La problemática ha llegado a tal grado, que ya algunos pobladores contemplan la posibilidad de que la reserva ecológica deje de ser municipal y sea estatal, ante lo que consideran una actitud parcial del Ayuntamiento, que ha apoyado a la asociación civil Biodesert.
La Asociación Civil de la Sierra y Cañón de Jimulco tiene 2 presidentes. Sin embargo, uno de ellos apoya la administración de Biodesert y el otro la rechaza.
La Asociación Civil de la Sierra y Cañón de Jimulco tiene dos presidentes, ambos con documentos que los avalan. Sin embargo, uno de ellos apoya la administración de Biodesert y el otro la rechaza.
“Nos interesa que se solucione el conflicto laboral porque a final de cuentas está afectando la operación de la reserva ecológica”, dijo Rodolfo Walss Aurioles, secretario del Ayuntamiento.
Lo que inició como una diferencia entre Biodesert y el director de la reserva, Arturo Orona, ha terminado por separar a quienes conforman la Asociación Civil de la Reserva. La problemática ha llegado a tal grado, que ya algunos pobladores contemplan la posibilidad de que la reserva ecológica deje de ser municipal y sea estatal, ante lo que consideran una actitud parcial del Ayuntamiento, que ha apoyado a la asociación civil Biodesert.
Gerardo Jiménez, presidente consejero de Biodesert, consideró que se trata de un problema laboral interno que surgió a raíz de la remoción de Arturo Orona como director de la Reserva, que éste no aceptó y por lo cual, renunció a seguir colaborando con ellos, saliendo con él su hermano Alfonso. La justificación del retiro de Orona como director es que no cumplía con las funciones del puesto, sino que se dedicaba a “hacer grilla”.
A esta versión, Arturo Orona agregó que se le quitó el cargo porque comenzó a denunciar irregularidades en el convenio que firmó Biodesert con el Ayuntamiento, como el que la asociación debía presentar un presupuesto de egresos a la comisión de Ecología según la cláusula cuarta del convenio, cuya copia tiene El Siglo de Torreón, que rechaza haber revisado cualquier asunto financiero de Jimulco.
Otro punto en el convenio es que el director de la Reserva deberá ser avalado por mayoría de votos en asamblea general de la asociación civil de ejidatarios de la Sierra y Cañón de Jimulco, un procedimiento que también debe seguirse para removerlo, de acuerdo a la cláusula sexta del convenio, que posteriormente se contradice al otorgar a Biodesert la responsabilidad directa en la designación del director y su remoción en base a evaluaciones de su desempeño.
En la cláusula décima segunda del convenio, se expresa que toda determinación importante que se tome relacionada con la administración y manejo de la Reserva en la medida que afecte a los intereses de los ejidatarios dueños de los terrenos, deberá ser consultada con la asociación civil de ejidatarios antes de ser ejecutada. Al respecto, miembros de la asociación civil de ejidatarios coinciden en que no se les informa lo suficiente. Sin embargo, no se establecen sanciones en caso de incumplimiento del convenio.
Gerardo Iván García Colmenero, regidor de la comisión de Ecología, dijo que ya escucharon comparecencias de los Orona, de la Asociación Civil de la Reserva y de Biodesert, pero la comisión no tiene claro aún quién es el presidente legítimo de la asociación de ejidatarios, pues tanto Efrén Calderón como Cutberto Olguín tienen documentos que les acreditan como presidentes.
Efrén Calderón rechaza la continuidad de Biodesert en la administración de la Reserva y Cutberto Olguín los apoya. Olguín fue presidente unánime y Calderón era su suplente desde hace dos años hasta que en asamblea en octubre del año pasado, nueve de los 16 delegados acreditados (son 23 en total pero sólo 16 están acreditados y fueron 13 los que acudieron a la asamblea) decidieron removerlo.
