El ex jefe de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada, Samuel González Ruiz, consideró que la aprobación de una Ley General de Víctimas de Secuestro tendría un impacto positivo en el combate a la corrupción en los cuerpos policiacos.
Dicha iniciativa, que prevé que el Estado se haga cargo de indemnizar a las víctimas del plagio en caso de que se encuentren involucrados agentes policiacos, en automático aumentará los controles sobre los servidores públicos, dijo.
"Nosotros partimos de la base de que hay instituciones policiales corruptas que están operando y para acabar con eso requiere la Ley.
"Se va a ir el presupuesto (por las indemnizaciones), pero van a ver que cuando hagan esto, con el primer caso no vas a tener más secuestros y precisamente de eso se trata", explicó González.
De acuerdo con el especialista, una medida que también tendrá impacto sobre la comisión de actos delictivos por parte de agentes del orden será la sanción por "responsabilidad de mando".
Este apartado, en la iniciativa, establece que se debe fincar responsabilidad a quien recomiende a un elemento policiaco con una carta responsiva y con ello estar exento de aplicar exámenes de confianza.
No obstante, el ex funcionario señaló que la indemnización del Estado a las víctimas, por la participación de policías en secuestros, no implica que los afectados vayan a recibir un pago doble.
Explicó que si bien la Ley actual prevé la reparación del daño en el caso de una nueva indemnización a víctimas, el Estado tendrá que cumplir con su parte sólo cuando los plagiarios no tengan recursos para subsanar los perjuicios y cuando no se localicen los bienes que sean necesarios para cubrir los daños.
"La DEA (Agencia Antidrogas de EU) tiene contratos de seguro, no sólo para el caso de que un agente sea secuestrador, también lo tiene para los casos donde se comete cualquier error o daño por parte del policía".
De acuerdo con González, si esta propuesta se convierte en Ley, reducirá el control monopólico que tienen las autoridades ministeriales y de seguridad pública en el combate al delito de secuestro, especialmente porque otorgará un papel preponderante y autónomo a las víctimas, ofreciéndoles la posibilidad de realizar solicitudes a los jueces de control, presentar pruebas de manera directa ante los jueces de la causa y participar en los procesos judiciales sin estar sujeto como coadyuvante a los designios del ministerio público como sucede hoy en día.
