Después de la influenza y el síndrome del cubrebocas en el país, nuestra ciudad, Torreón, nunca se apartó de lo "normal": balaceras, enfrentamientos, narcomantas, "levantones", secuestros, policías baleados, muertes entre mafiosos y al paso, de civiles.
Sin olvidar que un día asaltan un banco y al otro también. Ahora, que la crisis de salud se distensó, volvemos a recordar duramente nuestra realidad con los sucesos violentos de esta semana: persecuciones, balaceras, asesinatos. Habrá que volvernos a preguntar: ¿Será que ya nos acostumbramos a la "normalidad"? ¿Será que como sociedad ya cedimos, y por lo tanto, dimos por perdidos esos espacios? Porque si no es así todavía, eso parece.
Dentro del marasmo que todo esto conlleva, en la semana sucedió lo ya se espera tiempo atrás: la destitución de 302 policías. Unos por no acreditar los exámenes de confianza, otros por abusar de la misma, y otros más por delinquir; lo cual constató, la gravedad y profundidad del problema. Si bien, la decisión del presidente municipal, José Ángel Pérez Hernández, llega un tanto tarde, no podemos dejar de reconocer la transcendencia de la misma, pero sobre todo, la necesidad inevitable de tomarla.
La contundente decisión del Alcalde, es sin duda, una buena señal para los ciudadanos, y también una bocanada de aire fresco para la vulnerada institución de Seguridad Pública Municipal. Por otro lado, la decisión verifica una vez más, lo que era ya de conocimiento público: una Policía infiltrada, indisciplinada, organizada, no para defender a los ciudadanos, sino para actuar en contra de ellos.
¿Digo algo nuevo que no describa a otras corporaciones de seguridad en los tres niveles de Gobierno?
Por diferentes violaciones a los reglamentos, ordenamientos y como declaró el edil, "por haber incurrido en actos de conducta y acciones reprobables indignas de su investidura que lastiman a nuestra sociedad", fueron destituidos, sin derecho a indemnización, los policías.
La descripción de los hechos y las responsabilidades, muestran la dimensión, y más aún, la facilidad con la que las instituciones encargadas de resguardar la seguridad de los ciudadanos, se vuelven contra ellos. Desde prácticas como extorsión, consumo de drogas, sabotaje y daños al equipo satelital GPS de las patrullas, robos, lesiones e incluso secuestros, son algunos de los delitos imputados a los ex policías.
Por lo menos 8 policías cesados, fueron acusados de participar en secuestros. A la lista hay que sumar 55 más señalados por cometer robos y lesiones con violencia; 38 por sabotear el equipo satelital de las patrullas; 26 comandantes y mandos medios encargados de coordinar la vigilancia y el patrullaje en diferentes sectores de la ciudad.
A pesar de las vicisitudes del edil, que no han sido pocas ni menores, no hay que escatimar méritos a la decisión de Pérez Hernández, de hecho, este es el tipo de acciones que los ciudadanos quisiéramos ver con más frecuencia, pero también, este es el Alcalde que quisiéramos ver más seguido.
La decisión del miércoles pasado, sienta un precedente en el país, y aunque ya habíamos sabido de destituciones y depuraciones en la Policía de otras partes de la República, ninguna tiene la magnitud de la sucedida en Torreón.
De cierta manera, uno puede plantearse a la luz de los hechos locales: ¿por qué otros Gobiernos no han realizado una depuración similar, y si no lo han hecho, estarán dispuestos a hacerlo?
Al final, la tarea que viene, es larga y compleja, y la otra cara de la moneda, no le corresponde al Gobierno, sino a los ciudadanos. Porque así como están las cosas, las alternativas para mejorar la situación en torno a los problemas de la seguridad, necesitan de la confluencia de los ciudadanos, no del abandono.
Por ejemplo, el triste hecho de que 78% de los mexicanos considera que es el Gobierno quien debe solucionar los problemas, y sólo un 16%, piensa que la sociedad es corresponsable (Encup, 2008), refleja que los ciudadanos no se perciben como agentes de cambio, y que por lo tanto, no son parte corresponsable de la seguridad. Esta crisis no sólo se trata de armas y fuerza, sino del compromiso y la colaboración que los ciudadanos decidan.
Es importante reconocer que, es desde la perspectiva económica y particularmente desde el mercado de trabajo, que hoy se cuestiona el papel del sistema educativo.
El acceso al conocimiento y a determinadas competencias (y no sólo el acceso a la escuela) es visto como el elemento decisivo para participar activamente en los nuevos procesos productivos; por este motivo, el tipo de conocimiento o de competencia que desarrolla la educación, pasa a ser un problema central. De ahí que, el tema toral para todos los que estamos involucrados en la educación, sea la evaluación.
