo la velocidad permitida se bajó a 40. Además se acotó con boyas la circulación a sólo un carril interior de cada viaducto, para no usar las curvas debido al peligro que representaban.
El DVR fue cerrado a la circulación la mañana del 19 de mayo de 2007. Actualmente la Procuraduría
de Justicia en el Estado (PGJE), lleva a cabo investigaciones para deslindar responsabilidades por la vía
civil y penal en busca de los responsables de esta obra mal hecha, sin que hasta ahora se haya señalado a un culpable.
Durante dos años, la PGJE ha tomado declaraciones de decenas de personas que participaron en la obra.
Así han sido llamados a declarar constructores, contratistas, ex funcionarios estatales y municipales. Sin embargo, nunca se citó a declarar al ex gobernador Enrique Martínez y se exoneró a Jorge Viesca Martínez, ex secretario de Obras Públicas, quien tuvo a su cargo la responsabilidad de la obra.
Únicamente se fincaron responsabilidades sobre las fallas del complejo vial en contra de Manuel Gómez Parra, subsecretario de Caminos y Puentes en el pasado sexenio.
Tampoco se fincaron responsabilidades a la empresa constructora Acolsa, a la supervisora externa Coordina y a BM que hizo el proyecto.
ERRORES DE ORIGEN
Aquella tarde del 30 de enero de 2004 alrededor de cinco mil personas asistieron a la inauguración del DVR, donde Viesca Martínez, secretario de Obras Públicas, afirmó que el nuevo puente era la solución vial definitiva para Torreón.
Sin embargo desde antes de su inauguración, ya existían especulaciones sobre la calidad de la obra. La
construcción se desfasó más de seis meses, lapso en el que ocurrieron diversos movimientos estructurales que se intensificaron en las últimas semanas de trabajos, cuando fue evidente la presencia de grandes gatos hidráulicos que apuntalaron parte de la estructura supuestamente terminada.
La bitácora y otros documentos oficiales de comunicación entre Coordina, BM y la Secretaría de Obras Públicas, que conserva El Siglo de Torreón, indican que el atraso de 6 meses para terminar el DVR fue por los problemas que se dieron en el proceso de construcción.
Esto llevó, entre septiembre y octubre de 2003, a cambiar el proyecto original y el sistema de construcción, que fue terminado en tres meses. Pero apenas una semana después de su inauguración ocurrió el primero de tres accidentes, dos de ellos con fatales consecuencias, que cambiarían
la historia de las obras públicas en Coahuila, las cuales se miden ahora con el parámetro de la desconfianza en su calidad y seguridad que dejó el DVR.
LA POLÉMICA
La euforia de la inauguración del DVR se apagó luego del primer accidente fatal registrado el 7 de febrero
de 2004, cuando un tráiler cayó del viaducto Matamoros-Mieleras, provocando la muerte del copiloto.
Los tres accidentes ocurridos en el DVR, y que los partes oficiales atribuyeron a exceso de velocidad,
motivaron que los diputados de Acción Nacional, encabezados por el hoy alcalde de Torreón, José
Ángel Pérez, tomaran un punto de acuerdo para citar a Jorge Viesca para que explicara los detalles de la
construcción. Al mismo tiempo, transportistas de materiales hicieron público su temor de circular por el puente.
La desconfianza se generalizó al grado de que sus compañeros de transporte federal lo bautizaron con el mote de “el puente asesino” y así lo reportaban en sus sistemas de radio-comunicación de todo el país. A pesar del ambiente negativo, Viesca declaró que “el DVR está construido a prueba de peritajes”. Para él, los accidentes no ocurrieron por falta de señalización, pues la obra cumplía con las normas establecidas
en el manual de señales de la SCT.
Sin embargo, anunció la instalación de bordos antes de los accesos a las rampas para que los conductores
bajaran la velocidad, ya entonces reducida a 50 kilómetros por hora. Pero al mismo tiempo, organismos
como el Colegio de Ingenieros Civiles demandaron que se reemplazaran los 14 equipos de neopreno en el
DVR que soportaban los viaductos sobre las columnas, al asegurar que se habían movido.
El Consejo de Vialidad Municipal demandó que se realizara una auditoría técnica al DVR a manera de tercería y así se lo planteó directamente al gobernador, Enrique Martínez. El argumento fue que la tercería era necesaria para despejar cualquier duda de que hubo irregularidades en el proceso de construcción.
