Nuevo nombre. El presidente propuso que la SFP a cargo de Salvador Vega Casillas pase a ser la Contraloría General de la República. ARCHIVO
La "desaparición" de la Secretaría de la Función Pública (SFP) sólo será un adelgazamiento que la devolverá a su configuración original de principios de los 80.
Entonces se llamaba Secretaría de la Contraloría General de la Federación (Secogef) y estaba a cargo de Francisco Rojas, actual líder priista en la Cámara de Diputados.
La iniciativa del presidente Felipe Calderón para desaparecer a la SFP contempla mantener buena parte de las funciones sustantivas de la dependencia, pero ahora a cargo de un órgano que se llamaría Contraloría General de la República (CGR), cuya posición en el organigrama de la administración pública sería similar a la de una Secretaría de Estado.
La CGR sólo tendría 16 facultades generales, en vez de las 31 que tiene la SFP.
Cuando el presidente Miguel de la Madrid creó la Secogef en diciembre de 1982 sólo tenía 18 facultades, básicamente las mismas con las que ahora se quedaría la CGR: vigilar situación patrimonial de funcionarios, investigar y sancionar responsabilidades administrativas, auditar a dependencias, e intervenir en compras y arrendamientos.
En realidad, el Ejecutivo federal sólo propuso quitarle el manejo de cuatro temas a lo que actualmente es la SFP. Los órganos y unidades responsables de dichos temas solicitaron para 2010 un presupuesto de 354.5 millones de pesos, equivalentes a 27 por ciento de los recursos requeridos por la SFP.
La política inmobiliaria federal, que pasaría a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), es el área más importante.
La Ley de Bienes Nacionales asigna a la SFP un total de 21 facultades en materia de conducción de la política inmobiliaria federal, que al cierre de 2007 incluía más de 112 mil inmuebles, entre ellos casi 66 mil templos religiosos y más de 28 mil bienes de todas las dependencias y poderes federales, lo mismo edificios que autopistas y plantas eléctricas.
La iniciativa no dice qué pasaría con el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin), único órgano desconcentrado de la SFP, que tiene 452 plazas laborales, seis direcciones generales, delegaciones regionales en todo el país, y pidió 125.3 millones de pesos para 2010.
Los otros tres temas que no manejaría la CGR serían: Gobierno digital, mejora de la gestión pública y Servicio Profesional de Carrera. Los dos primeros pasarían a la Presidencia de la República, mientras que el último también iría a la SHCP.
La SFP cuenta con tres unidades para manejar estos asuntos, mismas que solicitaron para 2010 un presupuesto por 229.2 millones de pesos, que equivalen a 17.4 por ciento del total que requeriría la dependencia de seguir existiendo.
En el tema de sanciones a funcionarios, la CGR mantendría la facultad de aplicar castigos hasta de suspensión por 15 días.
Las sanciones más serias quedarían en manos del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que tiene esa atribución desde 2007, pero no ha podido ejercerla porque falta reformar la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas.
