La propuesta de utilizar el ahorro de los trabajadores para financiar proyectos de infraestructura tiene aristas que deben analizarse con detenimiento, principalmente por los impactos a mediano y largo plazo: pueden involucrar éxitos o fracasos que modifiquen los precarios equilibrios económicos y sociales en los que vivimos.
El planteamiento es un reconocimiento de que el Gobierno no contará con recursos económicos para implementar las obras de infraestructura que solucionen el rezago en el país.
Además, los elevados gastos del Gobierno acotan su desempeño. Pese a tener claro que la solución a los problemas del crecimiento económico gira en torno a la inversión, es evidente que ésta se vea sacrificada en 2010 por la reducción que se propone para el sector público y por el aumento de impuestos planteado al sector privado.
Cuando se analiza la propuesta de Presupuesto 2010 se observa un alza en la petición de dinero para gasto corriente (132 mil millones de pesos adicionales a lo aprobado para 2009) en tanto que se sacrifica al gasto en capital.
La baja inversión en ramos de comunicaciones y transportes, energía, recursos naturales y medio ambiente es paradójica. Mientras existe un discurso político que tiene al crecimiento económico como columna vertebral del país, en realidad la programación de finanzas públicas una incapacidad oficial de negociar una reducción real de su estructura.
El aumento de impuestos adiciona la ambivalencia: toma recursos de la sociedad subiendo impuestos al mismo tiempo que se pretende utilizar los ahorros de las Afores para inversión.
Evidentemente se quiere utilizar el dinero de los trabajadores para que empresas privadas puedan construir infraestructura por la que luego cobrarán, de otra forma no habría la rentabilidad que justifique el riesgo de la decisión. No obstante, para México los resultados no son positivos: los Pidiregas, aquellos instrumentos avocados a sustentar proyectos en Pemex, el sector eléctrico y en carreteras, hoy son una pesada carga de deuda. Para 2009 se reconoció a los pasivos acumulados por los Pidiregas como deuda: hasta fines de 2008 eran 900 mil millones de pesos. Con los Programas de Prestación de Servicios (PPS) se inició una nueva etapa de inversión privada en proyectos de infraestructura del sector público. El problema es que la crisis redujo sus fuentes de recursos, reflejando que el sistema financiero no canaliza dinero a empresas vinculadas a la infraestructura cuando más se necesita.
El Gobierno ha decidido usar el ahorro de los trabajadores (más de un billón de pesos) para financiar infraestructura, pero ¿cómo se garantiza que los resultados serán diferentes a los de la última década?, ¿las promesas se harán realidad?
La responsabilidad también será del Legislativo, que debe solucionar los problemas que afectan al país en el corto y mediano plazo. Los diputados tienen la obligación de negociar y enmendar los aspectos recesivos de la propuesta fiscal, así como de evitar que se consuma el ahorro de los trabajadores. Para ello se debe cambiar la forma en que analiza el presupuesto: es necesario pasar de las generalidades a las soluciones específicas de cada región y sector productivo. Es prioritario que se señale cómo el proyecto fiscal atenderá los rezagos en términos de empleo y salarios, las verdaderas soluciones al problema de pobreza.
Es primordial que el Gobierno presente al Legislativo un estudio de cómo sus iniciativas afectarán a los sectores productivos: debe mostrar qué pasará, en términos de crecimiento y generación de empleos, por cada peso que se retire a las empresas mediante los impuestos propuestos.
El planteamiento no es trivial: con impuestos se retira dinero a todos los sectores, pero el gasto de Gobierno no se ejerce en los mismos. A partir de lo anterior el Poder Legislativo debe dejar la retórica.
