MÉXICO, DF.- La Suprema Corte de Justicia se encamina a invalidar una modalidad de fideicomisos que, hasta ahora, son la forma de financiamiento privado más sofisticado que han utilizado los gobiernos estatales en México.
La discusión, sin embargo, se aplazó por ausencia de dos ministros cuyo voto es indispensable para alcanzar una decisión.
Siete ministros se han pronunciado, de manera preliminar, por invalidar la reforma financiera de 2007 en Sonora, que permitió al Gobierno local desincorporar de la hacienda pública cualquier activo, incluidos los derechos sobre recaudación futura de impuestos, para colocarlos en "fideicomisos de financiamiento" que a su vez se pueden bursatilizar.
Dichos fideicomisos no son entidades paraestales, están fuera de la administración pública, y sus obligaciones no son consideradas deuda pública.
Sólo dos ministros han considerado que la reforma es Constitucional. Se requieren ocho votos para invalidar las normas impugnadas de la Ley de Deuda Pública de Sonora, pero los ministros Sergio Valls y Mariano Azuela no asistieron a la sesión de ayer.
A raíz de esta reforma fue creado el Fideicomiso Sonora en el banco HSBC, que le vendió a Banorte 4 mil 588 millones de pesos de impuestos futuros, desincorporados por el gobierno de Eduardo Bours. El financiamiento vence en 2038 y es utilizado para el Plan Sonora Proyecta.
