El nuevo Gobierno de Yukio Hatoyama abrirá un "debate público" sobre la pena de muerte en Japón, que las asociaciones defensoras de los derechos humanos esperan implique una moratoria de las ejecuciones.
Japón es con EU el único país desarrollado que mantiene en su sistema legal la pena de muerte, que se aplica siempre en la horca, en secreto y sin aviso previo al preso, entre fuertes críticas de los activistas pero con un mayoritario apoyo ciudadano.
En 2008 quince presos fueron ejecutados y en lo que va de año son ya siete pero ésto podría cambiar con la nueva ministra de Justicia, la abogada progresista Keiko Chiba, integrante de la Liga Parlamentaria contra la Pena de Muerte y detractora de este sistema.
En unas declaraciones muy medidas horas después de asumir ayer su cargo, Chiba abogó hoy por "un amplio debate público" sobre la pena capital, y dijo que gestionará "con extremo cuidado" esos casos que "afectan a la vida de las personas" y competen a su cartera.
La última moratoria, aunque oficiosa, se produjo entre octubre de 2005 y septiembre de 2006 debido a que el entonces ministro de Justicia, Seiken Sugiura, era budista y se opuso a firmar sentencias de muerte.
Varios miembros del nuevo Gobierno de Hatoyama, que asumió el poder ayer, favorecen la desaparición de la pena capital del sistema jurídico nipón, como el ministro de Asuntos Financieros, Shizuka Kamei, presidente de la Liga Parlamentaria contra la Pena de Muerte.
En su manifiesto electoral, el Partido Democrático de Hatoyama pidió una revisión del máximo castigo mientras sus dos aliados, el Partido Social Demócrata (PSD) y el Nuevo Partido del Pueblo (NPP) de Kamei, son favorables a una moratoria.
En su comparecencia ante la prensa, Chiba afirmó esta madrugada que hay un debate sobre la abolición o el mantenimiento, y que muchos expertos se inclinan por la introducción de condenas de por vida.
Una de las características de la pena de muerte en Japón es la poca información de la que se dispone, más allá de que se aplica mediante la horca y en siete de las 75 cárceles del país. No hay testigos, no hay grabaciones y no se sabe nada de los verdugos.