Si el 5 de julio será crucial, no menos lo va a ser el 6. La noche de ese domingo se sabrá si la operación propagandística-militar-electoral albiazul surtió efecto, la mañana del lunes se perfilará el costo político de esa aventura.
Al caer el domingo se sabrá si la pinza Gobierno-partido apretó lo suficiente para prensar a la Oposición con el crimen, y al amanecer del lunes surgirá la duda de si el calderonismo cuenta con un desarmador para aflojar la situación política. Y es que, más allá del argumento del presidente Felipe Calderón presentando el combate al crimen como una política de Estado, será imposible negar que el dirigente Germán Martínez intentó hacer su agosto electoral en julio, equiparando a la Oposición con el crimen.
La sopa de letras preparada por el partido albiazul quizá concluya en un batidillo cocinado por el Gobierno. Si el panismo le apostó a confundir la elección con la disyuntiva de estar con o contra el crimen, la Administración sustantivó la idea con la estratagema anticriminal. Combinar esa estrategia electoral con operativos policiaco-militares fue y es poner la fuerza del Estado detrás de un partido. Esta vez, a la compra de votos se sumó la intimidación de éstos.
El 5 de julio desaparecerá la incertidumbre electoral, el 6 de julio aparecerá la incertidumbre política.
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Si los primeros intentos por mezclar la elección con el crimen organizado dejaron entrever por dónde correría la campaña panista, la declaración del secretario Gerardo Ruiz Mateos -advirtiendo del peligro de que el próximo presidente de la República fuera un narco- confirmó la estrategia partido-Gobierno.
Con todo, no hay por qué asombrarse. Si de la Guerra Sucia echó mano el foxismo, por qué no iba a hacer lo mismo el calderonismo.
Si el foxismo usó el Estado de Derecho como ariete para golpear primero y derrotar después a su principal adversario en la anterior elección presidencial, el calderonismo usó la fuerza del Estado para socavar el repunte de su principal adversario en la actual elección legislativa. En eso se cimienta la continuidad y el pragmatismo panista en la Administración federal.
Puede argüirse que Vicente Fox y Felipe Calderón tienen estilos muy distintos, sí pero están hechos de lo mismo. Las encuestas los subyugan, las elecciones los entusiasman y el poder los atrae, aunque no lo conquisten. Lo suyo son las campañas espectaculares, no los gobiernos comprometidos.
Y en eso, hay que decirlo, el anterior y el actual mandatario son exitosos: ganan elecciones aunque después no sepan qué hacer con el triunfo como tampoco con el desastre político que dejan.
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Lejos de poder ofrecer resultados positivos en el ámbito del empleo, la educación, la salud, la obra pública o, incluso, la seguridad pública, el calderonismo echó mano de las pinzas para atenazar política y crimen para ver si así se conseguía frenar el avance opositor en las urnas. Sin saber cuántas curules eso le reportará, desde ahora se perfila el costo político de esa operación.
Usar de manera discriminada la información de inteligencia para favorecer o perjudicar a tal o cual gobernador sobre la base de su filiación partidista y su "espíritu de cooperación", revela la tentación de pervertir aquella supuesta política de Estado contra el crimen en favor de una estrategia electoral.
Llevar sin pulcritud el combate al crimen al campo político, deteniendo a 10 presidentes municipales, esto es, funcionarios electos por el voto popular, es otro síntoma de esa perversión. El dicho del secretario Fernando Gómez Mont afirmando que el arresto fue "resultado de exhaustivas investigaciones" choca con el arraigo de los detenidos. Si así fue, lo consecuente era consignarlos e informar cómo esos alcaldes traicionaron a la ciudadanía para servir al crimen.
Se asoma el costo político del uso de la fuerza del Estado contra la Oposición porque resulta injustificable que el dirigente Germán Martínez aparezca, ahora, como el portavoz de los operativos policiaco-militares próximos a emprenderse en tal o cual entidad y que el presidente del Senado, Gustavo Madero, acuse hasta ahora, en plena temporada electoral, de protector del narco al gobernador de su estado, José Reyes Baeza, sin más prueba que su dicho y su manifiesto interés por sucederlo.
Se advierte el costo en la vulneración de los principios que fincan la República. Si todo eso constituye una política de Estado y no una estrategia electoral, Acción Nacional ya puede tener por ideólogo y estratega a cualquier inspector de Policía.
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No se trata desde luego de defender a alcaldes y gobernadores que probablemente, por acción u omisión, colaboran con el crimen. Sí se trata de exigir que una política tan cara a la ciudadanía, como lo es abatir la corrupción y la connivencia de la política con la delincuencia, no se pervierta dándole un uso electoral.
Cuando los intereses nacionales se someten a las ambiciones electorales, quien pierde es la nación. Usar políticas, órganos e instrumentos del Estado para ganar curules o arrebatarlas a la Oposición es repetir la historia de la imposibilidad de realizar un país más democrático, más justo y más desarrollado. En eso no ha habido alternancia ni alternativa, el panismo empata al priismo.
¿Cuál será, esta vez, el costo político de la aventura electoral del calderonismo? No es fácil saberlo. Electoralmente es difícil determinar si Acción Nacional acrecentará su bancada en San Lázaro. Políticamente, quizá, el costo no sea tan elevado porque, esta vez, su principal adversario está marcado por un pragmatismo que resbala agravios y sana heridas por módica indemnización, y está encabezado por una dirigencia que rehúye confrontarse con el calderonismo. De seguro, el priismo exigirá alguna recompensa y persistirá en la idea de regresar a Los Pinos, dentro de tres años.
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Lo obvio es que, al amanecer del lunes 6 de julio, la soledad del calderonismo será tan grande como la incertidumbre política.
Lastimados los frágiles puentes políticos fincados, dependiente del respaldo de la fuerza para sostenerse, radicalizada por voluntad y por necesidad la tendencia autoritaria, susceptible a las crecientes presiones de grupos de interés, débil en el campo diplomático por errores y arrebatos, tocada por el discurso antiterrorista sin vigencia, la Administración tendrá que hacer malabares para llegar al término del sexenio y entregar una Administración que, aun hoy, no configura un Gobierno.
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