MÉXICO, DF.- Al igual que los consejeros del IFE, los magistrados del Tribunal Electoral responsabilizaron al Congreso de la Unión de ser omisos y no dar elementos a la autoridad electoral para sancionar a los servidores públicos que violan la legislación en la materia.
Durante la discusión sobre la violación del gobernador de Oaxaca Ulises Ruiz a la Ley, al promover su imagen con recursos públicos en el proceso electoral, los jueces electorales calificaron la reforma electoral de 2007 como incompleta.
Explicaron que la Constitución establece prohibiciones a los servidores públicos en periodo electoral, pero que en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales omitieron incluir a las autoridades de los poderes de la Unión, gobiernos locales, municipales y del DF en la lista de infracciones.
Es decir, sólo aparecen, candidatos, partidos, personas físicas o morales, observadores electorales, incluso extranjeros.
"El Instituto tiene las atribuciones de investigar, de analizar si algunas de estas conductas desplegadas resultan contrarias a derecho, pero la Ley no prevé un catálogo de sanciones a los funcionarios públicos por parte del IFE", explicó María del Carmen Alanís, magistrada presidenta.
El martes, los consejeros electorales hicieron el mismo reclamo, pues el IFE encontró culpable al gobernador de Morelos, el panista Marco Antonio Adame, de violar la legislación electoral al publicar propaganda electoral en periodo de veda, pero al no tener facultades para sancionarlo directamente, sólo se dio vista a la Auditoría Superior del Estado, por lo que exhortaron al Congreso a resolver este vacío.
Ayer, los magistrados indicaron que en este proceso electoral se han presentado casos similares, donde se cometen violaciones graves a la Ley, pero ante la imposibilidad de imponer una sanción pecuniaria a los funcionarios, se hacen interpretaciones subjetivas, que no siempre son coincidentes entre quienes aplican la Ley.
