La propuesta para establecer la pena de muerte que soltó el gober Humberto Moreira la semana pasada acaparó titulares y le valió algunas apariciones en medios nacionales, pero luego se apagó y quedó en una más de las propuestas para combatir el delito que pasan por descabelladas porque ignoran toda la realidad detrás que hay que arreglar, específicamente cómo le van a hacer para agarrar a los malos, que es donde empieza el problema. Lo mismo pasó cuando se empezó a hablar de la cadena perpetua. También ocurre con otra idea de don Humberto para que los policías estatales tengan las mismas armas del Ejército, la cual ya fue vista con recelo porque podría abrir la puerta a abusos pues la Policía no está entrenada para manejarlas. La idea de la pena de muerte ni siquiera agarró tracción en el PRI del gober Moreira y por ahí se comenta que ni su vecino duranguense, Ismael Hernández Deras, le compró la propuesta. La realidad es que ninguna de las ideas de mano dura que se manejan será viable si antes no se reforman a fondo las corporaciones policiacas y los sistemas judiciales, pero a eso nadie le quiere entrar en serio porque eso es un poquito más difícil que andar dando declaraciones, además de que para algunos, sería como escupir para arriba.
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Los que sí se pusieron las pilas en su parte que les toca del Acuerdo Nacional para la Seguridad fue la Comisión Federal de Telecomunicaciones al presentar una iniciativa para meter en cintura a las empresas de telefonía celular y que elaboren registros puntuales de los teléfonos que venden y que son aprovechados por los malandros para extorsionar y conducir secuestros, con la garantía de que nadie los va a ubicar. La iniciativa exige un registro de teléfonos móviles y la identificación de cada uno de ellos, pero los diputados del Congreso de la Unión, tan cansados de no hacer nada, ya se dieron su primera semana de vacaciones y ni se han enterado de su existencia. La iniciativa lleva dos semanas dormida en la Comisión de Comunicaciones de la Cámara Baja, donde nuestros subagentes reportan la presencia de un curuleco coahuilense, el priista Jericó Abramo Masso, quien además es aspirino a la alcaldía de la peronera capital. En el Senado tampoco están enterados de tal iniciativa, y en la Comisión de Comunicaciones de esa cámara a veces se aparece el senador panista por Durango, Andrés Galván. Ahí está una iniciativa concreta sobre la que los legisladores pueden empezar a trabajar, para combatir delitos que, en el caso de la Comarca Lagunera, hacen estragos en el tejido social. Pero eso también es mucho pedir porque significa que los legisladores se tendrían que poner a trabajar y eso va contra su naturaleza.
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El aeropuerto de Lerdo lleva ya tres semanas clausurado por el Ejército, lo que ya comienza a levantar sospechas sobre la supervisión que el Gobierno de Durango tiene sobre ese aeródromo de su propiedad. La explicación inicial era que el permiso de operación de la pista estaba vencido y estaban tramitando uno provisional ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ya sabemos que en este país la burocracia está dura y se mueve despacio, pero tardarse tres semanas para sacar el papel, como que no checa, cuando el gestor era el Gobierno Estatal. Nuestros subagentes comentan que, en efecto, el Gobierno de Durango sacó un permiso provisional, pero sólo para que pueda aterrizar el avión del gober Ismael Hernández Deras, pues se reporta que los soldados le quitan los costales que obstruyen la pista para que pueda bajar, lo cual refleja los beneficios que da la nómina. Según el Gobierno de Durango, el permiso ya está y se permitieron aprovechar la clausura para hacer unos “arreglitos”. Hasta ahora el administrador del aeropuerto no ha dicho nada, entre otras cosas porque no se ha parado en varios días y nadie sabe dónde está, lo cual también podría ser causa del retraso en la liberación de la pista. Mientras tanto el Ejército no dice nada y las malas lenguas empiezan a hablar.
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Luego de que los “ipecos” laguneros se lanzaran duro contra la Procuraduría de Justicia de Coahuila y demandó correr a todos los agentes del Ministerio Público en La Laguna porque de plano no pueden combatir el alza de delitos, el Procu Jesús Torres Charles se dejó venir a Torreón para reunirse con los revoltosos miembros del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada. La delegación de la Procu se defendió con el argumento de que las víctimas de delitos no denuncian, lo cual es entrar en un debate de la gallina y el huevo: los delitos no se denuncian porque el MP no resuelve y el MP no resuelve porque los delitos no se denuncian. El Procu, por su parte, vino a decir que iba a “tomar cartas en el asunto” y a “seguir de cerca” el caso, todo lo cual sugiere que en los últimos tres años no ha tomado cartas ni seguido de cerca el asunto, es decir, que le ha valido. La realidad es que el MP es muy dado a soltar ladrones que caen una y otra vez en manos de la Policía, que ya casi los considera viejos amigos. Esa es la realidad de la procuración de justicia que tiene que resolverse antes de andar proponiendo castigos.
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Al parecer en la Presidencia Municipal de Torreón sólo entiende a periodicazos, pues de otra forma no se explica que de la noche a la mañana se haya arreglado el alumbrado de varios sectores de la ciudad; notablemente el Periférico, luego de señalamientos sobre el pésimo estado de la iluminación urbana. Pero cualquier esperanza de que ya se trabajaba en una solución al problema, se desvaneció días después cuando se volvió a apagar el Periférico y resultó evidente que buena parte de la ciudad permanecía a oscuras. Así que si el director de Servicios Públicos, Heriberto Martínez pensó que con una “manita de gato” se iba a arreglar el problema, estaba equivocado. Don Heriberto sigue “dobleteando” de presidente interino del PAN municipal y nuestros subagentes infiltrados en el blanquiazul comentan el enojo de algunos militantes que no se explican por qué el alcalde José Ángel Pérez, le permite mantener las dos chambas cuando es evidente que el alumbrado es una de las causas del aumento de delitos en la ciudad. Nuestros subagentes tampoco se explican por qué los panistas siguen permitiendo tal situación y no exigen a don Heriberto que se ponga a hacer su trabajo.
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Los pocos funcionarios que quedan trabajando en la vicegubernatura de Desarrollo Regional ya se contagiaron de la fiebre de poner bordos que hasta ahora aquejaba a la Administración municipal. Unos latosos “moderadores de velocidad” empezaron a aparecer la antigua carretera a San Pedro, que pasa por la zona industrial de Torreón. Pero lo más absurdo es que los bordos, según esto para proteger a los peatones, fueron puestos debajo de un puente peatonal. Los autores de la obra la hicieron sin empacho y sin avisarle a nadie, ni siquiera al Municipio. En la vicegubernatura niegan que hayan sido ellos, pero nuestros subagentes comentan que los bordos son de su autoría, pues ahora se andan inventando este tipo de cosas porque tienen que hacer como que trabajan, cuando en realidad andan más ocupados en la temporada electoral. Se dice que el director de una escuela en ese lugar los pidió y a estas alturas el vicegobernador encargado del changarro, Miguel Ángel Riquelme, tiene que complacer cualquier pedido para ganar simpatías. En el Municipio andan furiosos con el asunto de los bordos (que en este caso pueden ser llamados “de la gente”), aunque por otro lado ojalá les sirva de lección para que vean lo ridículo que resulta poblar la ciudad con estas cosas dignas de ranchos grandes.
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