El EPR asegura que la publicitada lucha contra la delincuencia representó la nueva campaña de Felipe Calderón, después del fraude y su imposición en busca de legitimidad. (Archivo)
Aseguran que el Gobierno busca justificar su brutal respuesta policiaco-milita rrepresiva ante los ojos del país y el mundo.
Para la dirigencia del Ejército Popular Revolucionario (EPR), la presencia y las acciones de los Zetas (grupo paramilitar que hasta hace unos meses estuvo al servicio del Cártel del Golfo) y de las Maras (pandillas de origen centroamericano aparentemente ligadas a cárteles de la droga) son fenómenos “sobredimensionados a más no poder por el Estado Mexicano, como parte de una estrategia del aparato de inteligencia”.
Esta estrategia tiene, según el EPR, dos fines: “evadir la responsabilidad directa del Gobierno con respecto al presunto daño social que cause el personaje o el grupo, y justificar su brutal respuesta policiaco-militar represiva ante los ojos del país y el mundo”.
En el número 106 de su órgano informativo El Insurgente, la comandancia general del EPR analiza diversos temas del contexto nacional. En uno de los artículos titulado “Maras y Zetas, mitos grotescos”, aborda la manipulación del estado mexicano y su aparato de seguridad en torno a agendas sensibles como la del combate al crimen organizado.
El EPR acusa que “el minimizar o magnificar con dolo, es el camino previo a la justificación de la implementación de políticas, programas y medidas en el ámbito económico, político y social, que siempre son equivocadas e injustas para la mayoría de los trabajadores del campo y la ciudad”.
Los eperristas definen el punto central de su análisis al señalar que de lo que hablan es de “recreaciones gubernamentales que van desde la más “sutil” mentira hasta engendrar de manera perversa grotescos mitos, dentro del contexto de deterioradas y polarizadas relaciones de producción que se encuentran aparejadas con el encono y la creciente descomposición social que prevalece en toda la geografía nacional”.
Efectivamente, dice el EPR, “nos estamos refiriendo a personajes o grupos sobredimensionados (maras o zetas) a más no poder por el Estado mexicano, como parte de una estrategia del aparato de Inteligencia”.
La dirigencia del grupo subversivo destaca que “una vez vendida la idea del crecimiento incontrolable de la delincuencia organizada y permeado lo suficiente el terreno de la opinión pública, el Estado le declara supuestamente la guerra al crimen organizado por medio de una campaña policiaco-militar bajo los preceptos de seguridad del Gobierno estadounidense, violando flagrantemente los más elementales derechos humanos, las garantías y derechos constitucionales”.
En el fondo, dice el EPR, estas son “campañas de operación fascista, por la implantación de estado de excepción y carácter contrainsurgente por el control y sometimiento que se pretende hacer de la población”.
El EPR asegura que “la publicitada lucha contra la delincuencia representó la nueva campaña de Felipe Calderón, después del fraude y su imposición en busca de legitimidad ante un amplio movimiento de masas que lo rechaza a una sola voz y el repudio no organizado con que se topaba en los diferentes eventos y regiones del país”.
Dicha campaña “policiaco-militar” siguió la línea de “criminalizar la protesta social y estigmatiza como terrorista a los luchadores sociales y revolucionarios”, añade el EPR.