La Suprema Corte de Justicia aprobó que los tribunales determinen si un servidor público es responsable de violar sentencias de amparo emitidas por jueces federales y dar vista al Ministerio Público de la Federación, aunque el juicio de garantías haya concluido.
En la primera sesión pública en la que participaron los recién designados ministros Luis María Aguilar Morales y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, el pleno del alto tribunal resolvió que además de procurar que se protejan garantías individuales, los tribunales deben observar que los funcionarios cumplan las sentencias.
Los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) guiaron el sentido de la decisión de la mayoría, que se opuso al criterio planteado por Margarita Luna Ramos.
Ella consideró que el juicio de amparo no es un juicio de responsabilidades y no tiene por qué determinar sobre la culpabilidad de los servidores públicos.
En este sentido, Aguilar Morales respondió: 'Es muy importante que las autoridades se responsabilicen de sus actos; el hecho de que la autoridad haya infringido la suspensión o no la haya cumplido, ya le da de por sí un carácter de posible responsabilidad en el juicio de amparo'.
Añadió que aunque dicho juicio se haya resuelto no quiere decir que el acto del funcionario desaparezca, sino que subsiste, fue, o pudo haber sido violatorio de la determinación del juez de amparo.
Por ello, 'es necesario pronunciarse, resolverlo y determinarlo, independientemente de que si se trata o no de un juicio de responsabilidades', subrayó Luis María Aguilar en una de sus primeras intervenciones en el máximo tribunal del país.
Esta opinión fue respaldada por siete de los 11 ministros, incluido el también recién nombrado Arturo Zaldívar, con lo que se fijó jurisprudencia que deberán aplicar todos los tribunales federales del país.
Zaldívar Lelo de Larrea cuestionó: '¿De qué serviría la suspensión si las autoridades la pueden vulnerar y no va haber responsabilidad? Bastaría simplemente procurar que se resuelva el fondo del asunto y ya con eso quedan libres de responsabilidad'.
Al apoyar que se determine si los funcionarios violaron la suspensión y dar vista a la Procuraduría General de la República, consideró importante establecer el criterio, porque en la actualidad 'vemos de manera reiterada cierta reticencia de algunas autoridades responsables para no cumplir la suspensión'.
