Los procesos electorales normalmente catalizan los procesos y agudizan las percepciones, más cuando se celebran en condiciones tan adversas: con una severa recesión económica y una seria crisis de seguridad y, todavía por sí esto fuera poco, en medio de una pandemia mundial de influenza, que precisamente empezó en México. A esto hay que agregarle el bajísimo nivel de confianza en los partidos políticos, que en la última encuesta de evaluación de confianza en las instituciones de Consulta Mitofsky, aparecen en el último lugar, con una calificación de 5.6, sobre 10; y los diputados apenas los superan con 5.7.
El resultado de este coctel es por demás lógico: campañas electorales que no entusiasman a la ciudadanía y la expectativa, cada día más extendida de un abstencionismo histórico, que podría rondar por el 65%.
Por ello no es sorprendente que lo más destacado y llamativo del proceso electoral sea el llamado al voto de protesta por las más diversas voces, algunas con razones de peso y difícilmente rebatibles; y otras, más por resentimientos personales por haber quedado fuera de la contienda electoral.
En lo que todas las voces coinciden, incluso entre los analistas que se oponen al llamado, es que hay suficientes motivos para estar indignados contra la clase política mexicana y que es imperativo el cambio. Los únicos que desentonan son los dirigentes de los partidos políticos y las autoridades electorales.
El desencanto con el proceso democratizador en México empezó unos meses después de la euforia que provocó la alternancia en el Ejecutivo Federal. En un primer momento se conjugaron dos elementos: las elevadas expectativas en torno a la democracia y la alternancia; y las muy bajas respuestas del primer Gobierno panista. Unos meses después de la toma de posesión de Vicente Fox la frase "todos los políticos son iguales", se convirtió en lugar común.
Había razones para ello, pues prevalecían la ineficacia, ineficiencia y negligencia gubernamentales; afloraban escándalos de corrupción y no aparecían las sanciones; se conocían atropellos y abusos de autoridad y los gobernantes permanecían impasibles. A pesar del desplome de presidencialismo metaconstitucional la ciudadanía no percibía o recibía los beneficios del Gobierno del Cambio y esto alimentaba el desánimo. Lo mismo sucedía en estados y municipios, la ciudadanía también vivía la alternancia en estos niveles; pero las diferencias entre uno y otro también resultaban imperceptibles.
Ante el descontento con la clase política, en algunos estados (Sonora y Yucatán) los legisladores aceptaron incorporar las candidaturas no partidistas. En Yucatán incluso llegó a ganar un candidato independiente a presidente municipal en el Municipio de Yobaín, en las elecciones del 20 de mayo de 2007. Sin embargo, la reforma constitucional de noviembre de 2007 cerró esa posibilidad, pues modificó el Artículo 116 para asegurarse que las "Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral" garanticen a los partidos políticos "el derecho exclusivo para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular".
Los partidos políticos se unieron en la consolidación y defensa de sus privilegios: un altísimo financiamiento público, acceso excesivo a radio y televisión y cerrar la puerta a la conformación de nuevos partidos. En éste, como en otros temas torales para la vida pública nacional, quedó claro que el Congreso era simplemente el lugar donde se reúnen los comisionados de los partidos para legitimar las decisiones previamente tomadas por las dirigencias partidistas.
Todavía para recalcar más el control de las cúpulas partidistas: en el presente proceso electoral, según datos del Comité Conciudadano de Observación Electoral, el 90% de las candidaturas fueron decididas por estas mismas dirigencias, sin la participación de los militantes y/o simpatizantes.
El sistema de partidos en México tiene estas características: detentan el monopolio de la postulación de candidatos a puestos de elección popular; las cúpulas partidistas (en algunos casos, como líderes de las fracciones parlamentarias) mantienen el control sobre los representantes electos; dependen del financiamiento público; viven una creciente burocratización de su vida interna; practican una política intensiva en capital; minimizan sus vínculos con la ciudadanía; y carecen de rendición de cuentas efectiva de los líderes de los partidos.
Anular el voto, depositar la boleta en blanco o votar por un candidato no registrado son parte de las opciones que el ciudadano tiene cuando acude a votar, tan legales y legítimas como las de sufragar por un partido político con registro. El voto de protesta o abstencionismo activo contribuye a la construcción de ciudadanía, pues involucra al ciudadano a participar en la vida pública a través de una acción informada y razonada. Dado el grado de descomposición del sistema de partidos y el nivel de cinismo de la clase política la única vía para sacudirlos y moverlos a cambiar el sistema es provocar una crisis y eso es lo que intenta el movimiento.
El riesgo es que, dada la improvisación y desarticulación del movimiento, éste no alcance la movilización suficiente para sacudir a la clase política, pero sí mueva a los ciudadanos más predispuestos a ello: que son los votantes más reflexivos sin una identificación partidaria permanente y que el efecto sea exactamente el contrario del que se busca: la consolidación de la fuerza electoral de los partidos con mayor voto duro y mayor capacidad de promoción del voto el día de la jornada electoral, entre los que se encuentra el PRI, que está a unos cuantos puntos porcentuales de conseguir la mayoría en la Cámara de Diputados.
