“Libertad es el derecho de vivir sin hipocresía”.
José Martí
Hace algunos días el empresario Alfredo Harp Helú difundió y publicó un desplegado en los periódicos en el que describía el calvario de Alejandro Martí, padre de Fernando, el joven de 14 años secuestrado y asesinado por la llamada banda de la flor. En el escrito Harp pronunciaba un “Ya basta” para los actos de violencia que han agraviado a tantas familias mexicanas. Días después el Consejo Coordinador Empresarial colocó también en los periódicos un desplegado en el que ofrecía su propia exigencia a las autoridades para actuar contra la ola de delincuencia que sufre nuestro país.
Me pregunto si a Harp y al CCE se les hubiera sancionado en caso de haber contratado no páginas de diarios sino espacios de radio y televisión para su protesta. El artículo 41 de la Constitución, el 49 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y el séptimo del Reglamento de Radio y Televisión del IFE prohíben la contratación por cualquier persona física o moral de “propaganda” en radio y televisión –mas no en periódicos, revistas o Internet— “dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular”.
¿Sería permisible contratar tiempo de radio y televisión para exigir a las autoridades que tomen medidas para combatir el secuestro? Estas exigencias a los distintos órdenes de Gobierno pueden, por supuesto, influir sobre las preferencias electorales de los ciudadanos. Bien lo entendió Andrés Manuel López Obrador en 2004, cuando descalificó la gran manifestación contra la inseguridad pública como una marcha de “pirruris” e hizo todo lo posible por disminuir su impacto político.
¿Cuál sería la actitud del actual IFE, que desde que se aprobó la nueva ley electoral ha preferido pecar del lado de la censura que de la libertad de expresión? El IFE castigó un anuncio en que el Frente Amplio Progresista invitaba a los ciudadanos no a votar sino a acudir al Zócalo para una asamblea que discutiría una estrategia contra la reforma petrolera del presidente Felipe Calderón. Sancionó también al Partido Acción Nacional por difundir un spot que cuestionaba la toma de las tribunas del Congreso de la Unión. Y censuró el uso de la expresión “presidente legítimo” de los anuncios del FAP para referirse a Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué no habría el IFE de censurar un anuncio del CCE o de un ciudadano como Harp Helú en que se exige a gobiernos electos cumplir con su principal responsabilidad, la de proteger a los ciudadanos?
Uno de los argumentos que los legisladores utilizaron para prohibir los anuncios políticos de “personas físicas o morales” en radio y televisión es que buscaban evitar la dictadura del dinero. No sabían, quizá, que un anuncio en radio puede costar muy poco, incluso sólo 20 pesos en algunas estaciones en ciudades pequeñas, una cifra miles de veces inferior a la que cobran por desplegados los grandes diarios y revistas del país.
Otro argumento es que con la nueva legislación se eliminaba la “espotización” de la política. El resultado, sin embargo, ha sido reducir toda la propaganda de los partidos y candidatos en radio y televisión a spots de unos cuantos segundos de duración. La ley, de hecho, ha prohibido la contratación de espacios prolongados como los que usó Andrés Manuel López Obrador en 2006 para presentar sus propuestas en detalle.
La Suprema Corte de Justicia habrá de juzgar en algunas semanas si es legal que se prohíba la contratación de tiempos de radio y televisión para expresar ideas políticas. Pero los dados están fuertemente cargados en contra de las demandas de amparo de organizaciones ciudadanas. Tradicionalmente la Corte ha considerado que cualquier enmienda de la Constitución es legal siempre y cuando sea aprobada con el procedimiento que la propia Carta Magna prescribe. Poco importa lo que contenga. Sería constitucional, me dicen, aun cuando ordenara la ejecución de todas las personas de una determinada etnia.
Muchos mexicanos no se dan cuenta de lo mucho que hemos perdido con esta nueva y restrictiva legislación. Dejar a los políticos el monopolio de los mensajes políticos en radio y televisión es muy preocupante, especialmente porque no hay forma de definir qué puede o no influir sobre las preferencias electorales. Muy bajo ha llegado una sociedad en la que, al parecer, ya no se puede lanzar un “Ya basta” desesperado ante los homicidios, secuestros y robos que sufren los ciudadanos.
CONSEJEROS
Me llama el consejero Marco Gómez para decirme que es falso, como lo publicó el periódico Reforma, que él haya retado a golpes a su colega Arturo Sánchez en una sesión del Comité de Radio y Televisión del IFE. “Sí hubo retos, pero yo no los hice”, me dice y continúa: “Las discusiones en el comité se han vuelto muy álgidas por la falta de recursos”. El IFE pidió originalmente un presupuesto de 8,613 millones de pesos, pero el Congreso lo recortó a 7,967 millones, con instrucciones de no afectar las prerrogativas de los partidos. Los legisladores también aprobaron una reforma electoral que dijeron ahorraría dinero, pero el IFE pidió por ella un aumento a su presupuesto de 1,453 millones. Hacienda sólo concedió 350 millones de pesos. La consecuente falta de dinero parece haber llevado a que los consejeros se reten a golpes como niños de secundaria.
