"No juzgue usted nunca a la ligera y estará seguro de no equivocarse."
Jacinto Benavente
¿Quién era el dueño y administrador de los 55 millones de dólares que el Grupo México depositó en un fideicomiso bancario a favor de los mineros de Cananea: los propios mineros o el sindicato de Napoleón Gómez Urrutia? Ése es el meollo del asunto que está tratando de resolver el farragoso sistema legal mexicano. Los procesos en contra del líder minero son importantes no sólo por ver quién se queda finalmente con ese dinero, sino para definir el alcance de los derechos individuales de los trabajadores de nuestro país.
Este domingo los abogados del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana informaron que el octavo tribunal colegiado en materia penal había otorgado un amparo al líder contra, según dijeron, las órdenes de aprehensión giradas en su contra por los jueces 18 y 32 del Distrito Federal y segundo de Sonora por el presunto desvío de dinero que se encontraba en un fideicomiso a nombre de los mineros de Cananea. Los abogados afirmaron que el tribunal había determinado la inconstitucionalidad de estas órdenes de aprehensión porque el fideicomiso "se extinguió de manera correcta" y "no hubo delito alguno en ese proceso" (La Jornada, 23.03.09).
Este amparo, añadieron, haría que se suspendiera el proceso de extradición en contra del líder minero. Hasta el momento de escribir este artículo no ha habido ningún comentario de la Secretaría del Trabajo sobre el tema. Pero Agustín Acosta, abogado de un grupo de mineros que se ha querellado en contra de Napoleón, me dijo ayer que los abogados de Gómez Urrutia sólo buscan confundir a la opinión pública pues el proceso de extradición y varias órdenes de aprehensión siguen vigentes. Según Acosta, el juez octavo ha concedido un "amparo para efectos" y no uno "liso y llano".
Lo que ha hecho el juez es pedir que se restituyan los procesos que llevaron a varias órdenes de aprehensión: una en Sonora, otra en San Luis Potosí y otra más en el Distrito Federal. Es probable, me dijo, que los jueces de Sonora y San Luis Potosí opten por remitir el proceso al D.F., ya que el fideicomiso estaba radicado en la capital de la república, con lo cual se reiniciarían esos procesos; pero el juez 32 debería ratificar su fallo. Éstos son sólo los juicios en el fuero común, me dice Acosta, pero hay también una consignación del juez primero de distrito de procesos penales federales por violación del Artículo 113 bis de la Ley de Instituciones de Crédito que penaliza el traspaso indebido de fondos depositados en bancos. La petición de extradición incluye este juicio federal.
Podemos estar confundidos en el proceso, porque la legislación mexicana nos impide a los gobernados tener acceso a los expedientes a pesar de que los juicios por ley deberían ser públicos. Debemos conformarnos, por lo tanto, con escuchar los puntos de vista contrarios de las partes en el proceso.
En lo que no podemos estar confundidos es en la importancia del caso. El Sindicato Minero ha argumentado que tenía el derecho de tomar el dinero del fideicomiso constituido en Scotiabank Inverlat puesto que representa los intereses colectivos de los trabajadores. Los mineros representados por Acosta afirman que el dinero no era del sindicato sino de los mineros y que por lo tanto debió haber sido entregado sólo a los mineros que cumplieran con los requisitos para los beneficiarios, en particular haber trabajado para Minera Cananea en el momento de su privatización. Según ellos, el sindicato tomó el dinero, repartió algo a los mineros simpatizantes de Gómez Urrutia y dejó a los disidentes fuera del reparto. Además, utilizó otra parte del dinero para gastos que no tenían nada que ver con los mineros. Los principales sindicatos mexicanos, incluidos aquéllos que objetaron que Gómez Urrutia heredara la secretaría general del Sindicato Minero de su padre, Napoleón Gómez Sada, apoyan la lucha de Urrutia porque para ellos es muy importante asegurar que en un caso como el de la privatización de Cananea, en que Grupo México depositó una cantidad de dinero para los mineros, sea el sindicato el que tenga la potestad de representar a los trabajadores y decidir lo mejor para ellos. El que los mineros sean considerados mayores de edad para decidir por sí mismos qué hacer con su propio dinero es un ataque al poder de los sindicatos. Eso es lo que se está dirimiendo en los juicios contra Napoleón. Y por eso los sindicatos se han unido para ayudar al hijo de don Napoleón Gómez Sada en esta lucha.
Los mercados financieros del mundo tuvieron ayer uno de sus mejores días en mucho tiempo. El índice Dow Jones de Nueva York subió 6.84 por ciento y la Bolsa Mexicana 5.08 por ciento. La razón es que por primera vez el gobierno de Barack Obama mostró claridad sobre su rescate de la banca. La idea es separar los "activos tóxicos", la cartera mala, y permitir que sea comprada por inversionistas privados, lo cual ayudaría a paliar el costo del rescate total para los contribuyentes. Una vez que los bancos queden limpios, se les privatizaría nuevamente. La solución no es muy diferente a la que aplicaron las autoridades mexicanas en 1995-1997. Lo importante para los inversionistas, sin embargo, es que las vacilaciones parecen haber terminado.
