Viene de la uno...
Hasta ahora todo se ha mantenido de manera discreta pues nadie ha confirmado haber contratado los servicios de ese grupo, que son carísimos, pero las sospechas apuntan al equipo del alcalde José Ángel Pérez, quien tendría con esto una asesoría de primer nivel. ¿Será verdad o será rumor?
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A unos días de que le den “caput” al Distribuidor Vial Revolución no hay noticia de las acciones judiciales contra los que deben pagar los platos rotos. Se recordará que en varios medios se comentó la quiebra de empresas involucradas en la malograda obra, pero luego la constructora Acolsa desmintió tal versión y demostró que sigue existiendo. Ahora, nuestros subagentes en la Ciudad de México comentan que la empresa Cordina, encargada de supervisar la obra y señalada como una de los responsables, anda en plan fantasmal, pues no aparece por ningún lado en los registros de la Secretaría de Economía. Lo último que se supo de la empresa fue que cinco personas que habían sido empleadas en la obra del DVR de repente aparecieron cobrando en la Secretaría de Obras Públicas de la actual Administración estatal. Pero de ahí en más, la empresa no aparece y en los dominios del procu Jesús Torres Charles no parecen muy interesados en seguirles la huella, pues hasta ahora no han informado de nada. Don Jesús se dedica a refritear la versión de que se seguirá adelante con la demanda civil para determinar responsabilidades. Nuestros subagentes comentan que en el Gobierno del Estado les cae de maravilla el hecho de que las empresas anden perdidas pues pueden preparar el terreno a la posibilidad, cada vez más cercana, de que nadie va a pagar los platos rotos, excepto, naturalmente, el pueblo de Torreón.
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Las autoridades de Gómez Palacio salieron muy selectivos a la hora de dar información de vital importancia para la ciudadanía. Así sucede con los estudios que realizó el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Gómez Palacio sobre la presencia de arsénico en el agua potable. Según el director del Sideapa, José Campillo, el agua de seis pozos está por encima de la norma, pero ahora no quiere decir ni cuáles son los niveles de contaminación. En el colmo del descaro, don José ni siquiera quiso decir cuál era el pozo cuyas cantidades de arsénico calificó de “muy altas”. Dicen que quieren hacer pruebas para estar seguros de cómo está la cosa, pero no deja de ser irresponsable guardarse los datos como si la presencia de arsénico en el agua no tuviera repercusiones. Como se sabe, la contaminación por arsénico se da porque el agua se tiene que bombear a profundidades mayores debido al abatimiento de los mantos, lo que en esta Comarca es causado por la explotación irracional de agua para uso agrícola. Y cuál no fue la sorpresa de nuestros subagentes que hurgan en los registros de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) al encontrar que la familia de don José tiene no menos de 20 concesiones de pozos para uso agrícola, casi la mitad del número total de pozos que abastecen el agua potable de Gómez Palacio. Esto es sólo una muestra de cómo el problema del agua toca intereses por todos lados. Pobre Gómez Palacio, tan dejado de la mano de Dios.
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Una fea balconeada le dieron al diputado panista por Torreón Jesús de León Tello, con la revelación de que es un alumno avanzado de la escuela del Jefe Diego Fernández de Cevallos. Resulta que don Chuy, como lo hacía el Jefe Diego en sus épocas de Senador, realiza el difícil acto acrobático de litigar y cobrar en la nómina legislativa al mismo tiempo. Por ahí circulan versiones de que el legislador fue contratado por el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, en su demanda contra un casino de la localidad, que fue clausurado el año pasado por faltas administrativas. Pero los empresarios del juego, nada tontos, corrieron a esta ciudad a sacar un amparo en el Juzgado Cuarto de Distrito para que pudieran seguir operando. Ante esto, las autoridades del municipio neoleonés se hicieron de un equipo de abogados que tiene entre sus filas al despacho que tiene don Chuy con su padre y su hermano Francisco. El diputado se defiende afirmando que es su hermano el que trae el caso, pero que él no tiene nada qué ver, aunque sí se involucra en otros asuntos del despacho. Para fortuna del abogado-diputado, en su Cámara tienen congelada desde hace dos años una iniciativa de ley para evitar la práctica de litigante-legislador que popularizó el “Jefe Diego”, de modo que siguen saliendo alumnos avanzados. Por cierto, a don Diego no le fue nada mal con ese sistema.
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Los hermanos Moreira andan haciendo el uno-dos para jalarle las riendas a los calefactos aspirinos a una diputación local. Primero fue el gober Humberto el que leyó la cartilla a sus secretarios para que le bajaran a la especulación y definieran qué querían hacer. Luego apareció el hermano cómodo Rubén con que no hay nada definido y la selección de candidatos será hasta dentro de un mes. Pero al margen de los nombres que nuestros subagentes ya estaban barajando, la especulación no sólo gira en torno a los que buscarán calentar una curul durante tres años, sino también a los que sustituirán a aquellos elementos del “Gobierno de la Gente” que pasen de la liana ejecutiva a la legislativa. Entre los secretarios que se apuntan está el de Finanzas, Jorge Torres, de Seguridad Pública, Fausto Destenave. Y ya pintan algunos escenarios para cubrir las vacantes en esos puestos estratégicos. Por el manejo de la cartera se dice que el gober Moreira apoya al secretario de la Función Pública, Ismael Ramos Flores, pero el hermano Rubén trae en mente a la subsecretaria de Egresos, María Esther Monsiváis, que tiene fama de dura. El subsecretario de Planeación, Javier Villarreal, también suena, pero se dice que el gober quiere dejarlo en el puesto para que le saque más jugo a la chamba de sacar planes y proyectos a futuro. En cualquier caso, lo importante es que el dinero se maneje de forma eficiente y transparente, cosa que hasta ahora no se ha dado, por los retrasos en el pago de obras y la incapacidad de la Secretaría de Finanzas para publicar sus cuentas. En cuanto a la cartera de Seguridad Pública, que ha sido el azote de Coahuila en los últimos dos años, la delantera la trae el subsecretario Ricardo Martorell, quien fue director de los centros de comunicación (C4) y tiene fama de discreto y poco dado a las habladurías, a diferencia de su jefe. En La Laguna, la incógnita se mantiene sobre le sucesor del vicegobernador de Desarrollo Regional, Eduardo Olmos, que al parecer ya amarró el distrito 12. Si la Suprema Corte tumba la secretaría de don Lalo al resolver la controversia que puso el Municipio, pues no habrá problema. Pero si la sostiene, habrá que buscar un nuevo vicegobernador y ahí de plano la caballada está flaca.
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