Cutberto Olguín creyó en su destitución, por lo que no convocó a nueva asamblea, sino que solicitó al presidente del Consejo de Vigilancia, Pascual Díaz, que lo hiciera y que los ejidatarios refrendaran su presidencia. No obstante, Díaz también había sido removido por acumular tres faltas consecutivas, de acuerdo a los Estatutos de la Asociación Civil de Posesionarios de las Superficies de la Reserva Ecológica Sierra y Cañón de Jimulco, de las cuales, también tiene copia este medio.
“Los ejidatarios tienen a dos personas que demuestran ser los presidentes en base a documentos, y tanto Biodesert como los Orona dicen que los apoya la mayoría de los ejidatarios, así que tenemos la propuesta de hacer una consulta en cada ejido de la reserva para preguntarle a la gente si quiere o no a Biodesert”, explicó García Colmenero.
Por su parte, Walss Aurioles consideró que no existen las condiciones para una negociación y aseguró que el Municipio no tiene problemas con la forma de desempeñarse de Biodesert en términos financieros.
“Nosotros estamos en contacto con los ejidatarios, con Arturo Orona y con Biodesert para mediar el asunto, lamentablemente hay una postura cerrada en Arturo”, manifestó.
Para Walss, no hay argumentos de violación del convenio celebrado entre el Municipio y Biodesert. Dijo que se establecen “candados” como la obligación de tener un contador y la revisión de la Tesorería, la Contraloría y la comisión de Ecología.
“No es un dinero que se dona para que ellos lo apliquen para cualquier cuestión que ellos consideren”, comentó. Desde el punto de vista legal, Walss Aurioles explicó que la declaración de Jimulco como Reserva Ecológica estatal es posible, sin embargo, señaló que ello conllevaría conflictos entre el Estado y el Municipio.
Efrén Calderón aseguró que no se trata del dinero y señaló que si el Municipio así lo quiere, recurrirían a un despacho de la confianza de las autoridades, para que les manejen los programas. Sin embargo, una parte de los ejidatarios insiste en que el Municipio no ha sido neutral en el conflicto.
Iván García Colmenero señaló que se tendrá otra comparencia con Biodesert, pues los consejeros no llevaron consigo pruebas de que los ejidatarios les apoyan.
“Estamos analizando todo, hay puntos no válidos de los ejidatarios en cuanto a la transparencia porque sabemos que los consejeros de Biodesert tienen toda una trayectoria y son investigadores de respeto, pero estamos checando, vamos a reunirnos nuevamente la próxima semana, para nosotros lo más importante es que la reserva siga adelante”, comentó.
La comisión de Ecología del Cabildo está integrada por tres regidores del PRI y cuatro del PAN, entre ellos, García Colmenero. No obstante, el regidor dijo que se evitará politizar el asunto de Jimulco para que el proyecto se mantenga.
FALTAN MECANISMOS EFICIENTES DE INFORMACIÓN
Lourdes Romero, estudiosa de los procesos sociales y quien fuera “asociada invitada” de Biodesert, consideró que en la Reserva ecológica faltan mecanismos eficientes de información y comunicación, ante un esquema organizativo que se debe revisar.
Explicó que en el convenio no se garantiza el aval de quienes viven aquí, además de que los programas sean diseñados con su activa participación, por lo que considera urgente reformar el reglamento y enumerar algunos de los factores que identificó como los grandes desafíos que ahora tienen los habitantes de la reserva, sus líderes y sus organizaciones.
Un punto es hacer frente a los conflictos al interior y exterior de la reserva; evitar la proclividad a los arreglos clientelares auspiciados por las pugnas políticas en las esferas del Gobierno; impulsar programas de capitalización que aseguren la productividad y que ofrezcan una alternativa real de sostenimiento para las familias.
También propone afianzar los lazos de solidaridad para transformarlos en un activo capaz de coadyuvar a superar los niveles de marginación y exclusión social que predominan actualmente; promover programas de educación ambiental que abonen al cambio cultural requerido para consolidar los objetivos conseguidos hasta ahora y que, de igual manera, coadyuven al pleno involucramiento de la población en los programas de la reserva.
Finalmente, expone la necesidad de poner especial atención en la formación de jóvenes profesionales en las áreas que requiere la conservación según señala el plan de manejo.