El Gobierno del Estado aceptó que se hiciera el estudio. Sin aceptar falla alguna en el complejo vial y sólo
por la presión de la opinión pública, el gobernador Enrique Martínez, anunció que el examen era para brindar tranquilidad a la gente.
El 30 de mayo de 2004 iniciaron los primeros trabajos de reparación del DVR con la colocación de grandes
torres de acero bajo los puentes donde ocurrieron los accidentes. En la polémica, el sector empresarial
se dividió: la Canacintra y la Cámara de la Construcción defendieron la calidad de la obra y la Coparmex
censuró durante meses el hermetismo de la Secretaría de Obras Públicas del Estado a quien solicitó la bitácora de la obra, la cual nunca les fue entregada.
La tercería realizada por especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México avaló la resistencia
de la obra y acalló la mayor parte de las dudas hacia la seguridad estructural, pero no todos quedaron
conformes, pues el Gobierno del Estado siguió realizando ajustes a la obra para “incrementar el factor
de seguridad”. En julio de 2005, el Ayuntamiento de Torreón ordenó la elaboración de un diagnóstico técnico al Instituto Mexicano del Cemento y el Concreto (IMCYC). El resultado fue que había
un riesgo en dos de sus viaductos, equivalentes a colapso súbito. El entonces alcalde Guillermo Anaya aseguró haberlo entregado al gobernador Enrique Martínez y a Jorge Viesca para que se tomaran cartas en el asunto.
A mediados de 2006, la información del IMCYC fue corroborada y ampliada por el Instituto de Ingeniería
de la Autónoma de Nuevo León. Posteriormente el Grupo de Ingenieros Militares Asociados (GIMA),
contratado por la Procuraduría General de Justicia del Estado, recomendó una demolición, en vez
de repararlo.
REPARACIONES
El DVR tuvo, en sus pocos meses de vida útil, cuatro reparaciones: se le cambiaron dos veces los neoprenos y se le colocaron rellenos de concreto aligerado para que diera los peraltes.
La cuarta reparación fue cuando se les colocó más cemento en las cuatro curvas y se engrosaron las columnas para soportar el peso consiguiente que tendrían los cuatro cuerpos.
Las principales fallas que se señalaron en la construcción del DVR son dos cambios de neoprenos, durante
y al finalizar la construcción y la colocación de rellenos de concreto en las cuatro curvas de los viaductos
que no lograron obtener los niveles de pendientes necesarios en las rampas, pues sólo les ocasionó más
peso y los cambios en el proceso constructivo.
El Siglo de Torreón publicó en julio de 2004 que el DVR tenía errores en la construcción, con información
basada en documentos de reportes y oficios que se manejaron entre la constructora Acolsa y la supervisión externa Coordina.
En ellos, la primera le solicitó parar la obra debido a irregularidades que se presentaban en el proceso
constructivo, lo cual no fue atendido sino que, por el contrario, se recibió la orden de continuar y únicamente se cambió el proceso de construcción, todo esto en el año 2003.
Un mes después, El Siglo de Torreón publicó nueva información basada ahora en la bitácora de la obra,
misma que aún conserva. Se informó que las fallas se detectaron en el proceso de colado de los viaductos, realizado por la constructora Acolsa, ya que se empezaron a observar diferencias
en los niveles o pendientes de los viaductos.
Ni Martínez ni Viesca admitieron fallas en la obra. El único documento oficial que existe notando que
Viesca sabía de las fallas registradas en el DVR es un oficio entregado en el proceso entrega recepción del Gobierno del Estado, a finales de diciembre de 2005, en el que daba cuenta del problema a la entonces
Secretaría de la Contraloría a cargo de Inés Garza Orta.
Durante 2005, la polémica por el DVR fue tema en las campañas a gobernador y alcalde. El entonces candidato del PRI a la gubernatura, Humberto Moreira, se comprometió en campaña a revisar la obra y, al tomar posesión, el 1 de diciembre de 2005 se comprometió a realizarle una “cirugía mayor”.
En enero de 2006, la Secretaría de la Función Pública comenzó la investigación y se determinó realizarle un nuevo estudio al complejo vial para lo cual fue contratado el Instituto de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que determinó el grado de riesgo por el daño de la superestructura.
