A unas cuantas semanas de que desaparezca esa aberración llamada Distribuidor Vial Revolución (DVR) y luego de más de un año que circuló el último vehículo por sus viaductos, la ciudadanía se sigue haciendo la misma pregunta: ¿Quién o quiénes son los responsables de los errores en la construcción de lo que se presentó como la magna obra del sexenio del ex gobernador Enrique Martínez en La Laguna?
Cuando el actual gobernador, Humberto Moreira, estaba en campaña, y todavía semanas después de asumir su cargo, prometió que realizaría un estudio para revisar las condiciones estructurales del DVR, que llevaría a cabo una investigación para señalar y sancionar a los culpables de las fallas que se especificaran, y que, por último, repararía la obra o construiría una nueva, según se recomendara en el citado estudio. En lo primero y en lo último, el Gobierno de Coahuila sí cumplió; en lo segundo, todavía está por verse.
Por la forma en la que se desarrolló el caso —el cual detonó desde el sexenio pasado a raíz de los trágicos accidentes que cobraron la vida de dos personas y las publicaciones de El Siglo de Torreón—, todo apuntaba a una responsabilidad compartida entre varios funcionarios del Gobierno Estatal y las empresas que participaron en el proceso de proyección, construcción y supervisión de la obra.
Conforme fue avanzando la actual Administración, la atención se concentró cada vez más en el aspecto del estudio y las recomendaciones hechas por los ingenieros de la Universidad Autónoma de Nuevo León, las cuales terminaron por acatarse, como ya sabemos: el DVR sería demolido y se construiría un nuevo complejo vial, totalmente diferente. El aspecto legal, poco a poco fue desapareciendo del discurso oficial.
En principio se habló de interponer denuncias penales contra ex funcionarios de la Secretaría de Urbanismo y Obras Públicas, de la cual Jorge Viesca era el titular cuando se hizo el DVR, y presentar demandas civiles contra las empresas Acolsa (constructora), BM (proyectista) y Coordina (supervisora).
Luego de meses de especulación la Procuraduría de Justicia del Estado integró la averiguación previa penal en la que únicamente señalaba a un responsable por parte de los ex servidores públicos: Manuel Gómez Parra, quien se desempeñó como subsecretario de Caminos y Puentes durante el sexenio de Martínez. El ex titular de la Secretaría y el ex gobernador quedaron fuera del proceso.
A la par del proceso penal, que se sigue en el Juzgado Primero Letrado de Saltillo, la Secretaría de la Función Pública inició un proceso administrativo contra otras dos personas que trabajaban en la Secretaría de Urbanismo, de las cuales no se dijo su nombre. También de este procedimiento fue excluido Jorge Viesca. Hasta el momento, de ambos procesos se desconocen sus avances.
Respecto a las demandas civiles contra las empresas, desde el año pasado el Gobierno Estatal viene anunciando que las va a presentar, pero hasta ahora eso no ha ocurrido y la ciudadanía ve con impotencia cómo con cada pedazo que cae del DVR, desaparece también la justicia.
A estas alturas, para algunos el cuestionamiento que titula y da entrada a este artículo resulta ocioso, toda vez que ya se encuentra en proceso de edificación el Sistema Vial Revolución, con el cual el Gobierno de Humberto Moreira pretende sustituir al DVR. Pero hay un detalle: los recursos de que dispone el actual Ejecutivo Estatal para enmendar las fallas de su antecesor provienen del erario público, es decir, de los impuestos que pagan los ciudadanos.
Creo que nadie puede objetar el hecho de que se utilice el dinero público para hacer obras que beneficien a la comunidad, pero resulta francamente absurdo e irritante que la ciudadanía tenga que pagar por que se derribe una obra que está mal hecha y por que se construya otra en sustitución. En una república o estado en donde prevalezca el respeto a la Ley, la lógica en este tipo de casos debe ser muy simple: que paguen los responsables, porque sencillamente no cumplieron con su trabajo como y cuando debían.
Independientemente de cómo se resuelva este asunto, se va a sentar un precedente. De la Administración de Humberto Moreira depende si ese precedente es negativo o positivo.
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