En carrera contra el tiempo, considerando que faltan sólo cinco sesiones para finalizar el periodo, el Congreso analiza la posibilidad de dotar de dientes más afilados a la Comisión Federal de Competencia en su tarea de combate a los monopolios
La alternativa, en el insólito, se discute bajo dos vías: la Cámara de Diputados y el Senado de la República, en un escenario en que el objetivo común se plantea bajo cobijos distintos.
Aunque una y otro apuntan sus baterías al artículo 35 de la Ley Federal de Competencia Económica, justo el que determina las sanciones para infractores, en el primer caso se habla de imponer una multa máxima equivalente a 3% de las ventas totales de una empresa, y en el segundo de un tope equivalente a 20% de sus ganancias en un año.
La diferencia, como lo coligió usted, es de varios miles de millones de pesos.
Actualmente las sanciones se determinan en salarios mínimos, alcanzando la máxima 200 mil tantos
La cantidad pudiera ser brutal para un grupo de productores de tortillas al menudeo que se coluden para fijar un precio al producto, pero pareciera de risa frente al poderío de firmas como Teléfonos de México, Cementos Mexicanos, Femsa, Televisa o Banamex.
Discutida hace dos años la alternativa, ésta se cayó ante la presión del Consejo Coordinador Empresarial, cuyas baterías, sin embargo, apuntaban a la posibilidad de cárcel para los reincidentes en prácticas monopólicas calificadas como "absolutas", en paralelo a integrar una figura similar a la de los "testigos protegidos", es decir, ofrecerle inmunidad a quien habiendo participado en un ilícito lo denuncie.
El escenario se revivió al calce del foro organizado por el Congreso bajo el sugestivo título de "México en crisis: ¿Qué hacer para crecer?", con la novedad que fue el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, el primero en colocarlo en la mesa.
Lo curioso del caso es que, aceitada la maquinaria con la simpatía de las tres principales fuerzas políticas del país, la posibilidad que abarca también la autorización para que el organismo que encabeza Eduardo Pérez Motta pudiera ordenar el desmantelamiento de empresas monopólicas vía la venta de algunos de sus activos, el procedimiento lo frenó el monto de las multas máximas.
De hecho, el planteamiento original en la Cámara de Diputados hablaba de un máximo equivalente al cinco por ciento del monto de ventas anuales de las empresas sentenciadas, ubicando el Senado como "más razonable" 20% de las utilidades.
Lo cierto es que en algunos países como Brasil la guillotina llega a 30% del monto total de ventas, en tanto en Estados Unidos, Australia y la mayoría de los países europeos se alcanza 20%.
Para no ir lejos, hay que recordar las colosales multas impuestas a firmas como Microsoft o la Telefónica de España.
Se diría, pues, que del tamaño del pájaro es la pedrada, considerando el daño que le provocan a los consumidores las colusiones, los repartos de mercado o los precios que se fijan en marcos sin competencia.
Ahora que el artículo 36 del ordenamiento señala la exigencia de calibrar la capacidad económica de las empresas en falta, para determinar la sanción.
Por lo pronto, en la posibilidad de alcanzarse una minuta que no revista mayor problema al momento de pasar de una a otra Cámaras, ya hay consenso de diputados y senadores sobre la posibilidad de que la CFC emita medidas cautelares frente a indicios de prácticas monopólicas relativas o absolutas.
Más aún, se le otorgan facultades para recurrir a la fuerza pública en apoyo de una indagación in situ, a la que se negara una empresa, además de abrirse la alternativa de la conciliación de las partes en pugna.
Por lo pronto, la semana pasada el presidente de la Comisión Federal de Competencia, Eduardo Pérez Motta, se reunió con los coordinadores del PAN, PRD y PRI en la Cámara Baja, lo que se ubicó como avance importante en la carrera contra el tiempo.
El volado, pues, está en el aire: ¿Seguimos condenando en el discurso los monopolios y tolerándolos con la práctica ante el poderío de sus dueños? ¿Hacemos como que hacemos?
Por lo pronto, el Senado de la República desechó una propuesta de la Comisión Federal de Competencia que planteaba aplicar sanciones penales contra los bancos que forman bloques de poder en contra de los usuarios.
La alternativa estaba incluida en el paquete de reformas a cinco leyes financieras que pretendía regular las tasas de interés
El Banco de México, pues, implantará topes bimestrales de acuerdo a las condiciones de mercado, en un escenario en que el crédito se ha escaseado hasta la casi sequía.
A lo más que se llegó es a facultar al instituto central para aplicar sanciones a los infractores, con la novedad de que el castigo será para él si o no lo hace. Parto de los montes, pues.
SÍ La respuesta que prepara la Secretaría de Hacienda frente a la comparecencia a que ha citado la Cámara de Diputados a su titular, Agustín Carstens, en relación al préstamo que le otorgó a México el Fondo Monetario Internacional, es que éste sí se ejercerá
Los 47 mil millones de pesos, pues, se mantendrán en la reserva frente al escenario difícil que se avizora para el año próximo ante una caída del precio y la producción del petróleo; una baja drástica en la recaudación por la escasa actividad económica, y una reducción fuerte en el flujo de remesas.
Según ello, en tanto no se gaste un centavo no hay violación al tope de endeudamiento fijado por el Congreso.
Por lo pronto, los recursos en caja han permitido una importante recuperación en la cotización del peso frente al dólar, lo que le abre una coyuntura a las empresas endeudadas en la divisa para renegociar.
El nivel de equilibrio de la moneda para evitar una caída dramática en las exportaciones oscilaría entre 14.50 y 15 pesos.
COMER EN LA LONA
El viernes pasado venció el tercero y aparentemente último plazo de tregua otorgada por sus acreedores a la Comercial Mexicana, sin que existan aún signos de un arreglo sólido.
Se diría que la empresa sólo buscó ganar tiempo frente a un escenario que la coloca de espaldas al callejón: sus pasivos son superiores a su capacidad de pago
De hecho, sólo por sus fallidas operaciones de derivados en afán de especular con la paridad peso-dólar, perdió el escándalo de cuatro mil 281 millones de dólares, es decir, el doble de lo originalmente calculado, con la novedad de que apenas pudo crear el año pasado una reserva por 11 mil 895 millones de pesos.
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