Colocado el año próximo como el más crítico de los dos últimos 14 años en materia de ingresos para el país, el Gobierno le está tendiendo una alfombra a los sacadólares para el regreso de sus capitales
Borrón y cuenta nueva, pues, con tal de que los recursos se inviertan en el país en la coyuntura de la situación crítica de la economía.
La posibilidad obligó a enmendarle la plana a una primera resolución de la Secretaría de Hacienda expedida en mayo pasado, cuyo escenario convocaba sólo a los rendimientos obtenidos por los capitales golondrinos.
La reforma la habíamos previsto en este espacio hace unos días, tras documentar el fracaso estrepitoso del primer intento, dado, además, la presunción de que se trataba de una trampa para efectos recaudatorios, al soslayarse el anonimato del timbre fiscal.
El blanco apunta a 172 mil millones de dólares acumulados en diversas etapas críticas del país, que nacen con el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y crecen con la descomposición política provocada por los asesinatos del ex candidato presidencial priísta, Luis Donaldo Colosio, y el legislador electo Francisco Ruiz Massieu, para volverse catarata con la macrodevaluación del peso de diciembre de 1994.
El alud se mantuvo intacto tras la descomposición del estado de derecho que caracterizó al gobierno foxista, y la oleada incontenible de violencia del actual.
La enmienda de plana de la Secretaría de Hacienda apunta, de entrada, a la exigencia de que los capitales pagados se integren en instituciones financieras instaladas en el país, o por la vía de instrumentos de deuda emitidos por sociedades residentes en México o el propio banco central.
Ahora que para darle estancia formal a los recursos, se adquirirán timbres fiscales por el equivalente al pago del Impuesto sobre la Renta de los rendimientos obtenidos, en una proporción muy inferior a la tasa real, en cuyo entorno se colocaría el nombre de la persona física o la razón social de la empresa que realizó la expatriación.
Adicionalmente, en este último caso, se anotará el nombre del representante legal.
La base del tributo será sólo la parte de los rendimientos o ingresos que no hayan pagado el gravamen en México.
Sin embargo, se requiere documentar que se trata de ingresos exentos; si se había pagado ya parte del impuesto, o si no se trata de recursos gravables en el país.
El importe a repatriar podrá ser la totalidad o sólo una parte del capital depositado en el extranjero, sin distingo de qué parte corresponde al principal y cuál a los rendimientos.
De acuerdo a la reforma expedida el 26 de junio pasado por el jefe del Servicio de Administración Tributaria, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, la medida tiene como propósito único "estimular" a la economía del país.
Ahora que el Decreto se aplica a los capitales repatriados a México al margen de dónde se hubieran generado, es decir si realmente salieron del país o se obtuvieron en algún otro.
El ejercicio lo había ensayado con éxito la Secretaría de Hacienda durante la gestión de Pedro Aspe Armella, en la coyuntura de la renegociación de la deuda externa del país.
El propósito, en aquel entonces, era atraer los capitales que se fugaron durante el último año del gobierno del ex presidente José López Portillo, al fragor de las sucesivas devaluaciones de la moneda y la descomposición política del país.
¿Se acuerda usted de aquella frase pronunciada al calor del anuncio de la expropiación de los bancos en 1982: "Ya nos saquearon; no nos volverán a saquear"?
El regreso de los dineros idos se volvió tortuoso tras la amenaza del propio López Portillo de hacer pública la lista de sacadólares
La posibilidad del regreso de los capitales fugados se abre en un escenario en que la inversión extranjera directa al país ha caído a una tercera parte de lo normal; las inversiones en cartera están a la mitad del año pasado, y pocos inversionistas se arriesgan a apostarle a emisiones de deuda.
Alfombra roja para sacadólares.
En lo que presupone una hazaña inaudita, el Seguro Social lanzó las fanfarrias al vuelo para anunciar que en junio pasado se logró incrementar en 19 mil 245 (20 mil había redondeado el presidente Felipe Calderón), el número de trabajadores inscritos.
Según ello, el pellizquito implicó la superación del traumatismo originado por el colapso en la producción del país provocado por la contingencia decretada al exagerar la presencia de la epidemia de influenza.
Lo cierto es que entre abril y mayo hubo una pérdida de 100 mil 359 empleos.
Y lo cierto, además, es que en lo que va del año ésta alcanzó 268 mil 791 plazas, equivalentes al 1.91 por ciento de las registradas.
Ahora que al 30 de junio se habían perdido 317 mil 214 plazas permanentes.
NI FU NI FA Anunciada con bombo y platillo la presencia en México de una delegación de parlamentarios de todo el planeta afines a la causa de los steelwokers, encabezada por Jack Lagton de Canadá, para presionar a favor del líder del sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia, su paso por el país ocurrió de noche.
Aunque hubo reuniones con legisladores priístas y perredistas, el escándalo esperado no llegó.
Ahora que del otro lado de la mesa el Grupo México pagó desplegados en diversos medios en los que se acusaba a Gómez Urrutia de maniobras para reelegirse indefinidamente.
Más allá, se filtró, en afán de equilibrar la supuesta presión de los extranjeros, que éste ya pidió asilo a Canadá para permanecer indefinidamente en ese país
PURA FINTA Finalmente el escándalo en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción que amenazaba con un cisma, dada la magnitud de los recursos presuntamente desviados, derivó en la destitución del director general del organismo. El hilo, pues, se cortó por lo más delgado. La sospecha, empero, es que se evitó hacer más olas, dada la mala señal que se daría a los asociados de los organismos empresariales en tiempos difíciles.
Vamos, la desbandada sería de antología.
