Cuando sonó de nuevo el teléfono directo de la presidenta del Tribunal Electoral de la Federación y se escuchó la voz que la amenazaba de muerte, María del Carmen Alanís no fue la única que pasó un momento difícil.
Las amenazas se habían vuelto habituales en los teléfonos del conmutador, pero tras la toma de sus instalaciones por el conflicto en Iztapalapa y la mentirosa alarma de bomba que obligó a desalojar las oficinas, que ahora las llamadas atemorizantes lleguen a las extensiones particulares de los magistrados y su presidenta implicaba un riesgo todavía mayor.
Los amagos de asesinato a los integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no fueron tomados a la ligera, y menos a unos días de los comicios de mitad de sexenio.
Ante la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República se abrió la averiguación previa 501/FEPADE/09 "en virtud de la amenaza de muerte a los Magistrados Electorales de la Sala Superior del Tribunal Electoral", según aparece en el expediente. Denuncia que se suma a las ya existentes por la invasión a sus instalaciones el 11 y 12 de junio, así como por la falsa alarma de bomba.
Nadie en el máximo órgano de impartición de justicia electoral ha querido hablar públicamente del tema ni mucho menos atribuir a alguna persona, grupo, corriente o partido las amenazas. Pero cada quien tiene en mente a ciertos responsables.
