La llegada de un nuevo titular de Gobernación desató nuevamente las voces que piden una transformación a fondo de dicha secretaría y, en las mismas, se percibe la añoranza a los tiempos del autoritarismo; sin percatarse que hoy el Ejecutivo federal carece de las facultades metaconstitucionales de las que gozó hasta 1997.
Lo que urge es transformar toda la Administración pública federal, pero con una visión integral y bajo la óptica de atender a la nueva realidad nacional. A la Secretaría de Gobernación se le quitó durante el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari la responsabilidad de velar por los derechos humanos; en el sexenio de Ernesto Zedillo la responsabilidad de organizar las elecciones; y al inicio del de Vicente Fox, la responsabilidad sobre la seguridad pública.
Sin estas facultades, pero particularmente sin las metaconstitucionales (esas que no estaban establecidas en ninguna ley, pero emanaban de la fortaleza del presidencialismo mexicano) que le permitían controlar al Congreso, someter a los gobernadores y reprimir a los disidentes, ya no es posible demandarle al secretario de Gobernación que cumpla con las tareas del pasado.
Hoy la realidad es muy distinta: ningún partido tiene mayoría en el Congreso y, por lo mismo, hay que negociar y ceder ante las exigencias de la Oposición; hoy las gubernaturas están en manos de políticos postulados por tres fuerzas políticas y se acabaron los tiempos del reparto discrecional del presupuesto, posible por la opacidad administrativa, la inexistencia de una instancia ante la cual reclamar las intromisiones e incumplimientos de la federación (pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estaba sometida al presidente) y el silencio cómplice de los medios masivos de comunicación; y así la lista de cambios es interminable.
Así además de las diferencias legales están las metalegales y las del contexto, que afortunadamente no puede volverse atrás mediante un decreto, pues en buena hora que quedaron atrás las matanzas y represiones de los gobiernos de Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría, José López Portillo y Carlos Salinas de Gortari (por citar únicamente los más significativos); y las caídas del sistema de Miguel de la Madrid (Manuel Bartlett, en las elecciones presidenciales de 1988).
Precisamente por esta transformación de la realidad, también hay que transformar las instituciones, para alcanzar al presente y mirar al futuro. Y esta transformación no puede limitarse a la Secretaría de Gobernación, tienen que extenderse a todo el Poder Ejecutivo Federal. Es imposible que el presidente acuerde directamente con 17 secretarios de Estado y el Procurador, además de tener un Jefe de Oficina y atender directamente a varios de los titulares de los organismos descentralizados (Instituto Mexicano del Seguro Social, Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, entre otros); el número es inmanejable y esto se refleja en una deficiente conducción.
La lógica detrás de las controvertidas coordinaciones de sector que implantó al inicio de su Administración Vicente Fox era la acertada: identificar a todas las dependencias involucradas con una tarea (seguridad pública, desarrollo social, economía, etc.) y reagruparlas bajo un mando único (los coordinadores de sector, como Adolfo Aguilar Zinzer, en Seguridad Nacional; y José Sarukhán, en Desarrollo Humano) que coordinara sus esfuerzos y acordara con el presidente. Lo que falló fue su implementación, pues Fox los dejó en el peor de los mundos posibles al no haber plasmado sus responsabilidades en la ley y seguir acordando con su gabinete legal y ampliado. Otra idea en la dirección correcta era la desaparición de la Secretaría de la Reforma Agraria y la fusión de la banca de desarrollo (Nafin y Bancomext), lamentablemente nunca las concretó.
Lo cierto es que hoy perdura una estructura construida a retazos (cada presidente de acuerdo a sus devaneos creaba una instancia, algunas simplemente sirven para permitir los acomodos políticos, como la Secretaría de Turismo) y otras sirven más para el control político (como la Reforma Agraria) que para satisfacer una necesidad administrativa.
Al menos tres factores confluyen para hacer imperiosa la reforma a la administración pública federal: una, la irrupción de la pluralidad y la diversidad en la nueva realidad mexicana, así como, el surgimiento de una sociedad civil más demandante y vigilante; dos, el crecimiento desordenado de una aparato administrativo inmanejable e inoperante; y tres, la necesidad de transferir recursos del gasto administrativo al ámbito social y económico, el famoso plan contra-cíclico tendrá mejores resultados si el dinero se gasta en las áreas de mayores impactos.
Es el momento de aprovechar este ligero giro del presidente Felipe Calderón en los criterios para la selección de los integrantes de su gabinete (amplió su círculo íntimo de sus compañeros de campaña a sus compañeros de escuela), para impulsar una transformación más profunda y trascendental, pues en lo que sí tienen razón quienes piden el cambio por su añoranza por el pasado, es en que sin una cirugía mayor de la administración pública resultarán irrelevantes los vicios y virtudes de los integrantes del gabinete, pues carecen de los instrumentos y las herramientas para atender las crecientes y cambiantes demandas del servicio público.
Es un gran error continuar con una estructura construida para atender una realidad totalmente distinta a la actual y peor, todavía, sería continuar con los parches y modificaciones parciales. La Secretaría de Gobernación requiere una transformación, pero también la requiere toda la administración pública federal y ésta debe atender el presente y mirar hacia el futuro.
