Resulta significativo que lo más interesante del proceso electoral que ayer llegó a su punto culminante haya sido, no las promesas de los candidatos a diputados federales, ni las descalificaciones dentro y fuera de los partidos, sino la emergencia con fuerza de una voz que hasta hace poco se escuchaba tenue y dispersa.
Más allá de la discusión acerca de la abstención reflexiva y el voto nulo intencionado -el recuento de esta semana arrojará alguna luz sobre la penetración que tuvieron ambas contracampañas- un sector de la ciudadanía ha logrado articular una agenda de propuestas que, si bien no son nuevas, constituyen por vez primera un corpus de demandas mínimas de la sociedad hacia "sus representantes".
A la par de los argumentos a favor de una manifestación de castigo a los partidos políticos en las urnas, circularon en Internet a lo largo de la campaña mensajes en los cuales se hablaba de la disminución del número de diputados y senadores; la eliminación de los legisladores plurinominales; la reducción de sueldos y prestaciones de los integrantes del Congreso de la Unión; el recorte del presupuesto a los partidos; la aprobación de la participación de candidatos independientes en las elecciones; la derogación del fuero de los gobernantes, y la aplicación de figuras de consulta pública como el plebiscito y referéndum.
Además, en varias ciudades del país, incluyendo Torreón, se llevaron a cabo foros ciudadanos en donde se planteó legislar para que el "voto blanco" tenga un impacto real en los procesos electorales y que sea considerado como un factor para determinar si es necesaria una segunda ronda de votaciones.
La reflexión que deriva de estas propuestas es que para un creciente número de personas el actual régimen de partidos -gracias al cual detentan el monopolio de la toma de decisiones en la República- constituye un lastre para el avance de la democracia y relega a los ciudadanos a un papel secundario en la vida pública nacional. Yo diría que nos condena a una infancia perpetua en la que nuestro destino siempre dependerá de quienes controlan las estructuras de poder.
Ante esta situación, el alzamiento de voces disonantes que parecen cada vez menos aisladas y distantes entre sí, puede representar un germen de rebeldía. La ausencia de soluciones reales desde la cúpula para problemas tan graves ya como la inseguridad pública, el desempleo, el deterioro de los entornos natural y urbano y, en general, la disminución gradual de la calidad de vida y la estrechez de oportunidades de crecimiento, obligan a los más afectados por esos problemas a pensar en la incapacidad de los políticos de profesión. Y cuando la respuesta de estos últimos al reclamo popular es, en la mayoría de los casos, la hipocresía, el cinismo o la indiferencia, el hartazgo cobra forma de protesta.
Es aquí donde se puede abrir un hueco en el cerrado muro del ejercicio del poder, primero subordinando la agenda de los partidos a la de los ciudadanos y, segundo, conquistando para éstos espacios que aquéllos les tienen hoy vedados. Pero para que lo anterior ocurra es necesaria la participación consciente y constante de la sociedad, más allá de las urnas. La asociación de personas con intereses compartidos y la movilización en torno a causas comunes son pasos determinantes en la construcción de una verdadera agenda ciudadana.
En La Laguna existe hoy la coyuntura para -así como las propuestas divulgadas por la red durante las elecciones pasadas- plantear demandas puntuales a los lejanos gobiernos de Coahuila y Durango y a las descoordinadas administraciones de los municipios, y a partir de ahí generar mecanismos que frenen el despotismo y la negligencia con las que se han conducido hasta ahora ediles, diputados, y gobernadores.
Coordinación, probidad y eficiencia de los cuerpos policíacos; real transparencia en el ejercicio de los recursos y rendición de cuentas; cabal cumplimiento del periodo del cargo; planeación y disminución del impacto negativo de las obras públicas; homologación regional de normas y criterios; programas integrales y medibles de protección al medio ambiente y de combate a la pobreza; consolidación del Centro de Planeación Metropolitana; campañas permanentes de mantenimiento de infraestructura urbana, entre otras, son demandas que se han dejado escuchar en los últimos meses. Yo agregaría una más: legislar para, primero, establecer en los municipios una auténtica división de poderes y acotar así la desmedida injerencia que tienen hoy los alcaldes en las ciudades y, segundo, fortalecer la autonomía municipal.
Un buen pretexto para empezar a empujar algunos de estos y otros puntos es la elección del 18 de octubre próximo, en la cual se renovarán los 38 ayuntamientos de Coahuila. Comencemos, pues, a dar cauce a nuestro hastío, a construir alternativas y a forjar un futuro menos sombrío. Ahora es cuando podemos comenzar a imponer nuestra agenda, la agenda de los ciudadanos.
Argonzalez@elsiglodetorreon.com.mx
