"La Suprema Corte de Justicia de la Nación
Podrá nombrar a alguno o algunos de sus
Miembros [
Algún hecho o hechos que constituyan una grave violación de alguna garantía individual."
Artículo 97 constitucional
Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazaron ayer el proyecto del ministro Sergio Aguirre Anguiano y votaron por iniciar una investigación sobre el incendio del 5 de junio en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora.
Lo hicieron a sabiendas de las limitaciones que el Artículo 97 de la Constitución impone a estas investigaciones; de que éstas sólo pueden versar sobre violaciones a las garantías individuales producto de un acto de autoridad; de que los hechos del 5 de junio ya están siendo investigados por las autoridades competentes; de que las acusaciones contra los presuntos responsables, ya bajo proceso, son por homicidio culposo o imprudencial, porque pudo haber habido negligencia, pero no la actuación dolosa de una autoridad que parece indispensable para que exista una grave violación a las garantías individuales; y de que la Corte puede investigar los hechos, pero no convertirse en Ministerio Público y presentar acusaciones en contra de presuntos responsables.
Los riesgos que está asumiendo la Corte son enormes. Casi cualquier resultado de la investigación provocará nuevos ataques al máximo tribunal y a sus ministros. El hecho de que se haya recurrido a la Corte en este caso, sin embargo, subraya el carácter casi mágico que está empezando a adquirir este tribunal, en un ambiente en el que no se le tiene ya confianza a la justicia ordinaria.
La verdad es que la razón por la cual este caso ha llegado a la Corte Suprema es emocional más que jurídica. Nadie está acusando a ninguna autoridad de haber prendido fuego a la guardería ABC para provocar la muerte de 49 infantes. No hay en ese sentido una violación a las garantías individuales. La información disponible sugiere que las disposiciones de seguridad en la guardería no eran suficientes, pero además que muchas de las reglas que sí existían no se aplicaban cabalmente. Tanto los operadores de la guardería como las autoridades supervisoras parecen haber sido omisos en la aplicación de las reglas de seguridad.
Pero la guardería ABC no era ni es la única institución pública o privada en el país que no aplica disposiciones de seguridad adecuadas. Basta con caminar por las calles de nuestras ciudades, arriesgando la vida ante autos que se lanzan sobre los peatones cuando éstos tienen derecho de paso, o entrar a casi cualquier edificio público o privado, para darnos cuenta que la seguridad no es algo que importe a las autoridades o al pueblo de México. Si el incumplimiento de las normas de seguridad es una violación grave de las garantías individuales, preparémonos a meter a la cárcel a la mitad de la población.
Me preocupa que la Corte investigue un caso que está ya bajo proceso en los tribunales ordinarios. ¿Qué investigación vale? ¿La de la Corte o la del Ministerio Público? ¿Y qué pasa si el caso ordinario llega a la Corte por la vía de amparo? ¿Podrán juzgar los ministros aquello que ya han investigado?
Algo positivo puede venir de la investigación, sin embargo, si de ella surge una mayor conciencia que nos lleve como sociedad a tomar medidas para mejorar las disposiciones de seguridad, no sólo en las guarderías del IMSS sino en todas las demás instalaciones públicas y privadas del país, el esfuerzo habrá valido la pena. Pero yo lo dudo.
La Corte no sólo ha decidido investigar la muerte de 49 niños en la guardería ABC de Hermosillo sino el mismo procedimiento de subrogación de guarderías por el IMSS. Pero si los ministros deciden que este esquema no es constitucional, ¿quién dará servicios a los cientos de miles de niños que hoy están en guarderías subrogadas? ¿Piensan acaso los ministros que las guarderías no subrogadas tienen mejores condiciones de seguridad?
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