Mientras la delincuencia organizada incrementa su embestida en contra de los cuerpos de seguridad y, evidentemente, también obtiene mejores resultados en los enfrentamientos y acciones contra dichos cuerpos, el Gobierno Federal se limita a reiterar una y otra vez que “aunque no lo parezca, vamos ganando la guerra”.
Y para enfatizar la decisión del Gobierno Federal de seguir adelante a pesar de las importantes bajas que sufren a manos del crimen organizado, el mismo presidente Felipe Calderón reiteró el domingo en Isla de Mujeres, Quintana Roo, que la estrategia es la correcta y que su Gobierno no se replegará. Aunque en un segundo momento señaló que en todo caso se afinaría, pero que es ingenuo pensar que el Estado renunciará a su obligación de hacer cumplir la Ley.
Aquí es donde vale la pena enfocar la reflexión: nadie le pide al Gobierno mexicano que renuncie a su obligación de hacer cumplir la Ley; mucho menos que deje el campo despejado para que la delincuencia se apodere de las comunidades, como de hecho ya sucede en muchas ciudades. Lo que se demanda es que el combate se haga inteligente, eficaz y eficientemente y, desde luego, sin atropellos ni violaciones a los derechos fundamentales, pues en ocasiones el remedio es peor que la enfermedad.
Los hechos del pasado 26 de mayo, donde murieron ocho policías federales en Culiacán, Sinaloa, reflejan plásticamente la debilidad de los cuerpos de seguridad. Sin necesidad de especulaciones ni investigaciones mayores, únicamente basados en declaraciones oficiales, es posible evidenciar, al menos, dos limitaciones de la actual estrategia: la carencia de una acción de Inteligencia efectiva y la pobreza del armamento policiaco.
La ausencia de una acción de Inteligencia se manifiesta en dos hechos: de acuerdo con las versiones de la misma SSP, los policías recibieron tiros por el frente, por la espalda y por los lados, lo cual implica que realmente fueron emboscados, es decir, les tendieron una trampa y ellos cayeron ingenuamente. Y el segundo, es que su desconocimiento del lugar es tal que en un principio un boletín de la misma dependencia ubicaba el enfrentamiento en la colonia Miguel Hidalgo, cuando fue en Las Vegas, una de las zonas más conflictivas de la ciudad.
En cuanto a la pobreza del armamento policiaco, basta revisar las declaraciones del general Rodolfo Cruz López, coordinador operativo de las Fuerzas Federales de Apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública, quien declaró a Proceso que en el ataque se utilizaron “AK-47 automático (calibre) 7.62, con punta de acero. Penetra el blindaje y penetra todo. Son ametralladoras y se diferencian en que su cadencia de tiro es de casi 200, 500 cartuchos por minuto… Los cargadores que nuestra gente trae son de 20 cartuchos. La desventaja es horrible… simplemente tuvieron más parque del otro lado y se acabó”.
Si a esto se le agrega algo que ha sido evidente en otros operativos que se han realizado en diversas partes del territorio nacional: la descoordinación de las diversas instancias de los cuerpos de seguridad gubernamental y la desconfianza que priva entre ellas, que se manifiesta en los desarmes y detenciones masivas de policías.
Lamentablemente estas debilidades, así como las bajas en las fuerzas del orden son perceptibles para toda la población y, por lo mismo, a pesar del discurso oficial, la población no percibe que se vaya ganando la batalla al narcotráfico. Una encuesta del Grupo Reforma publicada el pasado domingo, muestra claramente las percepciones: el 53% de los encuestados piensa que el crimen organizado va ganando la guerra contra únicamente el 24% que piensa que es el Gobierno Federal.
Pero la lectura de otras de las preguntas permite complementar estas percepciones, pues el 81% está de acuerdo en utilizar al Ejército, a pesar de que el 49% piensa que incurren en violaciones de derechos humanos. Además el 76% de los encuestados piensa que en los próximos tres meses la violencia seguirá igual o aumentará; pero el 57 cree que las acciones del Gobierno son correctas.
Y cuando se revisa la evolución de las opiniones favorables y desfavorables respecto a cómo trata el Gobierno de Calderón los temas del narcotráfico y la seguridad pública es clara la tendencia a la baja en lo que va del presente año, pues en el primer tema las opiniones favorables decrecen nueve puntos porcentuales y las desfavorables crecen ocho; y en el tema en general de la seguridad la tendencia es la misma aunque menos pronunciada.
La población apoya el combate al narcotráfico, incluso con los altos costos en vidas humanas y en violación de derechos humanos que esto significa, pero el crecimiento de la violencia y la incapacidad del Gobierno de mostrar resultados tangibles poco a poco minan la credibilidad en el Gobierno.
El discurso oficial requiere de asideros numéricos y claros que permitan respaldar la versión de que se le gana la guerra al narco. Y el Gobierno tiene que mostrar estos datos y estas estadísticas que permitan respaldar sus dichos, o bien, como todo hace suponer hasta hoy recomponer su estrategia de combate y colocar, ahora sí desde el inicio, sus objetivos y metas y cumplirlas.
Parodiando la frase de Fox: si seguimos por este camino, México será peor y el Gobierno continuará perdiendo credibilidad y confianza.