Siendo la educación una práctica social y la evaluación una de sus determinaciones sociales, es que debemos abordarla desde distintos aspectos: ideológicos, sociológicos, pedagógicos, psicológicos y técnicos.
Porque evaluar es valorar, tiene connotaciones ideológicas ya que tiene que ver con concepciones histórico-sociales que predominan en el contexto actual.
Tiene connotación sociológica porque se relaciona con la promoción, con el fracaso escolar, con el éxito, con la deserción, con el proceso de enseñanza-aprendizaje; y por ende, se desarrollan en un clima donde la ambigüedad, el caos, el desorden y los conflictos, están presentes, formando parte de las instituciones escolares.
Tiene connotación pedagógica porque tiene peso en la conducta de los diferentes actores sociales involucrados en el currículum.
Cuando la evaluación es estudiada como instrumento de selección, puede transformarse en una práctica clasificatoria y etiquetadora, en donde las investigaciones psicológicas han demostrado lo importante que es para el sujeto la imagen que los otros tienen de él.
Tiene connotación técnica, porque es necesario repensar y recrear instrumentos idóneos y confiables que enriquezcan el proceso de enseñanza y de aprendizaje, lo cual determina que el problema técnico dependerá y estará condicionado por los otros aspectos.
Se puede definir a la evaluación como el proceso sistemático de recolección y análisis de la información, destinado a describir la realidad y emitir juicios de valor sobre su adecuación a un patrón o criterio de referencia establecido como base para la toma de decisiones.
Construir una cultura evaluativa implica incorporar a la evaluación como una práctica cotidiana que realizan todos y afecta a la institución en su conjunto, no ya para sancionar y controlar sino para mejorar y potenciar el desarrollo de sus miembros.
El problema sigue siendo que para la mayoría de los profesores evaluar significa: hacer pruebas, aplicar exámenes, revisar resultados y adjudicar calificaciones; cuando lo que están haciendo es solamente medir el aprovechamiento escolar.
La calificación adjudicada por medición, aún cuando se dé con absoluta justicia, sólo indica cuánto sabe el alumno (cuánto logró memorizar), pero nos deja totalmente ignorantes de qué sabe, qué no sabe, cómo lo sabe, gracias a qué sabe lo que sabe y qué utilidad le encuentra a lo que sabe. De aquí que la sola calificación, sirva tan poco en educación y sea tan estéril para orientar el Proceso Enseñanza-Aprendizaje. Evaluar significa entonces, analizar (junto a los alumnos), los resultados obtenidos de la aplicación de diferentes instrumentos de evaluación, que nos permitan operativizar el PEA con criterios de calidad, con indicadores, reguladores, errores, aciertos, juicios, operaciones, valoraciones, etc.
El enfoque que debe prevalecer en todo proceso de evaluación holística, es aquél en el que se tome en cuenta todos los sujetos que intervienen en el PEA:
1° Los sujetos que evalúan; sus intereses, posiciones, formación y visión. Centrándonos en los objetivos, metas y valoraciones del personal docente, sin soslayar los aspectos políticos, filosóficos y/o administrativos con los que se desempeñan.
2° Los sujetos evaluados; sus intereses, expectativas, temores, cambios en patrones de conducta, actuación en el aula, sus marcos referenciales, sus filias y fobias, sus metas, sus modos de relacionarse y socializar, así como la forma en que éstos visualizan a su institución.
3° Los sujetos que administran el proceso (aspecto pocas veces contemplado), con sus intencionalidades, formación, formas de control, sus modos de actuación en el contexto político-administrativo, sus metas, etc.
Si definimos a la evaluación como: "El conjunto de operaciones que tienen por objeto determinar y valorar los logros alcanzados por los alumnos con respecto a los objetivos planteados en el currículum"; implícitamente, sin objetivos específicos de aprendizaje, no es posible evaluar, por falta de puntos de referencia para manejar el criterio de logro.
Al evaluar el logro de objetivos de aprendizaje, estamos intentando retroalimentar la totalidad del sistema con información que nos permite modificar y afinar la planeación, en una constante optimización del rendimiento y buscando siempre la eficacia del proceso.
La evaluación se relaciona con los procedimientos de enseñanza y su selección, mediante distintos indicadores de preferibilidad que muestran nuestros alumnos, lo que nos señala, qué y cuáles experiencias de aprendizaje tienen o han tenido mejor aceptación y por ende mayor rendimiento.
De esta manera, la evaluación ya no puede reducirse a una práctica que realizan unos, (normalmente con autoridad o poder) sobre otros. Evaluar implica valorar y tomar decisiones que impactan directamente en la vida de los otros. En tal sentido, es una práctica que compromete una dimensión ética, no siempre tomada en cuenta y asumida como tal.
