Senadores votan y conversan durante la aprobación de la reforma judicial, que ahora pasa a los congresos estatales.
Dejan fuera de proyecto final cateos sin orden judicial.
Con la aprobación del pleno del Senado de la República a la reforma judicial, la minuta ahora será enviada a los Congresos estatales para su aval.
Ayer la Cámara de Senadores aprobó la reforma judicial con 71 votos a favor y 25 en contra. Los legisladores validaron la eliminación del párrafo 12 del Artículo 16 de la Constitución hecha por la Cámara de Diputados, por lo que se descarta la posibilidad de que los cuerpos policiacos realicen cateos sin orden judicial.
La reforma judicial, que fue enviada a los Congresos locales de todo el país, eleva a rango constitucional el arraigo para que un detenido pueda ser retenido hasta por 80 días para ser investigado, y crea el sistema de juicios orales.
Además, la reforma establece que la confesión no será una prueba, la prisión preventiva será una excepción y no la regla, y que el juez conocerá los hechos de manera directa en audiencias continuas y deberá estar presente al momento de dictar sentencia.
Para que sea aprobada la reforma judicial, debido a su carácter constitucional, requiere de la aprobación de 16 Congresos estatales. La última modificación a la Constitución ocurrió en 2007 con motivo de la reforma electoral, la cual en menos de un mes tuvo el aval de las legislaturas locales.
En el debate ayer en el Senado los grupos del PRI, PAN y PVEM sufragaron en favor del dictamen, mientras los legisladores del PRD, PT y Convergencia lo hicieron en contra.
El PRD se manifestó en contra por considerar que esta reforma representa un retroceso en la protección de garantías individuales y derechos humanos, que consideran, es totalmente persecutoria.
El senador perredista Ricardo Monreal afirmó que están en desacuerdo por aspectos como arraigo, el cual representa un secuestro de hecho.
Otro aspecto es la definición de delincuencia organizada que se hace en la nueva legislación, que el PRD estima, es una definición tan vaga que puede usarse de manera política contra organizaciones sociales.
Una más, es la extinción de dominio, la cual, advierte, el PRD se viola el principio de presunción de inocencia. La senadora Rosario Ibarra pidió someter a votación la suspensión de la minuta, sin embargo, fue rechazada.
El panista Ulises Ramírez, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, reiteró que aceptan suprimir el párrafo en el que se avalaba el allanamiento sin una orden judicial, para que los medios de comunicación y las organizaciones sociales no digan que el Senado “tiene oídos sordos”.
En el dictamen aprobado se indica que el Senado no insiste en hacer modificaciones pues se interrumpiría el procedimiento en la reforma y se dejaría para el siguiente periodo, lo cual no sería conveniente.
El pasado 25 de febrero el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la reforma judicial tras suprimir la posibilidad del allanamiento policial sin la orden de un juez.
