Aplicar la pena de muerte a secuestradores, como lo propuso recientemente el gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, enfrenta complicaciones jurídicas pues va contra la Constitución y tratados internacionales firmados por México.
En los últimos años, México ha eliminado gradualmente la pena de muerte. Fue removida del fuero militar en 2005 y apenas en junio pasado fue borrada de la Constitución.
Expertos entrevistados señalaron que incluso una reforma constitucional para regresar la pena de muerte iría en contra de compromisos internacionales.
“México abolió recientemente la pena de muerte. En este momento hay un compromiso internacional del Estado mexicano de no restablecer la pena de muerte”, dijo Carlos Naterem, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Añadió que en el caso de Coahuila, la aplicación de esta pena sería inconstitucional.
“Coahuila también está sujeta a las prohibiciones internacionales”, dijo Javier Dondé, del Instituto Nacional de Ciencias Penales.
