La semana pasada, el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, le dijo a uno de nuestros subagentes que la situación de seguridad en La Laguna era “manejable”. Quién sabe a qué Laguna se refería el responsable de la política interior del país porque una semana después un grupo armado “levantó” al jefe del Grupo Antisecuestros, Gerardo Valdés Segura, y eso como que indica que la situación no es manejable. Pero en la Federación no parecen darse por enterados, pues siguen sin ver a la Comarca Lagunera como “foco rojo”. El secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, dejó plantados por segunda ocasión consecutiva a alcaldes de todo el país reunidos en Torreón a un congreso de seguridad pública y mandó a un subordinado que prefirió huir de los medios antes de que le preguntaran cómo veía la situación en la Comarca. El general Marco Antonio González Barreda, nuevo jefe de la Región Militar, brilla por su ausencia y parece que todavía está estudiando los mapas de la región. En el Gobierno de Coahuila las cosas no parecen estar mejor. A la Procuraduría de Justicia le secuestraron, en poco más de un año, a dos comandantes del grupo contra el crimen organizado y la respuesta, del gober Humberto Moreira para abajo, no es más que palabras y lamentos, en lugar de acciones y arrestos. En Durango, el Gobierno Estatal prefiere seguir una política “de avestruz” y en Torreón, Gómez Palacio y Lerdo, las policías municipales ven, impotentes, un aumento de robos y asaltos por parte de gente que aprovecha el río revuelto. En todo esto, el gremio empresarial anda preocupado pues ahora nadie va a querer hacerse cargo del llamado “Grupo Especial” que combatía la extorsión y el secuestro, pero su proverbial incapacidad para la unidad hará más difícil exigirle cuentas a los diversos niveles de Gobierno. La falta de información sobre la situación real de seguridad en la Comarca ha contribuido a generar la “psicosis” de la que tanto se habla y a la que tan poco se combate.
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Y en esto de la seguridad, en los Gobiernos de Coahuila y Torreón han de pensar como el secretario de Gobernación, pues no dudan en meter la política al tema más importante para la región. Ya se había visto con la bronca de la compra de patrullas y ahora se vio con la instalación del nuevo Centro de Control de Crisis. Resulta que la Secretaría de Seguridad Pública estatal anda atrasada para terminar el famoso C-3, que le metieron el acelerador para conectar al servicio de emergencias 066, que está a cargo del Municipio. Pero los encargados del 066 andaban ocupados haciendo sus propios arreglos que no tuvieron chance de conectar el cable. Nuestros subagentes disfrazados de policías comentan que todo el numerito fue por puras “grillas”. Por ahí se dice que el jefazo del 066, Bernardo Espinosa, andaba apurado haciendo unos ajustes al servicio a tiempo para presumirlo a las autoridades municipales y mandos policiacos que vinieron a un congreso nacional que trató, precisamente, de respuestas a emergencias. Las malas lenguas dicen que el director del Centro de Comunicación del Estado, Eduardo Sánchez Arriaga, se quiso aprovechar del atareo en el 066 para exigirles su conexión al C-3, sabiendo que no iba a ser posible, para demostrar que el Municipio no era capaz de manejar el servicio de emergencias. Quién sabe si esto sea verdad o rumor, el caso es que durante un día, el 066 tuvo que estar prácticamente dictando los reportes de emergencias, con lo que se hubieran perdido valiosos minutos en la respuesta a un hecho grave. Claro que las autoridades quisieron zafarse con el argumento de que como no pasó nada grave, pues no hubo problema, como si los sucesos graves se anunciaran con anticipación.
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Ya empezó la ola de renuncias de funcionarios públicos que practican el deporte nacional de brincar de un cargo a otro. En Torreón siete regidores y síndicos, es decir, el 40 por ciento del Cabildo, pidieron licencia para saltar a una diputación local cuando todavía les queda un año y cinco meses para terminar el cuatrienio. Pero como seis de esos regidores son del PAN, resulta que el blanquiazul desmanteló a 60 por ciento de su representación en el Ayuntamiento. Con esto, el alcalde José Ángel Pérez busca consolidar a su grupo en el PAN municipal, de modo que no le importó rebajar el Cabildo en aras de su proyecto político. Es probable que algunos de los regidores regresen al cargo si pierden la elección interna o la constitucional, pero como el Congreso no puede darle posesión a los suplentes hasta que las renuncias sean definitivas, el Cabildo de Torreón chambeará los próximos meses con once miembros más el alcalde. Si resultan igual de eficientes que con 18 ediles (cosa que no debe ser muy difícil) habrá que preguntarse por qué el sufrido pueblo mantiene a tantos supuestos representantes en la nómina, cuando lo único que buscan es una “liana”.
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La desbandada estuvo igual a nivel estatal, con nueve alcaldes, todos del PRI, pidiendo licencia, lo cual significa que casi una cuarta parte de los municipios se quedaron sin alcalde de la noche a la mañana: Matamoros, Viesca, Saltillo, Parras, Piedras Negras, Jiménez, Frontera, Monclova y San Buenaventura. Al parecer, al hermano cómodo y jefazo del PRI, Rubén Moreira, no le importó dejar los municipios igual de desmantelados que el Cabildo de Torreón, pero aquí también el proyecto político parece ser más importante. Fue sorprendente ver cómo los curulecos del Congreso local trabajaron con una eficiencia nunca antes vista para tramitar rápido las licencias. En La Laguna el alcalde de Matamoros, Raúl Onofre va prácticamente amarrado al distrito 7, con el alcalde de Viesca, Mario Alcocer como suplente, lo cual significa que éste podría regresar a la nómina municipal, pero por lo pronto tiene que separarse para la campaña. Esto vuelve más descarada la licencia pues no se explica por qué un alcalde, que fue electo por el pueblo y al que le queda año y medio al frente del Municipio. En la peronera capital, Fernando “El Diablito” de las Fuentes también se lanzará de diputado y el secretario de Finanzas, Jorge Torres, llegó a terminar el periodo. Pero la renuncia más sonada fue la del secretario de Gobierno, Homero Ramos Gloria. A su relevo entró Armando Luna, que fue abogado del “Gobierno de la Gente” y luego del PRI y, por cierto, uno de los arquitectos de la defensa jurídica de la vicegubernatura de Desarrollo Regional. En cuanto a don Homero, nuestros subagentes comentan que será lanzado a una diputación plurinominal, con lo que se enfila a ser el próximo pastor del rebaño tricolor en el Congreso. Todos los renunciantes dijeron que se iban por “motivos personales” y no electoreros, lo cual dio mucha ternura, pues esperan que al menos un alma caritativa les crea semejante cuento.
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Luego de una sesión “express” que duró sólo tres minutos, el Cabildo de Gómez Palacio regresó a las andadas con otra sesión en la que sólo hicieron como que trabajaban. A la sesión del jueves sólo faltaron tres de quince regidores, lo cual ya es un avance, pero en la reunión le dieron trámite a dictámenes de sólo una de las 25 comisiones del Cabildo, la de Desarrollo Urbano, que traía asuntos de rutina. Por lo menos hubo algo de debate, pero los ediles gomezpalatinos deben seguir pensando que las cosas están tan bien en la ciudad que las sesiones sólo sirven para aprobar cambios de uso de suelo. Por ahí se comenta que el alcalde Ricardo Rebollo anda medio molesto con los ediles, aunque ya dijo que no es “su papá” para decirles que se pongan a trabajar. El problema es que dan mala imagen, aunque a veces se la merecen.
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