La UANL dio a conocer su fallo en mayo de 2006, recomendando demoler el complejo vial, pero la obra
continuó abierta un año más. Posteriormente, la Procuraduría de Justicia del Estado decidió hacer
otro estudio para el cual fue contratado el Grupo de Ingenieros Militares Asociados (GIMA), cuya conclusión fue que era necesario demoler el complejo vial, ya que una reparación no era segura.
En mayo de 2007, el Gobierno delEstado ordenó cerrar la obra y en julio siguiente se fincó la única responsabilidad hasta ahora en el proceso, contra Manuel Gómez Parra, director de Caminos y Puentes.
La investigación exoneró al ex secretario de Obras Públicas Jorge Viesca y al ex gobernador Enrique
Martínez, pero hasta ahora, la Procuraduría de Justicia del Estado mantiene una investigación sobre
las empresas Acolsa, Coordina y BM que participaron en la construcción, supervisión, así como el diseño de la obra.
En septiembre pasado, el Gobierno Estatal planteó una obra para sustituir al DVR, llamado el Sistema Vial
Revolución, que abandona la idea de viaductos y se inclina sólo por pasos elevados y subterráneos para conectar el Periférico y las carreteras a Matamoros y Mieleras.
El desmantelamiento del DVR inició el 19 de enero pasado y luego la Secretaría de Finanzas del Estado
anunció que pedirán un crédito de 520 millones de pesos para financiar la nueva obra, pues hasta ahora no se han fincado responsabilidades que permitan recuperar al menos parte del dinero.
Una corta vida
Desde su inauguración, el DVR estuvo inmerso en la polémica. A continuación se mencionan las fechas
más representativas en la corta vida de esta obra.
■ Junio de 2002.- Inicia construcción del Distribuidor Vial Revolución.
■ 30 de enero de 2004.- Inauguran el DVR.
■ 7 de febrero de 2004.- Primero de tres accidentes. Muere el copiloto de un tráiler cuando éste chocó contra una barda de contención arriba de un viaducto.
■ 11 de febrero de 2004.- El dictamen oficial dice que el exceso de velocidad fue la causa del accidente.
■ 13 de mayo de 2004.- Un auto se volcó sobre el DVR al ir con exceso de velocidad.
■ 19 de Mayo de 2004.- Solicitan a la UNAM auditoría técnica del DVR.
■ 11 de septiembre de 2004.- Jorge Viesca comparece ante legisladores y defiende la obra.
■ 20 de Septiembre de 2004.- Inicia estudio de la UNAM sobre el DVR.
■ 23 de Septiembre de 2004.- Se realizan reparaciones integrales al DVR en columnas y viaductos.
■ 12 de Octubre de 2004.- Se engrosan columnas del DVR y colocan 800 toneladas de concreto nuevo.
■ 10 de noviembre de 2004.- Diputados piden cerrar el DVR.
■ 9 de Febrero de 2005.- Deformaciones confirman fallas en DVR.
■ 26 de febrero 2005.- La UNAM avala la seguridad del DVR. Termina tercería.
■ 28 de agosto de 2005.- Un tráiler de la empresa Lala cargado de productos lácteos chocó contra la banda de contención de un viaducto y cayó al bulevar Revolución. Murió el chofer y otra persona murió de
un paro cardiaco cuando robaba el contenido de la caja.
■ 2 de septiembre de 2005.- En las campañas a gobernador y alcalde, candidatos piden cierre de DVR.
■ 20 de octubre de 2005.- “Cirugía Mayor al DVR”, anuncia el gobernador electo, Humberto Moreira.
■ 27 de octubre de 2005.- El alcalde electo José Ángel anuncia que no recibirá el DVR.
■ Marzo de 2006.- Ingenieros de la UANL inspeccionan el DVR.
■ 17 de mayo de 2006.- El Instituto de Ingeniería de la UANL recomienda demoler el DVR.
■ 30 de mayo de 2006.- La Procuraduría del Estado ordena otro estudio al DVR.
■ 16 de mayo de 2007.- El DVR es cerrado a la circulación definitivamente.
■ 12 diciembre de 2007.- Fijan el 15 de enero para la demolición del DVR.
■ 17 de septiembre de 2007.- Anuncian que un sistema de puentes sustituirá al DVR.
■ 19 de enero de 2008.- Inicia demolición preliminar del DVR.
